El Tribunal Constitucional ha sentenciado que tanto la Mesa del Parlamento de Canarias que preside la socialista Carolina Darias, como la Comisión de Política Territorial que dirige el nacionalista David de la Hoz, han vulnerado el derecho de Podemos a ejercer sus funciones como representantes de la ciudadanía.
La sentencia del Alto Tribunal declara “la nulidad del acuerdo de la Mesa de la Comisión de Política Territorial, y del acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias que inadmitieron las enmiendas presentadas por el grupo Podemos a la Ley 2/2016 para la modificación de la Ley 6/2002 sobre medidas para la ordenación territorial de la actividad turística en El Hierro, La Gomera y La Palma”, más conocida como de las Islas Verdes.
La formación morada recuerda en un comunicado que durante el debate sobre la polémica Ley de las Islas Verdes, tanto la Presidencia de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, como la del Parlamento inadmitieron a trámite las enmiendas al articulado presentadas por Podemos “con el argumento de que pretendían anular por completo la iniciativa legislativa, y vaciarla de contenido”.
Trato distinto bajo excusas
La Mesa de la Comisión no admitió las modificaciones presentadas por la fuerza morada en su momento, alegando que se trataban de “enmiendas a la totalidad encubiertas”. Un hecho que posteriormente reforzó la Mesa del Parlamento ante el recurso de amparo presentado por Podemos, que incidió en que sí se habían admitido enmiendas de CC y PSOE que incluso cambiaron el título inicial de la Ley, porque ambos grupos justificaban que sus modificaciones eran “de mayor amplitud” que el texto inicial presentado por el Cabildo de La Palma.
Además, también se admitió una enmienda de Nueva Canarias (NC) que no tenía nada que ver con el objeto de la ley, recuerda Podemos.
El Constitucional aprecia en su sentencia que se produjo una diferencia de trato en contra de Podemos, ya que la Mesa sí admitió a trámite “las enmiendas presentadas tanto por los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario y Socialista Canario, como por el Grupo Parlamentario Popular”, que “en realidad pretendían un cambio de mayor envergadura en el texto de la proposición”.
Según Podemos, el TC reprocha a la Mesa del Parlamento de Canarias, controlada por los grupos Socialista, Nacionalista y Popular, que no esgrimiese nada a la alegación de “diferente trato dado a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos frente al dispensado a las enmiendas presentadas por otros Grupos Parlamentarios”, y recuerda que no es exigible “que las enmiendas deban responder a la misma finalidad concreta que las medidas contenidas en el proyecto de ley presentado”.
Enmiendas sin debate
Al no haber sido admitidas, los diputados de Podemos no pudieron defender sus enmiendas. El partido ha argumentado en diversas ocasiones que el Tribunal Constitucional ya había afirmado en varias sentencias “que las mesas de los parlamentos deben limitar su función, admitiendo y calificando, para no perturbar con su decisión el derecho de los diputados a suscitar el debate parlamentario”.
El artículo 23 de la Constitución afirma que “los ciudadanos tienen derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos, por medio de representantes elegidos por sufragio universal”, lo que a juicio del TC ha sido cercenado por el Parlamento de Canarias.
Por ello, desde la formación morada se considera demostrada la “parcialidad” de una Mesa del Parlamento “que ni representa ni protege la pluralidad” de la ciudadanía.
Podemos recuerda que el polémico proyecto legislativo impulsado por el Gobierno en minoría que preside el nacionalista Fernando Clavijo, con el apoyo del PSOE, PP y Grupo Mixto (ASG), tiene pendiente también un recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite y promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea por considerar que se incumplen los preceptos constitucionales en los artículos 3 y 4, así como en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera.
El recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite fue impulsado por el Grupo Parlamentario de Podemos en Canarias.