El Gobierno de Canarias descarta utilizar el recién estrenado índice de precios de referencia de alquileres, ideado por el Ministerio de Vivienda, porque considera que “hay otras medidas que pueden ser más eficientes”, como el decreto aprobado hace poco menos de un mes o el plan de choque para reforzar la plantilla del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI).
Fuentes de la Consejería de Vivienda, liderada por Pablo Rodríguez (CC), han recordado que la Ley estatal de Vivienda “recoge la posibilidad de [desplegar] cualquier medida/instrumento que impacte en el mercado inmobiliario”. Y que “se ha optado, primero”, por lo mencionado, centrado principalmente en la construcción de viviendas por el sector privado.
El Ejecutivo recela de la regulación de rentas después de lo ocurrido en Barcelona, la primera ciudad en llevar a cabo una medida de esta índole y donde, agrega, el resultado “no fue el esperado”. “Es importante que las zonas se analicen de forma rigurosa para no provocar el efecto contrario, [esto es], que se quiten viviendas del mercado”, añade. Lo cierto es que el control de precios en la Ciudad Condal rebajó los costes del arrendamiento, pero existen estudios contradictorios sobre el efecto que tuvo en la oferta de pisos: unos concluyen que apenas se redujo (entre un 0,4 y un 0,02%); otro que sí lo hizo de forma considerable (entre un 10 y un 13,9%).
La Consejería de Vivienda ha confirmado que ningún municipio ha solicitado formalmente ser declarado zona tensionada. De hacerlo, el Gobierno tendría que estudiar la petición. En otras comunidades donde también gobierna el Partido Popular (PP), como Galicia o Madrid, las peticiones han sido rechazadas.
Los datos sugieren que en Canarias habría mínimo diez municipios tensionados (todos turísticos), aquellos en los que las familias dedican más de un 30% de sus ingresos al alquiler más los suministros básicos. Superar ese porcentaje supone un “sobreesfuerzo” para llegar a fin de mes, según informes de la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permite imponer topes por dos vías: por un lado, cuando la vivienda no haya estado arrendada en los últimos cinco años; y, por otro, cuando el propietario del piso tenga más de diez inmuebles (un gran tenedor), el valor máximo del arrendamiento será el del último contrato firmado o el que fije el índice de referencia si es inferior. Para las casas que ya están alquiladas, si hay que renovar el acuerdo entre el arrendador y el inquilino, el importe máximo será el precio del anterior contrato.
Tan solo con este índice, los precios en las dos capitales provinciales de Canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, caerían alrededor de un 70%. También lo harían un 40% en Arona, donde esta misma semana hubo un desalojo masivo de 200 personas y la concejala de Servicios Sociales, Ruth Martín, ha reconocido que “la situación en el sur de Tenerife está desmadrada”.