El Ayuntamiento de Mogán asciende a un policía condenado por torturar y lesionar a un migrante senegalés

Casi un año después de que la Audiencia Provincial de Las Palmas le condenara a siete años y medio de cárcel y a diez de inhabilitación por torturar y lesionar a un vendedor ambulante de origen senegalés, un agente de la Policía Local de Mogán, municipio turístico del sur de la isla de Gran Canaria, ha sido ascendido a oficial a través de un concurso de méritos convocado por decreto y por la vía de urgencia por el ayuntamiento regido por Onalia Bueno (Ciuca), la alcaldesa investigada por una presunta trama de compra de votos. 

La resolución con el nombramiento temporal (de un año, aunque prorrogable) de cinco plazas vacantes de oficial, fechada el pasado martes 11 de enero, está firmada por el primer teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos de la corporación local, Mencey Navarro, el mismo que hace años, actuando como portavoz de Ciuca, entonces en la oposición, pidió al gobierno del PP la apertura de un expediente disciplinario para los dos agentes implicados en la agresión, uno de ellos el recién ascendido, después de que los medios de comunicación difundieran las imágenes captadas por una cámara de vigilancia. 

Los hechos ocurrieron la noche del 8 de enero de 2011. Según el relato de hechos probados de la sentencia de la Audiencia de Las Palmas, los agentes Gilberto J.M.R. (actualmente en prisión por un caso de violencia de género) y Carlos J.H.R. propinaron una paliza a un ciudadano de nacionalidad senegalesa que vendía collares en el Centro Comercial de Puerto Rico después de una persecución por sus instalaciones. La cámara de un supermercado captó como el primero de ellos zancadilleaba al migrante y le daba puñetazos y patadas. Después le golpearon con “una porra o un objeto contundente”, causándole una fractura en un brazo. La agresión continuó en las dependencias policiales ubicadas en el mismo centro comercial, según relató la víctima y confirmaron testigos presenciales, entre ellos agentes. 

Ni la difusión de esas imágenes, ni la incoación de diligencias penales, ni la apertura de juicio oral ni, ya por último, la condena han tenido repercusión disciplinaria alguna para los dos policías locales. En ningún momento fueron separados del servicio ni suspendidos de empleo y sueldo, pese a que el artículo 51 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias prevé estas consecuencias para quienes cometan faltas muy graves, descritas en la norma como “cualquier conducta constitutiva de delito doloso”, un abuso de las atribuciones en el ejercicio del cargo o la práctica de “tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a personas que se encuentran bajo su custodia”, entre otras conductas.

Durante esta década, y a pesar de las manifestaciones públicas realizadas por el hoy primer teniente de alcalde del municipio, tampoco se le ha abierto expediente a ninguno de los policías condenados. El ayuntamiento se escuda en que la sentencia no es firme. La han recurrido al Tribunal Supremo los dos agentes y la propia corporación, que pretende quedar exonerada de la responsabilidad civil subsidiaria para evitar tener que afrontar el pago de los más de 43.000 euros de indemnización al ciudadano torturado en caso de que los autores de los delitos no puedan asumirlo. Para presentar este recurso, el gobierno municipal adjudicó un contrato menor de 15.000 euros (el máximo fijado por ley) para el reputado abogado penalista José Antonio Choclán, el letrado de Onalia Bueno en la causa que la investiga por el presunto pucherazo en las elecciones locales de 2015 y 2019. La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a los recursos y ha pedido que se ratifique la condena. 

Organización de servicios y supervisión de unidades

Con la última resolución, el ayuntamiento da un paso más y concede nuevas atribuciones a Carlos J.H.R., que podrá tomar posesión del cargo este mismo mes. Como oficial, participará en el diseño y la organización de los servicios y supervisará diferentes unidades. El puesto conlleva, además, un incremento retributivo que fuentes internas cifran en unos 200 euros mensuales. Lo cierto es que el agente ya ha figurado como responsable de servicios nocturnos durante varias jornadas, según acreditan las hojas de planificación horaria. 

Los nombramientos de los oficiales se tramitaron por la vía de urgencia. La convocatoria está fechada el pasado 3 de diciembre y firmada por el concejal de Recursos Humanos. Fue el jefe de la Policía Local de Mogán, Jorge Alemán, quien solicitó en noviembre a través de un informe que se iniciara un procedimiento con carácter “inmediato e inaplazable” ante la necesidad de proveer esas plazas de forma temporal mientras continúa la tramitación del proceso selectivo para la cobertura definitiva de los mandos de primera línea, convocado en 2019. El máximo responsable instaba a realizar estas designaciones para evitar que disminuyera “la eficacia, la eficiencia y la calidad” del servicio prestado por la Policía Local. 

El decreto de convocatoria fue publicado en el tablón de anuncios, en la web y en la intranet municipal. Carlos J.H.R., el policía condenado, es uno de los cinco oficiales seleccionados en un concurso de méritos al que se presentaron 13 aspirantes. Este agente, que lleva más de 19 años ejerciendo en la Policía Local de Mogán, obtuvo la tercera mayor puntuación de entre los candidatos. Se valoraba la experiencia en el puesto, la antigüedad o la formación. 

Proceso selectivo para la provisión definitiva

La Unión General de Trabajadores (UGT) denunció en la Mesa General de Negociación celebrada el pasado 20 de diciembre la convocatoria de estas plazas de oficial por decreto y solicitó su anulación alegando que no existía ni urgencia ni necesidad. El sindicato recuerda que ya hay un procedimiento abierto para la provisión definitiva de esos puestos y que incluso está convocada la lista de admitidos desde agosto de 2020. Una relación en la que también figura el agente condenado junto a otros 14 candidatos que deben pasar una fase de oposición con pruebas de aptitud física, conocimientos e idiomas, además de un test psicotécnico, y otra de concurso de méritos que no podrá superar el 45% de la puntuación.

Las primeras bases de ese concurso de promoción interna -posteriormente modificadas- fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas el 10 de noviembre de 2019 y exigen a los candidatos no estar inhabilitados por sentencia firme para el ejercicio de la función pública ni haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna administración pública. Por lo tanto, la decisión de los sucesivos gobiernos municipales de mantener en activo al policía condenado por torturar y lesionar al vendedor ambulante senegalés le ha permitido presentarse y ser admitido.

No es la primera vez que la polémica ronda la designación de oficiales en la Policía Local de Mogán. A principios de 2017, ya con Ciuca en el gobierno municipal, la justicia tumbó el nombramiento a dedo de un agente sospechoso de comprar votos para la alcaldesa del municipio sureño. Fuentes internas del cuerpo también aprecian en los últimos nombramientos de oficiales en Mogán un intento del grupo de gobierno de colocar en los puestos de mando a funcionarios afines, entre ellos alguno de los beneficiarios de los complementos específicos que sigue abonando el Consistorio municipal a pesar de haber sido anulados en años precedentes.