Bronca y unanimidad en el Cabildo grancanario por el transfuguismo
El pleno extraordinario del Cabildo de Gran Canaria celebrado la tarde de este viernes ha incrementado la tónica de enfrentamientos de la mañana, dando como resultado una paradójica unanimidad envuelta en desacuerdo. El motivo se centra en la moción, finalmente aprobada por todos los consejeros, a favor del cumplimiento del código de conducta en contra del transfuguismo y por la decencia en la actividad política.
Un dardo lanzado por el Partido Popular (PP) y Unidos por Gran Canaria (UxGC) al presidente insular, Antonio Morales, después de que éste haya mantenido su mayoría gracias a dos consejeros de Podemos que decidieron desobedecer la decisión del partido de romper el pacto con Nueva Canarias (NC) y el Partido Socialista (PSOE).
Y es que se trata de la misma moción que NC presentó en 2013 a un Gobierno insular con mayoría del PP dirigido por José Miguel Bravo de Laguna – en la actualidad portavoz plenario de UxGC- gracias a la colaboración de dos tránsfugas. El resultado de entonces y el de este viernes ha sido el mismo, con la diferencia de que ésta vez los ponentes “no han trabajado mucho”, ironizó el portavoz de la formación nacionalista, Carmelo Ramírez.
La única diferencia radica en la Ley de Cabildos 8/2015 que persigue el transfuguismo y que fue añadida posteriormente, mientras que una transaccional propuesta por Ramírez para aprovechar y condenar la corrupción y los actos de “una fuerza política” cuya financiación está siendo investigada fue desechada.
Las viejas rencillas del pasado mandato volvieron a salir al ruedo y se cruzaron con el escenario que ha dejado la ruptura del tripartito.
La sesión de la tarde ha agudizado la fractura mostrada durante la mañana por el grupo político de Podemos, que se dividió cuando los consejeros María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez votaron en contra de la moción presentada por el portavoz de la formación, Miguel Montero, en apoyo de las reivindicaciones de los trabajadores en huelga del organismo autónomo Valora.
Aunque los cuatro consejeros de Podemos se sientan todavía en la misma bancada, Montero dejó claro que la brecha entre los que se mantienen en el Gobierno insular y los que han pasado a la oposición es profunda. No sólo definió a Nebot y a Rodríguez como tránsfugas, sino que comparó el transfuguismo con la corrupción política y lamentó que “sea en nuestras listas donde se cuele gente dispuesta a venderse, porque siempre habrá alguien dispuesto a comprarlos”.
Una actitud que atribuyó a Antonio Morales, de quien dijo que “la responsabilidad última de poner peones al servicio de esta trama es de quien corrompe, situación que ha generado usted y solo usted puede solucionar. Hágalo pronto”.
Además de advertir el riesgo de fraude de ley cometido por el Gobierno insular, espetó a Morales que “busca obediencia ciega a su proyecto personal” y recordó las recientes palabras del portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, quien llamó recientemente al presidente regional como “bronquista”, “rompepactos” y “picapleitos”.
Antonio Morales restó valor a sus críticas siguiendo el consejo de no hacer caso a un niño cuando tiene una “perreta” y lamentó que alguien que apoyaba la gestión de la Administración haya pasado a convertirse en una voz feroz.
Para unos transfuguismo, para otros no
Si algo quiso dejar clara la oposición es que tanto Nebot como Rodríguez son tránsfugas. El portavoz del PP, Alfonso El Jaber, lo definió como el acto de abandonar el partido y no devolver el acta. Achacó a ambos el haber elegido la “poltrona” a la dignidad e instó a NC y PSOE a “acabar con esta oscura etapa” y gobernar con 14 consejeros, es decir, en minoría.
Sobre Miguel Ángel Rodríguez, ironizó que el “consejero de la felicidad, tan felizmente una semana después es un tránsfuga”.
Bravo de Laguna trató de distanciar su etapa en la Presidencia y sostuvo que la Justicia ha dictaminado que su exconsejero Juan Dominguez no era un tránsfuga. Palabras que no pudo repetir en la figura de Antonio Hernández Lobo, aunque defendió que antes de la entrada en vigor de la Ley de Cabildos de 2015 “tenía más margen”.
