La gestión de la pandemia abre una nueva crisis en el PSOE y en el Gobierno de Canarias

La tercera remodelación de la Consejería de Sanidad durante la pandemia de COVID-19 ha provocado un nuevo terremoto dentro del pacto que sustenta al Gobierno de Canarias (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y la Agrupación Socialista Gomera), pero con epicentro en los socialistas tinerfeños, que se oponen frontalmente a que vuelva a ser nombrado director general del Servicio Canario de la Salud (SCS) Conrado Domínguez, al que vinculan con Coalición Canaria y con los intereses de la sanidad privada. Sí Podemos se ha sumado a esas críticas y también ha manifestado al presidente, Ángel Víctor Torres, sus reservas. El nombramiento de Domínguez por el Consejo de Gobierno ha sido pospuesto al menos 24 horas.

En el PSOE de Tenerife se han plantado. Incluso algún miembro del Gobierno se lo ha hecho saber a Ángel Víctor Torres. “Le hicimos oposición a Conrado Domínguez cuando ocupó ese puesto” durante la última etapa de Coalición Canaria al frente del Ejecutivo. Y se la hicieron no solo por considerar que estaba en ese puesto para defender los intereses de la sanidad privada, sino también porque “demostró que con mucho dinero tampoco hizo una buena gestión”, resalta para este periódico una de las fuentes socialistas consultadas.

Las personas consultadas para esta información descartan que este nombramiento, de producirse, pueda desatar una “guerra en plena pandemia”, pero los dirigentes socialistas en la isla ya han manifestado su oposición abierta a que se produzca. “No es una cuestión personal; porque una cosa es que esté en un área del Gobierno [Conrado Domínguez es actualmente secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, en manos del PSOE] y otra cosa distinta es que lo coloquen al frente de lo que hemos criticado tan duramente todos estos años”, sostienen en la Ejecutiva Insular.

“No pueden decirnos que esto ‘es Conrado o la muerte’; tiene que haber personas cualificadas que colocar en ese puesto”, refieren las mismas fuentes, que señalan directamente a Nueva Canarias como el instigador de esta crisis al atacar al hasta ahora director del SCS por el bajo número de test PCR realizados a la población y a las personas que se encuentran en residencias sociosanitarias. “Veremos cómo a partir de ahora Román Rodríguez [vicepresidente del Gobierno y presidente de Nueva Canarias] deja de criticar a la Consejería de Sanidad, lo que viene haciendo desde que empezó la legislatura”, remarcan en el PSOE.

Conrado Domínguez ya ocupó el puesto para el que ahora es propuesto nuevamente durante los últimos años dos años y medio del Gobierno de Fernando Clavijo (enero de 2016- mayo de 2019), que colocó como responsable de Sanidad a un gestor de la sanidad privada, José Manuel Baltar, hasta ese momento vicepresidente nacional de la patronal del sector y gerente de una de las principales clínicas de Canarias, Hospitales San Roque. Baltar sustituyó al socialista Jesús Morera al frente de una consejería que, por primera vez desde el franquismo, había cambiado los mecanismos de adjudicación de los conciertos sanitarios, lo que abrió una crisis de tal calibre dentro del Ejecutivo que terminó saltando por los aires. A Morera lo sustituyó Baltar, con Domínguez de director del SCS, y fue a partir de entonces cuando se reactivaron las hostilidades del PSOE hacia la gestión sanitaria de Coalición Canaria.

Torres, “secuestrado” por Román Rodríguez

Las diferencias entre un sector del PSOE y Ángel Víctor Torres con respecto a la Consejería de Sanidad vienen arrastrándose desde que el presidente destituyó a la primera consejera del ramo en esta legislatura, Teresa Cruz Oval, a la que en círculos gubernamentales se le responsabilizó de la incertidumbre generada en los colectivos sanitarios por el alto nivel de contagio del personal y por lo que consideraron una gestión errática de la crisis. En su descargo, sus defensores recuerdan que Canarias fue la primera autonomía que se enfrentó a la pandemia, la que tuvo que aislar todo un hotel de Tenerife en febrero y la que finalmente presentó los mejores datos durante el estado de alarma, con la menor tasa de incidencia de todo el Estado. “Se tomaron decisiones valientes y la consejera sufrió una oposición feroz”, incluso de socios del Gobierno, recalcan varias voces del PSOE.

