El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, reconoció este jueves en Santa Cruz de Tenerife que contar con el deslinde de dominio público marítimo terrestre en la playa de Las Teresitas (Tenerife) “es un paso para desbloquear las obras”.
El nacionalista majorero reconoció en la capital tinerfeña que aún no ha recibido notificación alguna por parte de la Dirección General de Costas sobre este hecho, como tampoco ha recibido respuesta a la alegación presentada por su Consejería.
Reveló, en cualquier caso, que hay una comisión mixta pendiente de reunirse para sacar adelante los trabajos del proyecto del frente de playa aprobados dentro del Plan Especial de Las Teresitas y que había “incertidumbre” puesto que “mientras no se ha hecho el deslinde, no se pueden acometer las obras”.
Consideró, en este sentido, que la publicación del deslinde “desbloquearía el proyecto y podrían iniciarse los trabajos en la costa”. “El problema es que cuando se está produciendo un deslinde, no se puede hacer. Interpretamos que el deslinde estaba caducado, -pero tanto si no existiera caducidad o se mantuviera el deslinde- queríamos tener el deslinde para ver si eramos competentes o no para dar la autorización”, aclaró. “Es un paso para desbloquear la obra”, sentenció.
El consejero defendió que el deslinde vigente era del año 1961 y “estaba caducado” y que con el que se ha hecho público se preveía una rectificación en la zona de dominio público en el entorno de donde se encontraba el antiguo campo de fútbol. Sobre este asunto se “hizo una alegación” de la que no se ha recibido ninguna respuesta.
Aseguró que “la Consejería no tiene ningún interés en que la línea esté más adentro o más afuera de forma específica, sino simplemente en clarificar con arreglo el deslinde puesto que una modificación trae consecuencias en cuanto a la la línea de servidumbre que pueden afectar al planeamiento previsto”.
Por otro lado, Berriel defendió que si finalmente la obra de los aparcamientos de la playa de Las Teresitas está en la zona de servidumbre, como se recogía en el documento presentado en septiembre de 2008 -y que según el plano de la Dirección Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife se mantiene tras la aprobación definitiva- no habría “cortapisas para su legalización”.
El nacionalista aclaró, en cualquier caso, que “si el aparcamiento está en la zona de servidumbre -cuya competencia pasa a ser del Gobierno de Canarias- lo que habría que hacer sería autorizarlo”. Recordó que dicha autorización está permitida dentro de la Ley de Costas. “Se autorizaría porque es un uso público”, reseñó.