“Desalojo, reubicación, rehabilitación de ese edificio pero sin nosotros dentro. Llámenlo como quieran”. Así se expresaban este jueves desde la sección sindical de UGT del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al conocer CANARIAS AHORA nuevas diligencias de ordenación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de LPGC, en relación al caso La Favorita, el complejo de edificios de la antigua fábrica de tabacos de BAT España en El Secadero, adquirido al empresario Santiago Santana Cazorla, por más del doble de su valor de mercado en 2002, por la Corporación municipal presidida por José Manuel Soria (PP).
Lo cierto es que aquella operación sospechosa que costó a las arcas públicas 12 millones de euros más los intereses del préstamo solicitado al Banco Europeo de Inversiones, devino, por una recurso de UGT contra el traslado de empleados públicos, en una sentencia firme de 2008 contra la resolución de traslado de personal ejecutada en agosto de 2006 por el grupo de gobierno de Pepa Luzardo, sucesora de José Manuel Soria en la Alcaldía. Y desde entonces, el embrollo en que metió el PP al Ayuntamiento sigue sin resolverse.
UGT contestó el pasado 6 de junio a una nueva diligencia de ordenación del Juzgado por la que el 23 de mayo se requería a las partes -Ayuntamiento y sindicato- sus alegaciones sobre la ejecución de sentencia pendiente. El sindicato ha dejado claro que la sentencia 21/2008, de 13 de enero, ratificada en el TSJC el 31 de octubre de aquel año, no se ha ejecutado por parte del Ayuntamiento. Porque no sólo se debía subsanar la consulta y aprobación del traslado en la Mesa General de Negociación -efectuada a posteriori por el gobierno del PSOE-, sino el cumplimiento de la normativa en previsión de riesgos laborales.
El contencioso administrativo se ha alargado ya dos años, aunque ahora queda a expensas del Juzgado determinar cómo se ejecuta una sentencia que anula el traslado de los servicios municipales a un recinto de edificios que incumplen las mínimas normas de seguridad y salud. Alega UGT que el Ayuntamiento se ha limitado a sustituir los techos de amianto que contenían los edificios y realizar proyectos de reforma no ejecutados hasta la fecha.
De ahí que solicite el sindicato, de nuevo, una ejecución de sentencia cuyo tenor indica que anula y deja sin efecto el traslado de varios servicios municipales a La Favorita. Queda en manos del Juzgado la interpretación de la misma: desalojo para rehabilitar en profundidad el inmueble o precinto definitivo y realojo en otras dependencias.
Más de un millón de euros en parcheos
Desde el grupo municipal socialista gobernante en LPGC hasta el pasado 11 de junio, también se ha explicado a este periódico que en el caso La Favorita heredado del PP sólo se ha podido ejecutar la retirada de los techos de amianto.
Se ha precintado parte del complejo de edificios y encargados proyectos de rehabilitación, fundamentalmente centrados en la ausencia de un sistema de contraincendios, evacuación del personal y puesto a punto de un sistema eléctrico desfasado y peligroso.
La falta de presupuesto no ha dado para más y una de las premisas por las que el gobierno municipal de Jerónimo Saavedra pretendía vender sus participaciones en la empresa pública de aguas, Emalsa, era para financiar, con al menos otro millón de euros, la ejecución de todas las reformas previstas solo sobre el papel.
La Favorita sigue contando con riesgos laborales no solventados tras los pertinentes informes, y por tanto incumple los términos redactados en una sentencia que viene a ser la prueba irrefutable de que José Manuel Soria, siendo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, adquirió para nada por 12 millones de euros un inmueble ofertado en el mercado por 5 millones de euros. Y encima el Santana Cazorla se quedó con la mitad de la parcela.