El concejal de Por Tenerife-Verdes en Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Corrales, ha dicho este jueves que si el gobierno municipal ha pedido suspender la causa civil en el llamado caso Las Teresitas, sería una prueba de que hay un acuerdo “bajo cuerda” para que el dinero estafado no se recupere.
Corrales se ha expresado de este modo después de que el Ayuntamiento informase de que el Juzgado de Instrucción número 6 de Santa Cruz de Tenerife ha suspendido, a petición de la corporación, la audiencia previa en el proceso civil donde se debe dilucidar su reclamación de 53 millones de euros a un grupo de empresarios por la compraventa del frente de la playa de Las Teresitas.
La compraventa de los terrenos fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo, y este jueves José Manuel Corrales recordó que en 2011 la corporación municipal acordó por unanimidad pedir que se cumpliese la sentencia del Alto Tribunal.
El concejal insistió en la necesidad de recuperar los 53 millones (casi 9.000 millones de pesetas) más los intereses, lo que elevaría la cifra a los 73 millones de euros, porque, reiteró, se trata de una estafa contra los vecinos de la capital tinerfeña.
Afirmó que de no pararse la causa civil hay muchas posibilidades de recuperar el dinero en poco tiempo, mientras que si se detiene y hay que esperar a la penal, pasarán años antes de que dictamine el Tribunal Supremo.
En cuanto a los documentos aportados recientemente por la corporación municipal al juzgado hay uno en el que se demuestra que el Ayuntamiento compró en 1967 los terrenos que después adquirió a Inversiones Las Teresitas, pero señaló que el Ministerio Fiscal hace años afirmó que había una trama corrupta y que se compraba algo que ya era de la corporación.
Lo más relevante, a juicio de Corrales, es que la corporación también habría entregado un documento en el que algunos funcionarios hablan de una trama corrupta para comprar lo que ya era del Ayuntamiento.
Parece ser que en esa trama aparece el funcionario Víctor Reyes, a quien calificó de “coleccionista de imputaciones”, y Corrales consideró llamativo que el Ayuntamiento sea diligente en llevar el documento a la Fiscalía pero no en suspender de sus funciones a esta persona.
José Manuel Corrales comentó que desde la corporación municipal se ha dicho que la petición de suspender la causa civil es una petición de la Fiscalía Anticorrupción, ante lo cual afirmó que “dicen algo absolutamente incorrecto e incierto”.
También aseguró que no hace pública toda la información que tiene porque alguna no la ha verificado, pero señaló que hay indicios que apuntan a la existencia de un pacto con los empresarios para que no paguen los 73 millones de euros, y se plantean pasar el “marrón” al anterior alcalde, Miguel Zerolo (CC).
Corrales comentó que el anterior alcalde ha acusado al gobierno municipal, CC-PSOE, de “echar mierda en este tema y usarlo políticamente para perseguirlo y él está dispuesto a tirar de la manta y decir en qué despacho se urdió la operación”.