El tribunal canario de contratos públicos se desentiende del concurso de informativos de Televisión Canaria
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias ha inadmitido por incompetente el recurso formulado en septiembre por Videoreport Canarias contra la convocatoria del concurso para el suministro de servicios informativos en Televisión Canaria, dotado con 144 millones de euros en ocho años. El responsable de ese tribunal, Pedro Gómez, ha resuelto que ese órgano no puede revisar “actos dependientes del Parlamento de Canarias”, institución a la que atribuye la titularidad del ente público Radiotelevisión Canaria.
A lo largo de cinco folios de antecedentes y fundamentos de Derecho, Gómez va desgranando el ámbito de actuación y las competencias que le son propios al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, entre los que figura, según él mismo reconoce. “la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de las entidades, de los organismos y entes que forman parte del sector público autonómico y que tengan la consideración de poderes adjudicadores”.
Sin embargo, al no existir un convenio entre ese tribunal y el Parlamento de Canarias por el cuál esta institución haya delegado en aquél las competencias fiscalizadoras de sus contratos y licitaciones, Gómez se declara incompetente y da por zanjado el recurso interpuesto por Videoreport.
La compañía, actual adjudicataria de ese servicio de informativos en Televisión Canaria, había acudido al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos para invocar diversos artículos de la ley de Radiotelevisión de Canarias que limitan la capacidad contratante del presidente del consejo rector, Santiago Negrín, que ha convocado este concurso constituyéndose unipersonalmente en órgano de contratación, a espaldas del consejo rector, designado por el Parlamento de Canarias.
El tribunal, lejos de entrar en el fondo, remite cualquier resolución a la vía jurisdiccional y da por definitivamente zanjada la administrativa.
Se trata de la misma postura que ha venido manteniendo el Gobierno de Canarias en torno a este conflicto: remitir cualquier responsabilidad de las actuaciones del presidente de RTVC al Parlamento de Canarias, que fue el que eligió a los cinco miembros del consejo rector, de los que solo quedan tres por la dimisión de dos consejeras.
Sin embargo, el presupuesto del que se nutre este concurso de 144 millones no es el del Parlamento de Canarias, sino el de la Comunidad Autónoma, cuya Consejería de Hacienda informó favorablemente al presidente de RTVC de la disponibilidad presupuestaria para que él pudiera proceder a la polémica licitación.
En el Parlamento de Canarias, mientras tanto, sigue en el aire la renovación del consejo rector de RTVC y la continuidad de Santiago Negrín como presidente. Negrín, que fue propuesto por Coalición Canaria, solo cuenta con el respaldo de este partido en el Parlamento regional, donde ya ha sufrido varios contratiempos y donde se le ha solicitado reiteradamente su dimisión.
La resolución está pendiente aún de que el PSOE ejecute los cambios que ha anunciado en el grupo parlamentario y defina en sus órganos ejecutivos cuál va a ser su posición en torno a la RTVC y a la renovación de otros órganos dependientes del Parlamento.
Nueva modificación de las bases
En este ambiente tan enrarecido políticamente, este lunes se supo de una nueva modificación de las bases de ese millonario concurso. En esta tercera ocasión, Santiago Negrín, erigido en órgano de contratación unipersonal, ha publicado nuevas correcciones a los pliegos para, entre otras cosas “para dotar al documento de una mayor seguridad jurídica”, precisamente una de las carencias que algunos concursantes ya habían detectado.
Además, dice Negrín que se incorporan “nuevos datos del personal a subrogar” a través de un anexo con todos los desempeños profesionales de la actual plantilla de Videoreport, y “se modifica el porcentaje máximo de subcontratación tras la solicitud de los delegados de personal de la adjudicataria actual”.
