Las 17 recomendaciones para la Policía Canaria que el Gobierno guarda en un cajón

La sentencia del denominado caso Ladrillo, por el que la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó a un subinspector de la Policía Canaria a cuatro años de prisión por agredir a un agente para posteriormente atribuirle el delito a un detenido, ha supuesto un varapalo para el Cuerpo creado en 2010 bajo la Presidencia de Paulino Rivero y ha evidenciado tensiones internas.

El caso alcanzó la Justicia en 2013, después de que varios agentes del Grupo de Seguridad Ciudadana denunciaran lo sucedido. Durante el proceso judicial quedó patente la división entre la dirección y sus subordinados, no solo por las constantes manifestaciones y recogidas de firmas que alertaban de acoso laboral en la base de Gran Canaria, sino por la declaración en sede judicial del propio comisario, Luis Santos Jara.

Santos Jara apoyó al subinspector ahora condenado ante los magistrados de la Audiencia, donde compareció en calidad de testigo. De este modo, se apartó de la neutralidad y abrazó la teoría de la conspiración sindical, al considerar que los agentes destaparon el caso ante la Justicia por “hacer daño”. A pesar de ser el máximo dirigente de la Policía Canaria y, por lo tanto, el encargado de su buen funcionamiento, reconoció que la sede grancanaria se hizo “imposible, un infierno”.

El Gobierno, al respecto, guarda silencio. El motivo: la sentencia no es firme. Sin embargo, donde sí podría haber actuado la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad que dirige la nacionalista Nieves Lady Barreto es en seguir las recomendaciones esbozadas por la Comisión de Investigación a la que el Gobierno regional encomendó la elaboración de un plan de actuación para prevenir la situación de conflicto planteada en la base de Las Palmas de Gran Canaria.

Aunque Podemos preguntó esta semana a Barreto en el Parlamento canario por el informe y su aplicación - ya que el mismo estipula hasta 17 recomendaciones para reconducir la situación – la consejera evitó responder.

La Comisión se constituyó en mayo de 2014, más de un año después de que saltase a los medios el caso Ladrillo y antes de las elecciones autonómicas que llevaron a Fernando Clavijo a ocupar la presidencia. Si el exconsejero del área, Javier González Ortiz, no aplicó dichas observaciones cuando las recibió en mayo de 2015, tampoco lo ha hecho su sucesora.

Evidencia de un “conflicto de convivencia”

Los miembros de la Comisión - nombrados por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad - advierten en el texto de que el mismo adolece de información por parte de los sindicatos, al estar muchos aspectos judicializados, y de que no cuentan con formación específica para dirimir si se ha llegado a producir “acoso laboral”. Sin embargo, sí que concluyen que existe “un conflicto de convivencia, tan complejo como global”, en la base.

Cabe destacar que, ante la falta de iniciativa de la Administración, el sindicato Cobas denunció al Gobierno ante la Justicia por acoso laboral y prevaricación continuada. Es decir, que la Comisión se constituyó posteriormente a que el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria abriera diligencias. El juez ha ampliado la instrucción después de que la causa haya sido declarada como compleja.

Según se desprende del informe de la Comisión de Investigación, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, entre los detonantes del conflicto se encuentran las nuevas competencias que asumió el Cuerpo en 2012, lo que supuso cambios de turnos y horarios, de organización del trabajo y de los órganos directivos. Es en estas fechas cuando el subinspector ahora condenado, Carmelo Sosa, ascendió al cargo. Unos cambios que no vinieron acompañados por un aumento de personal y que no fueron asumidos por todos los trabajadores, sostiene.

Sin embargo, el punto de mayor discordia comenzó con el inicio del caso Ladrillo, que “pudo abrir la puerta a la judicialización y a una auténtica cascada de reclamaciones”. En ese momento se produce un considerable aumento en la duración de las bajas médicas, que pasan a ser de unos 15 días de media en 2012, a unos 102 un año más tarde. En 2014 disminuyeron levemente, hasta los 90 días.

El proceso, indica el texto, tuvo consecuencias directas en el Cuerpo “en lo que al desprestigio se refiere” y generó “desconfianza, estrés y desgaste emocional” entre sus agentes.

“Supone, por tanto, este estado de las cosas un caldo de cultivo propicio para la aparición de conflictos y confrontaciones a escala colectiva, pues la imposición de los nuevos cambios se contrarresta con una aparente resistencia e incluso oposición de los mismos”, apostilla.

La Comisión se muestra tajante al afirmar que “a nadie se le escapa que durante este escaso periodo de tiempo, el Cuerpo sufrió un desgaste considerable”, pese a que se desconocen las medidas adoptadas por el Gobierno canario para remediar la situación.

Lejos de adoptar una actitud conciliadora con el Grupo de Seguridad Ciudadana, que los investigadores apuntan como el foco más activo y desde el que, de hecho, se denunció el caso Ladrillo, el informe advierte de la “excesiva utilización de la apertura de expedientes desde la organización”. Unos expedientes que han pasado a la vía judicial y “han provocado situaciones de bloqueo en las unidades administrativas encargadas de su tramitación”.

Por lo tanto, lamentan “una actitud de defensa de cada interviniente, ya fuera del lado de los mandos, o del de los subordinados, frente al continuo conflicto”.

Desde la Comisión desconocen los motivos por los que ha mejorado el clima laboral en la base y hacen referencia incluso al olvido de los acontecimientos. No mencionan, por otro lado, la baja que mantiene desde hace meses Carmelo Sosa, ni la marcha del que fuera inspector cuando se destapó el caso Ladrillo, Rafael Mesa. En la actualidad dirige la base un inspector proveniente de la Policía Local del municipio tinerfeño de San Miguel de Abona del que sindicatos destacan sus “buenas dotes personales” y la normalización de la situación.

Ninguna de estas medidas se han puesto en marcha todavía en la Policía Canaria, según confirman a Canarias Ahora fuentes del Cuerpo.