El Estado cuestiona tres disposiciones de la nueva ley canaria de cambio climático
El Estado ha cuestionado tres disposiciones de la nueva ley canaria de cambio climático impulsada por el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata (PP), este verano. El Gobierno de Canarias ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) que próximamente habrá una comisión bilateral para resolver las mencionadas “discrepancias”. Aún no hay fecha para ello.
El desacuerdo se centra en tres disposiciones, dos de ellas vinculadas con la creación de zonas de aceleración de renovables, la medida estrella del Ejecutivo regional para acelerar la descarbonización de Canarias, y otra sobre la modificación de varios artículos de la Ley del Suelo de 2017 para instalar renovables en suelo rústico.
El Gobierno de las Islas incorporó en la normativa climática las zonas de aceleración de renovables, una figura que pretende “agilizar” la penetración de fuentes limpias de energía en espacios seleccionados en función de una serie de variables: potencial de recursos, infraestructura existente, proximidad a la red eléctrica, prioridad sobre superficies artificiales y consideraciones ambientales y sociales.
Estas zonas son propuestas por la administración autonómica “con la colaboración de los cabildos insulares” y otros organismos competentes en la materia. Zapata ha presumido de haber iniciado “un proceso de consenso” con todas las instituciones para la planificación energética del Archipiélago, pero precisamente la Federación Canaria de Municipios (FECAM) le afeó la falta de tiempo para estudiar la reforma de la ley y los cabildos de las islas orientales han protagonizado diversos encontronazos con la Consejería por lo mismo.
Las zonas de aceleración de renovables “traen seguridad jurídica y consenso”, dijo Zapata. Los proyectos de energía limpia en estas localizaciones no estarán sujetos a una evaluación ambiental, sino a un “procedimiento de determinación de las afecciones ambientales”, lo que viene a ser, más o menos, una evaluación de impacto ambiental simplificada (descripción del proyecto, exposición de las alternativas, detalle de los aspectos medioambientales que puedas verse afectados…). El consejero cree igualmente que la protección medioambiental en estas zonas está “garantizada”.
El Estado ha cuestionado las dos disposiciones que tienen que ver con este asunto y una tercera, que modifica diversos artículos de la Ley del Suelo de 2017 para instalar renovables en suelo rústico de protección económico como “uso de interés público y social”. Esa disposición también permite colocar renovables en la cubierta de instalaciones en cualquier categoría de suelo rústico.
El acuerdo de la comisión bilateral entre el Estado y Canarias se ha hecho público este jueves. Ahora queda designar un grupo de trabajo y establecer fecha para la reunión.
Otro de los decretos pendientes de un acuerdo entre el Gobierno central y el autonómico es el de vivienda. En ese caso, las diferencias se centran en ocho artículos y dos disposiciones. Varios de esos capítulos posibilitan la construcción de vivienda protegida sin modificación del planeamiento o la compatibilidad de uso residencial y turístico. Eso ha generado desavenencias entre dos administraciones, la estatal y la regional, con diferentes visiones sobre cómo abordar la emergencia habitacional.
En caso de no haber acuerdo en ambas cuestiones, los decretos canarios podrían acabar en el Tribunal Constitucional.
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