En el comité científico que asesora al Gobierno no hay unanimidad a la hora de explicarse la defenestración de Alberto Pazos como director del SCS. A tres integrantes de ese órgano consultados por este periódico les sorprendió la decisión del Gobierno de destituirlo este miércoles porque no apreciaron especiales tiranteces en la última reunión del comité de gestión, celebrado el pasado lunes.

Es cierto que en ese comité se puso de manifiesto la diferencia en el número de test PCR que se han realizado en Canarias respecto a la media nacional, incluso en comparación con Baleares, destino turístico equiparable en algunos aspectos al de Canarias, “que nos duplica en número de pruebas”, resaltó a este periódico José Julián Isturiz, miembro del comité científico asesor a propuesta del vicepresidente Rodríguez. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Canarias, con una población de 2,15 millones de habitantes, realizó la semana del 24 al 30 de agosto un total de 21.831 pruebas PCR, mientras que Baleares, con 1,18 millones de habitantes, hizo 20.876 test. Según datos de la Consejería, solo este miércoles se realizaron en las Islas más de 4.000 pruebas diagnósticas para la detección de la COVID-19, de las que 3.984 fueron PCR. Una cifra que supone un incremento de un 19% que el día anterior.

De igual modo se atribuye a la gestión del saliente director general el escaso número de rastreadores o el perfil profesional escogido. En Atención Primaria de Gran Canaria, al equipo COVID, dedicado en exclusiva a la labor de rastreo de contactos, se han incorporado en las últimas fechas fisioterapeutas, odontólogos, trabajadores sociales o administrativos del SCS después de que se agotaran las listas de médicos y enfermeros. “Pero no noté ningún reproche”, ha declarado Beatriz González López Valcarcel, que solo estuvo en esa reunión del lunes dos horas.

Otras fuentes internas de la Consejería de Sanidad han apuntado a la negativa de Alberto Pazos a resolver un expediente vinculado con unas facturas a un proveedor de material de protección sanitaria debido a la escasa fiabilidad para uso médico de una partida de mascarillas procedentes de China. También a su oposición a destituir al gerente de Atención Primaria de Gran Canaria, el socialista Ricardo Redondas, para quien ya se había encontrado sustituto, Carlos Jorge Acosta, el anterior responsable del área. El aún director del SCS ha preferido guardar silencio al ser preguntado por los motivos que le han sido expuestos para justificar su destitución, limitándose a afirmar que las causas “han sido varias”.

Presidencia del Gobierno está sopesando qué hacer con un nombramiento que es urgente y que es una papa caliente. Contentar al PSOE renunciando a designar a Conrado Domínguez puede tensionar las relaciones con Nueva Canarias y su presidente, pero mantenerlo no solo quebrará aún más la relación de confianza del PSOE de Tenerife con Ángel Víctor Torres, sino que tensará las relaciones con Unidas Podemos. El regreso del veterano gestor al SCS podría provocar, además, un movimiento de piezas de cargos intermedios. En la rampa de salida se sitúan Jesús Morera, exconsejero de Sanidad y actual gerente del Hospital Doctor Negrín; Ricardo Redondas, gerente de Atención Primaria en Gran Canaria y cabeza visible de la Marea Blanca creada a finales de la pasada legislatura contra la “ola privatizadora” de Baltar y Domínguez, y Octavio Luis Jiménez, director general de Programas Asistenciales.

“El presidente lo tenía claro, había que sustituir a Alberto Pazos”, ha dicho una fuente de vicepresidencia del Gobierno. “Ángel Víctor Torres está secuestrado por Román Rodríguez”, replican desde el PSOE de Tenerife.