La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ha denunciado que la Administración local está realizando un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) “encubierto” al despedir a varios trabajadores que desempeñaban sus funciones en diferentes servicios sociales.
UGT señala que los primeros despidos se centraron el servicio de atención a enfermos de cáncer y sus familiares, Tecum, y que después el Ayuntamiento rescindió “el convenio de colaboración que prestaba el servicio de la acogida de menores con el Cabildo de Gran Canaria”, del cual el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, es consejero.
Posteriormente, “eliminó la Oficina de Atención a las Victimas del Delito que, entre otros aspectos, atendía a las mujeres que sufren violencia de genero”, recuerda el sindicato. Asimismo, apunta que, “como antepenúltimo paso”, la corporación municipal ha despedido a varios empleados del servicio de atención a la drogodependencia. Según advierte, “en el horizonte se atisba despidos en los servicios de la Concejalía de la Mujer, el Programa de Infancia y Familia y el de Atención Temprana de Menores y Discapacidad”.
Para los sindicalistas, el mencionado “ERE encubierto” muestra el “verdadero rostro” del gobierno municipal de San Bartolomé de Tirajana, que “vulnera el derecho de información y consulta que asiste a los sindicatos, y disfraza de forma torticera la estrategia de los despidos colectivos, que conlleva otro procedimiento administrativo diferente”.
La sección sindical asegura que el Ayuntamiento “está esperando el momento oportuno para aplicar la nueva reforma laboral, de la cual se denota la identidad y la complicidad ideológica, aunque intenten de forma reiterada decir lo contrario confundiendo sus siglas políticas”.
UGT manifiesta que “el desmantelamiento de los servicios sociales conllevará a un empobrecimiento cada vez mayor de los ciudadanos del municipio”, que con la aplicación de otros aspectos de la reforma laboral “podría introducir, por ejemplo, que los desempleados que estén cobrando una prestación pasen a cubrir las vacantes dejadas por estos despidos, obligados a rendir un servicio a la comunidad”, apostilla.
El sindicato anuncia que comenzará una campaña de información a todos los trabajadores municipales, visitando los diferentes departamentos, y convocando una asamblea informativa la próxima semana. Además, dice haber realizado la pertinente denuncia en la Inspección de Trabajo y hace un llamamiento a todos los trabajadores de la administración para mostrar un “rechazo contundente a estas políticas” el próximo 29 de marzo, día en que se ha convocado una huelga general. “Creemos que la unidad y la solidaridad de todos los trabajadores son fundamentales para ponerle freno a estos despidos, que tiene como fin último cargarse nuestro sistema publico de protección social, devaluando y destruyendo el factor empleo”, concluye.