El presidente del Tribunal Superior de Canarias (TSJC), Antonio Castro, solicitará al nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que “apoye decididamente la independencia y el trabajo” de la Administración de Justicia ante la injerencia de los poderes públicos y fácticos.
Castro, en el acto de la inauguración del año judicial en el archipiélago, expresó la satisfacción de la carrera judicial por la renovación que se ha producido, tras dos años de retraso, del CGPJ, al que también pedirá apoyo suficiente para que la modernización de la Justicia sea una realidad.
La injerencia de otros poderes públicos e incluso algunos fácticos en la actuación de los órganos del poder judicial “no es bueno para el sistema” e invade a su juicio los tres poderes del Estado de Derecho.
Esta intromisión, en la que dijo que también incurren los medios de comunicación, que impiden hacer el trabajo con la libertad e imparcialidad al que están obligados los jueces, “no es de ahora, es de hace mucho tiempo”, afirmó Castro, que no quiso ser más preciso al respecto.
En el discurso que pronunció en el acto, que estuvo presidido por el titular del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y contó con la asistencia de las primeras autoridades de las islas, Castro subrayó la mejoría que se ha producido en los órganos judiciales mediante los planes de refuerzos adoptados en 2007 en el TSJC.
Según Castro, estos planes, que han contado con el apoyo del Ministerio de Justicia y de la Comunidad Autónoma, han permitido que muchos órganos judiciales se hayan puesto al día, como es el caso de los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, señaló como ejemplo.
También se refirió como un paso importante para agilizar la Justicia a la constitución de los registros civiles exclusivos, a partir del 1 de enero de 2009, pues el que no tengan que asumir otras competencias permitirá aligerar el trabajo.
Mencionó además el refuerzo de personal y material en el partido judicial de Puerto del Rosario, cuyo Registro Civil soportaba una sobrecarga enorme como consecuencia de la “avalancha de inmigrantes”.
El presidente del alto tribunal canario consideró necesario que se implanten los servicios comunes procesales como preludio del nuevo diseño de la oficina judicial y señaló que así lo ha solicitado la Sala de Gobierno del TSJC a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma.
Dos servicios comunes de notificaciones y embargos no son suficientes en Canarias
En Canarias existen dos únicos servicios comunes de notificaciones y embargos, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, y no es suficiente, afirmó Castro.
Reclamó estos servicios comunes procesales para las dos audiencias provinciales, y para los partidos judiciales de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Telde y Arrecife, en el caso de la provincia de Las Palmas, y para Santa Cruz de Tenerife, Arona y San Cristóbal de La Lagun, en la provincia occidental.
El presidente del TSJC manifestó que la enorme carga de trabajo que pesa sobre los órganos judiciales de Canarias, que supone el 4,9% del total de los asuntos del Estado, hace necesario insistir en que se atiendan las mejoras que se reclaman, algunas ya ejecutadas