El consejero de Sanidad se escuda en los funcionarios para justificar el aumento de derivaciones a su antigua empresa

El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, ha atribuido este miércoles la responsabilidad del incremento de las derivaciones hacia la empresa privada de la que procede a “los protocolos” establecidos en el Servicio Canario de Salud (SCS) y a los inspectores médicos que analizan las necesidades de los pacientes “caso por caso”.

Ante las acusaciones directas vertidas por los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos sobre un posible trato de favor a Hospitales San Roque, empresa de la que fue director de Operaciones hasta que accedió al cargo público, y las dudas suscitadas en otros partidos, como el PP y Nueva Canarias (NC), Baltar ha defendido que se mantiene al margen y se abstiene “sistemáticamente” en las decisiones que atañen a las clínicas de ese grupo.

Baltar ha comparecido este miércoles en el Parlamento canario a propuesta de cinco grupos (CC, PSOE, PP, NC y Podemos) para debatir sobre el modelo sanitario de las Islas y la política de concertaciones con las clínicas privadas.

Según datos facilitados por la propia Consejería de Sanidad al PSOE, en 2017, primer año de Baltar al frente del departamento, las derivaciones de pacientes del sector público a los dos hospitales de San Roque en Gran Canaria para actividades quirúrgicas aumentaron un 40% (de 6.431 a 9.005). El mayor incremento se produjo en la clínica del grupo en la capital, un 51%, mientras que la subida en el centro ubicado en Maspalomas ascendió al 28%.

Patricia Hernández ha recordado estas y otras cifras en la Cámara para denunciar lo que considera “una golfada” del consejero. La diputada socialista ha contrapuesto el aumento de las intervenciones derivadas a las clínicas privadas, un 17% con respecto al año anterior, 8,3 millones de euros, al incremento “de tan sólo el 5%” en la actividad quirúrgica en los hospitales de titularidad pública. Para abundar en su tesis de que la gestión de Baltar está degradando el sistema público para favorecer los intereses privados, en especial los de su antigua empresa, Hernández ha puesto en relación estos datos con los tiempos de espera para una operación, que han subido en 14 días, pese al incremento de 220 millones en los presupuestos de 2017.

Hernández ha pedido al consejero que “no se esconda detrás de los funcionarios” y ha subrayado que la responsabilidad sobre derivaciones, la instrucción que después se ejecuta, corresponde a la directora de área de Gran Canaria, un cargo “nombrado personalmente” por Baltar.  

También Juan Márquez, portavoz de Podemos, se ha mostrado contundente en sus interpelaciones contra el consejero de Sanidad. El diputado de la formación morada ha hecho referencia a una información facilitada por la Consejería a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias sobre el gasto en derivaciones a las clínicas privadas en el área de Salud de Gran Canaria durante el segundo semestre de 2017, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El gasto de las concertaciones  desde el Hospital Doctor Negrín hacia las clínicas privadas aumenta de 13,8 millones de euros a 14,9. Desde el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, de 12 a 14 millones. En estas subidas vuelve a ser protagonista el grupo Hospitales San Roque, que ha visto incrementada su facturación de 1,8 a 3,1 millones en el primer caso y de 3,1 a 4,6 en el segundo. En total, 2,8 millones de euros. 

Frente a estas cifras, Baltar se ha escudado en los funcionarios del servicio de Inspección Sanitaria y ha justificado parte de ese aumento en el sistema de cupos, es decir, el alquiler de instalaciones de clínicas privadas para realizar intervenciones con personal propio del Servicio Canario de Salud, una fórmula “un 30% más barata” que si se hiciese con profesionales de esas empresas. Además ha defendido que, en términos globales, tomando en consideración el aumento presupuestario en el área (de 220 millones), el nivel de concertación bajó un 0,68% respecto del gasto real y un 0,26% con respecto a los datos del último año del socialista Jesús Morera al frente de Sanidad.

Aunque en sus dos extensas intervenciones ha evitado profundizar en datos y ha esquivado preguntas de la oposición sobre el posible conflicto de intereses por su pasado reciente ligado al sector privado, Baltar sí ha aportado algunas cifras. En concreto, las referidas al número de intervenciones realizadas con medios propios del SCS (entre las que incluye la fórmula del cupo) y con medios ajenos. En el primer caso, se han incrementado de 97.390 a 104.479, un 7% más. La actividad quirúrgica derivada a la privada sube de 26.418 a 30.069, un 13,8%.

“Yo no he venido aquí a labrarme un futuro. Mi honorabilidad se ha fraguado en seis proyectos profesionales, cuatro en el sector público y dos en el privado”, ha defendido Baltar, que ha recordado que durante once años, de 1983 a 1994, trabajó para el PSOE. “Utilizar esta Consejería en el juego de sillas de su partido no se corresponde con ninguno de los valores que aprendí de ese partido”, ha espetado a la socialista Patricia Hernández, a quien ha instado a acudir a los tribunales si considera que alguna de sus actuaciones se enmarca fuera de la legalidad.

Aunque las intervenciones de los portavoces de PP y NC, Zacarías Gómez y Román Rodríguez, respectivamente, han estado más centradas en el modelo sanitario de las Islas, también han aludido al posible conflicto de intereses del consejero, a quien han pedido explicaciones sobre las decisiones que afectan a su antigua empresa para despejar “cualquier tipo de sospecha”. María Elena Luis, de Coalición Canaria (CC), ha defendido la labor de Baltar y la reforma de la Ley de Altos Cargos que facilita que el consejero pueda regresar a su puesto de trabajo en San Roque de forma inmediata al abandonar el cargo. La diputada nacionalista ha comparado esta situación a la de los exconsejeros socialistas Jesús Morera (neurocirujano en el Servicio Canario de Salud), Aarón Afonso (funcionario de la Comunidad Autónoma desde 2004) y Ornella Chacón (arquitecta en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario), además de la magistrada Victoria Rosell, exdiputada de Podemos por Las Palmas.