Canarias “ha decidido acudir a los tribunales como la única vía que queda para corregir el injusto y perverso reparto del déficit” decidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Así lo ha anunciado, con el respaldo de los grupos que sustentan al Ejecutivo, el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, por entender que el reparto “vulnera lo establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria”, una norma “que regula claramente el método por el que cada Administración debe reconducir su capacidad de gasto” y que Montoro “no ha respetado”.
Canarias se une así a otras comunidades autónomas, como Cataluña, Andalucía o Asturias, al entender que “el Gobierno de España, perjudicando a las comunidades, estableció arbitrariamente unos criterios distintos a los que debía fijar si hubiera aplicado correctamente la Ley”.
Un reparto que podría haber supuesto 300 millones de euros más a Canarias y que ha penalizado a la Comunidad Autónoma menos endeudada y que más ha cumplido los objetivos de contención del déficit. El socialista Manuel Marcos Pérez ha aplaudido que “el Gobierno de Canarias no se quede de brazos cruzados ante una nueva tropelía del Estado”, que está dirigido por “un partido que no cree en las comunidades autónomas y que está inmerso en un proceso recentralizador”.
Por su parte, el nacionalista José Miguel Barragán ha acusado al presidente Mariano Rajoy de “volver a mentir a los presidentes autonómicos” y, además, incumplir los artículos 15 y 16 de la Ley de Estabilidad.
Improvisación y victimismo
Sin embargo, la conservadora Australia Navarro ha acusado al Ejecutivo regional de dar bandazos respecto al déficit, y que al final los 206 millones de euros son más de los que inicialmente demandaba el propio Ejecutivo regional.
“El problema es la improvisación continuada del Gobierno de Canarias y los grupos que lo apoyan”, ha insistido Navarro antes de pedir seriedad al Ejecutivo para que abandone el “victimismo” y admita que “la relajación de los objetivos de déficit es una muy buena noticia y una inyección económica de 206 millones de euros”.
“No debemos olvidar que no son los gobiernos sino los ciudadanos los perjudicados por este tipo de decisiones teniendo en cuenta que la reducción de la capacidad de gasto, siendo necesaria, no debe cruzar determinadas líneas rojas”, ha replicado Ortiz. Por ello, los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma “están ultimando un recurso contencioso-administrativo tras la fijación de los nuevos objetivos de estabilidad para el período 20143-2016” Un recurso que deja en manos del ámbito judicial que “dirima” lo que varias comunidades autónomas consideran que debía haber sido una decisión objetiva bajo el paraguas “bajo el consenso político”.
Más financiación, menos deuda
Y es que al “arbitrario” reparto del déficit González Ortiz ha sumado el sistema de financiación autonómica, pues “si recibiéramos al menos la media que percibe el conjunto de las comunidades para sufragar la sanidad, la educación y los servicios sociales, Canarias no tendría que acudir al déficit y, por tanto, no tendría que endeudarse”. A este respecto, el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, recordó que ya en 2012 el reparto “también fue injusto”. “Les dijimos que no apoyaran la asimetría, porque cada vez que se usa, perdemos los canarios”, culminó Rodríguez.