La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha garantizado que España no aceptará una política de “hechos consumados” y se reserva el derecho a emprender las acciones internacionales que crea oportunas si Marruecos decide actuar unilateralmente en la fijación de sus fronteras marítimas en Canarias.
En respuesta a una interpelación de la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, González Laya ha recordado que el derecho internacional y la Convención del Derechos del Mar establece claramente que esa delimitación de las aguas solo podrá llevarse a cabo mediante acuerdo entre los estados afectados.
Ha garantizado que “no caben hechos consumados” ni “decisiones unilaterales” por parte de Marruecos y eso es algo que comparte, ha dicho, el Gobierno marroquí.
No obstante, España estudiará “meticulosamente” el contenido de la normativa marroquí -que aún se encuentra en tramitación parlamentaria- y que debe remitirse a Naciones Unidas, al tiempo que se reserva el derecho a adoptar las medidas que considere oportunas si ve que afecta a sus intereses.
De todos modos, González Laya ha pedido no caer en el “alarmismo” porque, a su juicio, Marruecos está haciendo “lo mismo” que España, que es emplear la normativa internacional para fijar sus fronteras marítimas.
“No es momento de ir a una instancia internacional a quejarse”, ha insistido la ministra, que ha explicado que está recibiendo información precisa de Marruecos para que sus fronteras respondan a la legalidad internacional que obliga a un acuerdo entre estados y que veta acciones unilaterales.
No han convencido estas explicaciones a Oramas, que teme que Marruecos se apropie unilateralmente de aguas canarias que contienen importantes recursos económicos en hidrocarburos y en telurio.
“No puede haber una expansión y una política de hechos consumados en la expansión de mar por parte de Marruecos”, ha insistido la diputada de Coalición Canaria, que ha pedido al Gobierno que presente una queja formal ante la ONU por contravención de las leyes del mar.
Oramas ha adelantado que la moción consecuencia de esta interpelación y que se debatirá la semana que viene en el Congreso, pedirá al Gobierno que defienda la soberanía plena de las aguas canarias.
También ha criticado el cierre del “consulado” de España en El Aaiún, lo que obligará, según denuncia, a desplazarse a largas distancias a varios miles de españoles de origen saharaui para tramitar su documentación.
Laya ha negado que la oficina abierta en esta ciudad fuera un consulado, sino un “deposito de documentos”, y ha explicado que lo que ha hecho Exteriores es poner “orden” en una oficina que no tenía atribuciones para legalizar documentos.
La ministra también ha adelantado que el Gobierno aceptará la moción de Coalición Canaria si está en “línea con los compromisos internacionales y de respeto de la legalidad internacional”.