Según dijo, la Ley abarca la expulsión del partido e impide que Rodríguez y Nebot ostenten cargos superiores a los que tenían, como la vicepresidencia o la Consejería de Medio Ambiente que les fueron otorgados tras la ruptura con Podemos.
Tanto NC como PSOE rechazaron esa versión y mantuvieron que en base a la misma Ley, ninguno de los dos consejeros pueden ser considerados como tránsfugas. El portavoz socialista, Ángel Víctor Torres, hizo hincapié en que la norma distingue entre los representantes de la oposición que tras abandonar su grupo se suman al gobierno y los que ya formaban parte del mismo.
Tanto Rodríguez como Nebot, precisó, se suman a este último grupo, teniendo en cuenta que todavía no se ha notificado su expulsión del partido. Carmelo Rodríguez profundizó en esa idea y recordó que ninguno ha pasado todavía al grupo de los no adscritos. “Negamos que en el Cabildo de Gran Canaria haya una situación de transfuguismo”, “otra cosa son los líos internos de Podemos”, apostilló.
A lo que Montero espetó que “no echen la culpa a Podemos de las decisiones de Antonio Morales” y aseguró haber presentado un escrito en el que traslada que ninguno de los dos forma parte del grupo de Podemos en el Cabildo. Documento que debe ser aprobado por la Secretaría de la Administración insular.
“Interpretación torticera”
Nebot pidió intervenir en el pleno por alusiones y aprovechó para asegurar que está en contra del transfuguismo, algo que a su juicio no se da en la Administración insular y que solo ven quienes hacen “interpretaciones torticeras”. La consejera relató cómo su partido decidió romper el pacto sin contar con ella y cómo decidió no dar legitimidad a la orden de la dirección de la formación morada en Canarias, porque no se había consultado esa decisión a las bases, tal y como figura en los estatutos.
“Se me acusa de tránsfuga cuando sigo perteneciendo a este partido y Grupo”, manifestó. Asimismo, aseguró que la organización la ha excluido de forma ilegítima, cuando todavía no se le ha abierto un expediente de expulsión.
En su opinión, lo que se está tratando es de “contaminar” al Gobierno insular con los problemas internos de Podemos.
Miguel Ángel Rodríguez también intervino para defender el argumento de su compañera y recomendó tomar medidas para que los partidos no incumplan sus reglamentos. “Eso sí es indecencia”, afirmó.
Un informe externo avala la decisión de Morales
El presidente insular recordó que Podemos cuestionó el pacto en el Cabildo de Gran Canaria “desde el principio” y llevó al exconsejero Juan Manuel Brito a una “situación extrema” derivada de un “bombardeo” diario que hizo que éste decidiera dimitir. La formación morada planteó, dijo, una “oposición desde dentro”. Además, rememoró que, pese a haber dicho que no se rompieran los grupos y áreas de trabajo con la reordenación de Consejerías, la dirección del partido morado hizo caso omiso y marginó a Nebot.
Sobre la situación legal de los consejeros, Morales se refirió al informe elaborado por el secretario del Cabildo que avalaba la permanencia de Brito en el Grupo de Gobierno y a un informe externo elaborado por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL) Gerardo Pérez.
Dicho documento, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, concluye que “habida cuenta de que no existe prueba oficial alguna de la expulsión de Miguel Ángel Rodríguez y María Nebot del Grupo Político Podemos, procede mantener íntegramente su estatus sin menoscabo alguno en sus funciones”.
En ese sentido añade que “en el supuesto de que, en el futuro, exista alguna comunicación sobre algún tipo de sanción o expulsión de Rodríguez o Nebot, la conclusión más acorde con nuestro ordenamiento jurídico es no considerarles trásnfugas”, aunque sí “no adscritos”.
En este caso, las limitaciones económicas y de sus funciones son “las contenidas en el artículo 88.4 de la Ley canarias 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos”.
Morales aseveró que la Administración insular mantiene un pacto tripartito entre el PSOE, NC y un grupo de personas de Podemos “leales y rigurosas con su compromiso de servicio público”.
