El Gobierno de Canarias solo certificó el año pasado 50.000 euros para carreteras en Tenerife

La ejecución de los fondos para carreteras avanza a un ritmo muy lento en Canarias, especialmente en la isla de Tenerife, donde se registran numerosos problemas de movilidad y un caos constante en el tráfico. El pasado año, el Gobierno regional certificó solo 50.000 euros en infraestructuras viarias en esa isla. Concretamente, estas partidas solo se destinaron a la obra del tercer carril de la TF-1 (tramo San Isidro-Las Américas, enlace Las Chafiras-Oroteanda). Un proyecto que se adjudicó el pasado mes de octubre sin esperar por la firma del convenio de carreteras con el Estado, pero cuyos trabajos apenas han avanzado.

En un documento de la Dirección General de Infraestructura Viaria facilitado a la diputada del PSOE Patricia Hernández, se detalla además que el conjunto de obras certificadas en toda Canarias en el año 2018 asciende a 24 millones de euros. A ello, según explica la socialista, habría que añadirle 5 millones que se gastó el Gobierno en la redacción de proyectos y 2,5 en el pago de expropiaciones. Unas cantidades que contrastan con las que podía disponer el Ejecutivo regional para todas las islas en materia de carreteras: 101 millones de la adenda del Convenio de Carreteras y otros 110 procedentes del 50% de gasto anticipado que permite la Consejería de Hacienda de los Presupuestos Generales del Estado.

Para solucionar los problemas de tráfico en la isla de Tenerife se ha puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar las conexiones en la TF-1 y la TF-5, con las obras del polémico Anillo Insular, trabajos que no han comenzado. El Consejo de Gobierno del pasado lunes 1 de abril aprobaba la autorización de un gasto plurianual de 6,2 millones de euros para financiar la contratación de los servicios de control y vigilancia de esta obra. El Ejecutivo explicaba entonces que el gasto plurianual para licitar la ejecución del proyecto fue autorizado el pasado mes de noviembre y que la obra se encuentra en proceso de licitación.

La gestión en materia de carreteras por parte del Gobierno de Canarias ha sido objeto de crítica por parte de la oposición. En la comparecencia de la semana pasada en el Parlamento de Canarias del consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez (CC), el PSOE le afeó precisamente este bajo grado de ejecución de las partidas. Entre los datos, resulta llamativo que haya islas en las que no se ha ejecutado ni un euro, como es el caso de El Hierro y otras en las que solo se han destinado 3.200 euros, como Lanzarote.

Por islas, es en Gran Canaria donde se ejecutó la mayor inversión: 8,9 millones. De esos fondos, 2,8 millones se destinaron a las obras de la IV fase de la  circunvalación, que une Tamaraceite con Arucas y 6,1 millones en obras complementarias a esa fase. Las mayores cantidades están certificadas en el mes de diciembre de 2018. Se trata de unas obras que ya se habían avanzado en los últimos años y esta última parte es fruto de un convenio suscrito en 2015 entre el Cabildo de la isla y el Ejecutivo regional, ante el incumplimiento del convenio de carreteras, entonces por parte del Gobierno del PP. Sin embargo, a pesar de los avances en esta vía, el año pasado no se certificó ni un euro para las obras de la tan reclamada carretera de La Aldea. La segunda fase, que une El Risco con el municipio de Agaete, se ha hecho esperar. El pasado mes de febrero se adjudicaban sus trabajos, pero aún no han dado comienzo.

En La Palma se ejecutaron 7,6 millones de euros el año pasado en la carretera LP-2, Bajamar-Tajuya, en el tramo Simón-Tajuya y en la LP-2, Los Llanos de Tazacorte, en el tramo de acceso al puerto. Las mayores cantidades también fueron certificadas a finales del pasado año. En Fuerteventura, el Gobierno gastó 5,4 millones en carreteras. Concretamente, se destinaron 1,9 millones al Eje Insular, en el tramo La Caldereta-Corralejo; 1 millón a las obras del corredor aeropuerto-Tarajalejo-Morrojable y 2,3 en obras complementarias.

En La Gomera, el Gobierno certificó el pasado año 1,8 millones de euros para las obras de acondicionamiento en la GM-1, para reparación de barreras de contención de vehículos y acondicionamiento de márgenes en esa misma vía, así como para el proyecto de eliminación de los sobrantes de asfalto de esa carretera.

El Gobierno de Canarias ha defendido en los últimos años que en materia de carreteras se ha producido un atraso debido a que no se había firmado el convenio con el Ejecutivo central y debido a los millones de euros que debía el Estado a esta comunidad autónoma, por los incumplimientos del Gobierno del PP. Unas partidas que CC logró que la Justicia le reconociera.

Se trata de una deuda que la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, considera que ha sido incluida en el superávit del año pasado por el ministerio, lo que entiende “gravísimo”. Por ello, ha enviado una carta a la ministra solicitando una reunión urgente. Para el diputado del PSOE en Canarias Iñaki Lavandera, sin embargo, de ser cierto que 500 millones del superávit de esta comunidad autónoma corresponden a la deuda en carreteras, no sería negativo porque el Estado estaría reconociéndole esos fondos a las Islas.

2019 avanza, se acercan las elecciones, pero los problemas de tráfico se acrecientan en las islas, sin que en estos cuatro años se hayan percibido cambios significantes. A la falta de inversión en aquellas carreteras que se han declarado claves para el Archipiélago, se le suma la necesidad de acelerar otras medidas de movilidad, que apuesten por el fomento del transporte público y potencien la red de carriles bici en todas las islas, entre otras iniciativas que permitan avanzar hacia un modelo más sostenible.