Clavijo presume del caso Grúas como “éxito” de gestión y acusa a la oposición de querer celebrar un “mitin” en el Parlamento
Si en septiembre de 2018, sin que estuviera imputado, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, reducía el caso Grúas a una “fábula” de los denunciantes, seis meses después, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido enviar el caso Grúas al juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, el líder del Ejecutivo regional ha tildado su gestión como “ejemplar” y de “éxito”.
Así lo ha asegurado este martes en un pleno del Parlamento fuera de calendario, donde ha tenido que comparecer justo tres días antes de la cita establecida por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, Celia Blanco, para su declaración en calidad de investigado en sede judicial.
Clavijo reconoció que, en un “ejercicio de transparencia”, le hubiera gustado haber comparecido después de haber declarado en los juzgados, algo que rechazó la oposición “por un interés político y partidista en los albores de unas elecciones y autonómicas y municipales”, por lo que acusado a las fuerzas parlamentarias de querer celebrar “uno de los primeros mítines de la campaña electoral”.
Tras volver a explicar su actuación cuando era alcalde de La Laguna para “salvar” el servicio municipal de grúas, Clavijo incidió en que esto fue posible gracias a un expediente “ejemplar” de los funcionarios del Ayuntamiento en una situación “complicada” y que permitió que este servicio se siguiera prestando sin que el Consistorio tuviera que asumir “ningún tipo de deuda”.
Clavijo ha vuelto a culpar a dos de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, XTF y Unid@s se Puede, de querer buscar con este asunto una “causa política judicial para justificar su posicionamiento político y poder ganar en los tribunales lo que no son capaces de ganar en las urnas”, primero con una comisión de investigación cuyas conclusiones “no fueron las que ellos querían” y luego yendo a los juzgados“.
La oposición, a excepción de la Agrupación Socialista Gomera, ha criticado la gestión política que ha hecho de este caso el presidente del Gobierno regional, causando dudas sobre el poder ejecutivo y judicial, al atacar a la Fiscalía de tener “un interés impropio” o sembrar sospechas por su predilección a que se le juzgara en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Así, tanto PSOE como Podemos han reclamado la dimisión de Clavijo; la formación morada, además, ha invitado a los demás grupos a que se presente una moción de censura.
En respuesta a la intervención de la secretaria general de la formación morada, Noemí Santana, quien recordó al exalcalde de La Laguna las relaciones de amistad con los trabajadores que compraron Autogrúas Poli en el momento de darse el préstamo, Clavijo la retó, enseñando una serie de papeles, a que sacara a la luz “solo una declaración en la que se reconozca que los trabajadores tenían una relación de amistad” con su persona.
Sin embargo, lo hizo durante su última intervención, sin dar opción a la diputada de Podemos a replicar. Lo cierto es que tres de las personas que han declarado por el caso Grúas, que testificaron en noviembre de 2017, han reconocido tener algún tipo relación con Clavijo.
Por otro lado, al PSOE le recordó que “el préstamo lo concedió Javier Abreu, primer teniente alcalde socialista cuando presidía la Junta de Gobierno” porque Clavijo “estaba de vacaciones”. Si bien es cierto que fue la Junta Local de Gobierno la que acordó en 2014 dar el préstamo a la concesionaria del servicio de grúas, esto se hizo instancias de un decreto suyo.
De esta manera, Clavijo trataba de volver a diluir su responsabilidad en este caso exponiendo su relato de los hechos, como ya hiciera en septiembre del año pasado en el mismo lugar. De hecho, afirmó que el caso Grúas se centra en “el levantamiento de reparo del préstamo, pura y exclusivamente”. Y explicó que este se llevó a cabo en un contexto de crisis económica, en el que la “mayor parte de las concesiones administrativas estaban sometidas a muchas tensiones, en cuanto a su estabilidad económica y financiera”.
Y La Laguna “no fue una excepción”, sobre todo en el servicio de grúas del municipio, que se encontraba en una situación “complicada”, con “nóminas atrasadas” o con “dificultades para pagar seguros o a los distintos proveedores”. A pesar de los informes contrarios de la Intervención General del Consistorio, Clavijo decidió “secuestrar la concesión temporalmente” mediante “una intervención temporal del servicio” con el objetivo, aseguró, de “estabilizar y garantizar la continuidad” del mismo.
Y para ello, “se necesitaba un préstamo de 120.000 euros, para poder pagar las nóminas atrasadas, los servicios sociales, en fin, para poder poner en condiciones el servicio”. Clavijo ha explicado los motivos que le llevaron a saltarse los reparos para poder conceder ese préstamo de la siguiente manera:
“Un alcalde, cuando llegan informes contradictorios de dos órganos, tiene la obligación de resolver. Está ajustado a derecho. Yo podía resolver a favor de todo lo que decía el servicio, con todos los informes favorables, jefa de servicio, asesoría jurídica, interventores municipales... o hacerle caso al interventor, que decía que no creía que el préstamo fuese adecuado”.
Así, tenía dos opciones: “Subvención o préstamo. Y fue préstamo, claramente”. De esta manera, sostiene que decidió “garantizar la continuidad del servicio”, porque la otra opción suponía “interrumpirlo”, puesto que la Corporación municipal “no estaba en condiciones” para “asumir las deudas de la empresa, el personal o la prestación directa”.
Añade que “el préstamo se concede al propio Ayuntamiento de La Laguna, porque en ese momento el servicio está intervenido. Era a un departamento propio, como si fuese la Concejalía de Cultura. Se habilita una cuenta aparte, distinta a la de la empresa, cuyas dos únicas firmas autorizadas eran las de los dos interventores designados por el propio Consistorio”. Y esto ha permitido, a juicio de Clavijo, “que el servicio se continuase prestando sin que le costase un solo euro a los ciudadanos laguneros y sin asumir deudas”,
Además, Clavijo considera que “en el préstamo que se concedió, y en el levantamiento de reparos, estaba justificada la garantía y el plazo. Y eso es algo que queda claro en el decreto. El plazo de la garantía es el de la concesión, que en ningún caso podía ser superior a los dos años”.
