“Hemos sido estafados nosotros y nuestro cliente, el Cabildo de Gran Canaria”. Así de contundente se manifestó este jueves en declaraciones al programa El Correíllo de CANARIAS AHORA RADIO Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria.
Ramírez dirigió sus acusaciones dentro del caso Seguridad al jefe de Servicio de Régimen Interior de la Corporación insular, Carlos Gutiérrez. Aseguró el presidente de Seguridad Integral que va a presentar a la Consejera insular de Presidencia, Encarna Galván, documentación fruto de la “investigación interna” de su empresa para aclarar las supuestas irregularidades en la prestación del servicio.
En opinión de Ramírez, estos datos provocarán que el actual expediente informativo abierto por el Cabildo se convierta en disciplinario. También valoró las declaraciones a CANARIAS AHORA de Carlos Gutiérrez, quien afirmó que no estaba en sus funciones expedientar a trabajadores externos y negó haber almorzado con dirigentes de otra empresa del sector que luego resultaría adjudicataria del concurso suspendido ahora por el Cabildo.
Respecto a lo primero, Miguel Ángel Ramírez recordó que la “obligación” del jefe de Régimen Interior es “velar” por el cumplimiento del contrato, y expuso que los incumplimientos de los vigilantes se producían a 25 y 50 metros respectivamente de dónde el propio Carlos Gutiérrez trabajaba. Y sobre el almuerzo, Ramírez apuntó a la contradicción de que Gutiérrez “no recuerde si ese día fue a la apertura de plicas, pero sí que no fue a comer” con responsables de la empresa antes mencionada, Serramar.
Por estos y otros motivos, Ramírez se reafirmó en su acusación de que el caso Seguridad es una “estafa a un organismo público”, en referencia al Cabildo de Gran Canaria.
La versión del Cabildo
Encarna Galván, consejera de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, también dio su versión al programa El Correíllo sobre este asunto. En primer lugar, expuso que desde la Corporación se presume “en lo posible” la “inocencia” de sus trabajadores.
No obstante, admitió que hay una sentencia que “todavía no es firme” donde “se nombra a dos personas de Régimen Interior como presuntos conocedores de lo que ocurría”. Y además, estuvo de acuerdo en que Carlos Gutiérrez tiene en sus funciones “controlar las facturas”, para que coincidan “con los servicios que se están prestando”.
Por último, Encarna Galván confirmó que Serramar le envió “en la parte previa a la adjudicación” un “obsequio” (una agenda) que “fue devuelto sin más”. Y aunque fue la única empresa que se presentaba al concurso que lo hizo, la consejera dijo que “tampoco consideramos que eso escondiera ninguna intención”.