SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 (EUROPA PRESS)
La Asociación Canaria de Empresarios de Juegos y Apuestas (Aceja) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno de Canarias de suspender de forma “arbitraria” la autorización que legitimaba la puesta en marcha de un nuevo sistema de juego para ofrecer premios acumulados que solicitó Canabingo, un pequeño grupo canario de salas de bingo.
El viceconsejero de Administración Pública, Juan Manuel Santana, revocó, según un comunicado de Aceja, el decreto que autorizó 24 horas antes el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, ante el recurso de reposición presentado por APEBI, asociación que representa a dos grandes grupos empresariales del juego, Automáticos Canarios y Grupo Jupama.
El presidente de Aceja, Javier Alemán, considera que el viceconsejero, “en sintonía con las grandes empresas, que gestionarán esta modalidad de juego prácticamente en régimen de monopolio, ha impedido que las pymes canarias puedan competir en igualdad de condiciones” y critica a Ruano, que si bien “manifestó que nuestras pretensiones eran justas, acabó revocando la autorización, a pesar de ser consciente del grave perjuicio que provocaba”.
“Recurrimos judicialmente porque se ha cometido una grave vulneración del derecho fundamental de libertad de empresa”, explica Alemán, ya que la suspensión impide la continuidad de una actividad comercial que había sido autorizada. Además, subraya que los argumentos esgrimidos, “el perjuicio al interés general y al resto de las salas de Canarias” son inconcretos e irracionales.
Asimismo, el contencioso-administrativo subraya que el recurso promovido por APEBI no es legítimo porque se presentó una vez finalizada la vía administrativa y manifiesta la situación de indefensión de Canabingo ya que no se le comunicó el recurso y, consecuentemente, no pudo alegar.
INVERSIÓN DE 380.000 EUROS Y 200 EMPLEOS
Canabingo decidió montar su propio sistema especial de premios ante los precios abusivos que imponían estos dos grandes grupos empresariales por la conexión a su organización y ha desarrollado durante más de un año, con una inversión superior a 380.000 euros, una plataforma tecnológica denominada Bingo Acumulado Interconectado (BAI).
La empresa pidió al Gobierno de Canarias incrementar de un 1% a un 4% la aportación de las cuatro salas adheridas a su sistema, de manera que pudieran activar el BAI, fijado en 150.000 euros, cada mes y medio, con el objetivo de competir con los grandes grupos del juego, que concentran 23 salas de bingo (82% del total) y tardan sólo un mes a cargar su premio BAI.
La resolución del Ejecutivo decreta la suspensión del incremento de las aportaciones al BAI, una medida contraria al Reglamento del Bingo de Canarias ya que si bien “estipula que el porcentaje será del 1%, igualmente indica que podrá variarse a petición de todas las salas adheridas al sistema”, explica Alemán.
Las decisiones de los responsables del juego en Canarias “están haciendo inviable la continuidad de la empresa, lo que implicaría la pérdida de 200 puestos de trabajo”, se lamenta Alemán, “sólo pedimos que se aplique el Reglamento”.
La implantación tecnológica del BAI ha supuesto un enorme esfuerzo técnico en el que han participado 7 empresas canarias, además de económico, ya que ha sido necesario pedir créditos para hacer una inversión de 380.000 euros. “Actualmente, somos la única comunidad autónoma que ha conseguido desarrollar un sistema propio, de hecho, hemos recibido peticiones de otras regiones de España interesadas en nuestra plataforma”, asegura Alemán.
Aceja, integrada por más de 50 empresarios de máquinas, bingos y expendedoras, apoyó desde el principio el desarrollo de un sistema de premios acumulados independiente y respalda así el contencioso-administrativo presentado por Canabingo ante los enormes perjuicios que generan estas medidas entre las empresas de la Asociación. La Asociación ha remitido una carta al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, “apelando que se aplique la justicia e imparcialidad a la que tenemos derecho”, indica su presidente, porque “es descorazonador que sea nuestro propio Gobierno quien impida a las empresas canarias poder competir en igualdad de condiciones con multinacionales que vienen de fuera”.