Dos empresarios del ocio nocturno en el Sur de Gran Canaria, policías locales, funcionarios del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (SBT) y hasta concejales y el propio alcalde, Marco Aurelio Pérez, figuran desde hace años en el punto de mira de un propietario de locales en Maspalomas, la principal ciudad turística de Canarias, como presuntos actores de una trama corrupta de la que, hasta la fecha, sólo se han defendido en la vía administrativa.
Ese es el escenario que dibujan las incontables denuncias de un empresario del Sur de la isla, Juan Manuel Pérez León, ante el Ayuntamiento de SBT, la última de ellas este mismo jueves ante la inminente inauguración, este sábado, de una nueva terraza de ocio en Meloneras, Aqua. A juicio de Pérez León, hace años que el Consistorio presidido por Marco Aurelio Pérez protege los intereses de dos empresarios del ocio, propietarios de Kopas Sur, Help o Aqua, a los que hace la vista gorda aunque precinte sus obras, mientras que con el resto es inflexible.
Pérez León lleva desde 2004 su particular cruzada contra la forma de actuar del Negociado de Disciplina Urbanística e Infracciones a Actividades, ya la batería de acusaciones, entre las que figuran relatados graves delitos de corrupción política como malversación de caudales públicos, prevaricación o la propia omisión del deber de perseguir delitos de todo empleado o gestor público, el Ayuntamiento se limita a responder que la Concejalía cuenta con escasos medios para poder dar respuesta a todas y cada una de las denuncias del empresario sin paralizar el resto del trabajo, y también la tramitación cronológica de otras denuncias.
Disciplina Urbanística ya se ha dirigido formalmente al denunciante, indicándole esta semana misma que no va a entrar a valorar las “razones personales” que le hayan conducido “a esta persecución de los mismos locales y establecimientos, con referencias personales a los empleados públicos y a las autoridades por presunta inactividad administrativa, así como de las acusaciones reiteradas de arbitrariedad en la actuación de esta entidad”.
Lo cierto es que este no deja títere con cabeza, en relación a los propietarios de las terrazas Kopas Sur o Help, este último a punto de inagurar Aqua en el centro comercial de Meloneras, y contra el cual ha interpuesto denuncias diarias por seguir adelante con la obra de la terraza cuando sobre esta recae un precinto formal del Ayuntamiento que se viola todos los días, según consta en el reportaje fotográfico adjunto a las propias denuncias.
Así de contundente lo relata en sus escritos al alcalde, el concejal y el nuevo jefe de la Policia: “El continuado trato de favor a ciertos empresarios promotores de varias obras ilegales, o mejor dicho, infractores urbanísticos profesionales, es decir, con titulación académica, podrían pasarle factura en breve”.
Asegura Pérez León en una de sus denuncias de esta última década, en referencia directa, este jueves, a las obras no paralizadas en la terraza Aqua, que Disciplina Urbanística, en estos diez años atrás, “más bien ha premiado con su conducta permisiva y dilatoria al menos a dos empresarios representantes de varios chanchullos urbanísticos, y que se pasean por nuestro municipio como si todo el monte fuera orégano, además de jactarse de ello en público”.
El propietario de varios locales en el sótano del centro comercial Plaza de Maspalomas, de donde también surge el conficto con estos dos empresarios a los que acusa de estar bajo el manto de protección política en el Sur, se cuestiona abiertamente “qué intereses tienen los alcaldes y concejales del departamento de Disciplina Urbanística, además de ciertos mandos policiales (local) en beneficiar a estos conocidísimos promotores de obras ilegales, con un continuado trato de favor”, ya que no han cumplido decretos del propio ayuntamiento para ejecutar sentencias del TSJC, como la de la demolición del local Kopas Sur desde 2004.
El modus operandi que relata el denunciante señala al Ayuntamiento como cómplice de los empresarios beneficiados, al dilatar al máximo las inspecciones formales, a raíz de sus propias denuncias, “otorgándoles a los infractores todo el tiempo necesario para que concluyesen sus obras ilegales e ilegalizables”.
“La política de hechos consumados”, indica Pérez León por escrito al propio Consistorio, se basa en “dejarlos construir, y se para la obra cuando esté casi terminada para cubrirse las espaldas y el expediente, pero eso sí, solo para empresarios ejemplares y conocidos de los políticos o funcionarios, al resto, y que somos mayoría, no nos dejan ni colocar un ladrillo, y a la primera que no obedezcas un Decreto de Precinto te llevan inmediatamente al Juzgado”.
Para el denunciante, el caso de Aqua esta semana, en la que a pesar de sus quejas diarias y llamadas telefónicas constantes para denunciar que la obra sigue adelante el Ayuntamiento ha declinado actuar de oficio, es otro más de una forma de actuar generalizada de la administración municipal sueña, que “ha hecho gala durante muchísimos años de una sostenida inacción y una inexcusable relajación en el cumplimiento de sus funciones de vigilancia de la legalidad urbanística, constituyéndose, en la práctica, en un verdadero ente colaborador del infractor”.
Acusa Juan Manuel Pérez León en su escrito al Ayuntamiento presidido por Marco Aurelio Pérez de su “absoluta falta de respeto a la legalidad urbanística, y gracias a la alarmante tolerancia del Ayuntamiento de SBT, estos expertos quebranta precintos no han parado desde entonces”.