Los laguneros tendrán que pagar en los próximos años las deudas que el Ayuntamiento contrajo en época de bonanza económica con las empresas que gestionan servicios municipales. Y ello porque el Consistorio entonces regido por Ana Oramas, actual diputada de CC en el Congreso de los Diputados, dejó de atender estos pagos y destinó ingresos ordinarios de la corporación a la financiación de un plan de inversiones en el municipio.
Esta es la conclusión a la que ha llegado Santiago Pérez, concejal de Por Tenerife en el Ayuntamiento de La Laguna, tras analizar la documentación que consta en las dependencias municipales. La deuda del Consistorio con las entidades financieras asciende a 100 millones de euros, de los cuales 31 corresponden a endeudamiento a largo plazo y el resto, casi 70, a préstamos autorizados por el Ministerio de Hacienda con cargo al mecanismo de ágil pago a proveedores, que aparece regulado en dos decretos del Gobierno, uno de 2012 y otro de 2013.
Pérez recalca que una cantidad importante de esos 70 millones está destinada a abonar atrasos con las empresas adjudicatarias de servicios municipales, entre ellas Urbaser, dedicada a la recogida de basuras y limpieza viaria, a la que se le ha abonado 4,41 millones de euros en 2012 y 9,75 en 2013 para saldar deudas de los ejercicios 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
La formación Por Tenerife ha remarcado que, siendo alcaldesa, Ana Oramas tuvo que destinar parte de los ingresos ordinarios del Ayuntamiento a financiar un ambicioso plan de inversiones ''de indudable utilidad para los vecinos y de indudable rentabilidad electoral para Coalición Canaria“, al no recibir las transferencias de capital del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias en la cuantía en la que le habían prometido.
El plan de inversiones de Oramas fue financiado, según Por Tenerife, a través del endeudamiento a largo plazo, cuyo saldo hoy es de 31 millones de euros, y “del empleo de recursos ordinarios del Ayuntamiento que debieron ser prioritariamente atendidos para financiar los gastos ordinarios de la corporación, como son los correspondientes a la gestión y prestación de los servicios municipales esenciales”.
Para Santiago Pérez, la consecuencia de esta actuación es que el Ayuntamiento estará hipotecado, debido a los planes de ajuste impuestos por Hacienda como contrapartida al mecanismo de pago a acreedores, hasta 2022.
En declaraciones que recoge la agencia Efe, el edil lagunero incide en que los dos decretos no hacen distingos en la deuda contraída por los ayuntamientos de acuerdo con las previsiones presupuestarias con “aquellos compromisos que han sido contraídos de forma ilegal, sin cumplir, entre otros, las exigencias de la ley de las haciendas locales o la de contratos del sector público”.
Así, se ha mostrado convencido de que ese ha sido el motivo por el que los ayuntamientos y “su sindicato”, en referencia a la Federación Canaria de Municipios, no han protestado mientras que han montado “una algarada” contra la nueva ley de régimen local, que en su opinión, no atenta contra la autonomía local.
Pérez ha recordado que, entre otras exigencias, los decretos obligan a considerar como prioritario el pago a las entidades financieras por encima incluso de aquellos destinados a los servicios esenciales y, además, endurecen los mecanismos de pago.