La vivienda conocida como Chalet de los Peña, situada en primera línea de la playa de Los Cristianos, en Arona, Tenerife, propiedad de la familia de la diputada regional y concejala en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Cristina Tavío, se encuentra entre el grupo de cuarenta edificaciones que se ven afectadas por la nueva delimitación de la Dirección General de Costas y la ejecución de un paseo marítimo en el que también participará el Ayuntamiento.
El chalet ocupa alrededor de 1.700 metros cuadrados, se encuentra en mal estado de conservación y podría llegar a ser demolido para la ejecución de las obras de urbanización del entorno de esta parte del litoral. Tavío indica que hace ya cerca de quince años ganaron una sentencia ante el Tribunal Supremo (TS) en el que se reconocía que aunque la vivienda, obra del arquitecto Marrero Regalado, estaba dentro de los terrenos de Costas, su construcción era anterior a la entrada en vigor de la nueva ley y por lo tanto solo podría ser demolida en caso de que se procediera a su expropiación.
Para los miembros de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), la situación actual del inmueble representa “un serio peligro para los usuarios de la playa. El espectáculo que ofrece la casona es indigno de una de las principales zonas turísticas de Canarias. Sin embargo, peor aún es la sensación de impunidad que acompaña a determinados personajes y la discrecionalidad con la que se aplica la Ley en función de quien sea el destinatario de la misma”, se indica desde el colectivo.
La nueva delimitación de Costas ha dado lugar a un entramado de recursos judiciales de los cuales uno ya se ha puesto al lado de uno de los propietarios. Se trata de la conocida como Casa Carolina, situada en el otro extremo de la playa, a la que la Audiencia Nacional (AN) ha dado la razón a la hora de dejarla fuera de los terrenos de suelo público. Esta vivienda es propiedad de la familia Sierra Domínguez, que también han presentado otro recurso para proteger una parcela situada al lado de la casa de Tavío, que, por un lado, Costas considera de su propiedad, mientras que el Ayuntamiento también ha hecho lo propio.
La Audiencia Nacional, sin embargo, acaba de rechazar el recurso de esta familia pero por un mero defecto de forma, ya que no se había acreditado la legitimidad de la dirección de la empresa El Rincón de los Cristianos de esta familia para presentar el recurso. Por ello los afectados ya han anunciado que han presentado la correspondiente apelación ante el Supremo.
El Ayuntamiento, por su parte, defiende que los terrenos son suyos y por ello se personó ante la Audiencia en contra de los que se consideran auténticos propietarios. El miembro de esta familia Rayco Sierra Domínguez matiza que en el año 1999 tan solo llevaron a cabo la cesión obligatoria al Ayuntamiento para ejecutar los viales de la segunda fase del paseo de Los Tarajales. Los vecinos esperan que, al igual que hizo la Audiencia hace algunas fechas al darles la razón con la conocida como Casa Carolina, ahora también se posicione en el mismo sentido y se les reconozca la propiedad de esta parcela frente al Ayuntamiento y la deje fuera del dominio público de Costas.
Dominio público
La Audiencia ya ha obligado al organismo estatal a volver a fijar los limites del dominio público en el trozo del litoral sobre el que se sitúa la Casa Carolina propiedad de esta familia. La propietaria, Carolina Domínguez Marcelino, hizo valer ante los tribunales un estudio elaborado por un ingeniero en el que se demostraba que los terrenos no reunían las características propias para ser incluidos dentro de las propiedades de Costas.
La vecina defendió que la nueva delimitación realizada en el año 2009 era “totalmente aleatoria” e iba en contra de la realidad del suelo en cuestión y destacó la inexistencia de un estudio geomorfológico que lo justificara. Efectivamente, la Audiencia pudo comprobar que en el informe elaborado por la Dirección General se había dejado fuera este tramo del litoral. El deslinde que transcurre entre el Puerto de los Cristianos y la playa de Callao tiene una longitud de casi dos kilómetros y afecta a cerca de 40 propietarios entre los que se encuentran varios hoteles y edificios de apartamentos y la vivienda de la familia de la diputada regional. La Dirección General de Costas ha elaborado un proyecto para construir un paseo y modificar la playa que ha sido cuestionado por los vecinos y propietarios.
De hecho, de los 12 millones de euros que se calculan para esta actuación, gran parte irá dirigida a pagar las expropiaciones que en algunos casos afecta a establecimientos alojativos.