El Gobierno de Canarias ha anunciado este jueves que ha solicitado ya a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma un informe sobre la viabilidad de una reforma legislativa que permita establecer mecanismos para limitar la compra de viviendas por parte de capital extranjero en las islas. Hace menos de dos semanas todos los partidos que forman o apoyan al Gobierno canario (Coalición Canaria, PP, ASG y AHI) votaron en contra de una moción presentada por NC-BC que recogía precisamente la adopción de medidas para limitar la compra de viviendas a extranjeros. También votaron en contra de una moratoria turística, una ecotasa y promover de forma urgente medidas legislativas de política turística y urbanística para limitar el crecimiento turístico condicionado a las realidades insulares y a la existencia de servicios públicos.
Sin embargo ahora, en una nota remitida este jueves, el Gobierno de CC-PP obvia que votó en contra y explica que quiere que se debata sobre el tema en la Unión Europea. Para ello, argumenta que ya existen territorios comunitarios que cuentan con estas limitaciones a la compra de viviendas por parte de extranjeros, pero que su regulación es previa al ingreso en la Unión, y pone como ejemplo a Malta, que entró en la UE en 2005 y en la negociación y acuerdo posterior añadió una disposición que impide a los ciudadanos europeos comprar más de una vivienda en la isla a no ser que sean residentes en Malta durante más de cinco años.
Esta es, afirma, la única forma de conseguir la autorización, conocida como la Acquisition of Inmueble Property Act (aiP Permit). El Ejecutivo canario subraya que el Gobierno de La Valeta adoptó precisamente esta medida por el reducido tamaño y el peso del sector turístico en su economía.
El Gobierno canario también cita el caso de Finlandia, que para su entrada en la UE incluyó una restricción en la adquisición de terrenos o viviendas para archipiélago de las islas Aland. De esta forma, un europeo no finlandés necesita el permiso de las autoridades del país para comprar una propiedad.
Este estudio, afirma el Gobierno, es una de las primeras consecuencias de la celebración de la I Conferencia de Presidentes para abordar junto a los cabildos el reto demográfico, así como, el trabajo iniciado con los 46 municipios canarios de menos de 10.000 habitantes y a la agenda marcada por la Viceconsejería para el Reto Demográfico.
En los planes más inmediatos del Ejecutivo figura, además, introducir el debate sobre la saturación de población en las zonas turísticas, problema que comparten otros archipiélagos y núcleos costeros europeos.
Por este motivo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado formalmente a la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (CRPM) la celebración de un foro monográfico en Bruselas, liderado por Canarias, que “permita analizar la situación y consensuar respuestas conjuntas a problemas comunes como el de la superpoblación en estas zonas”.
“Canarias lleva nueve meses dando pasos para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, un camino que hemos iniciado ya con los cabildos y también con los ayuntamientos, pero es necesaria también la implicación del Estado y de la Unión Europea”, subrayó Clavijo. Sin embargo, hace menos de dos semanas, los partidos del Gobierno de Canarias votaron en el Parlamento regional en contra de una moción para, precisamente, controlar el crecimiento turístico y reorientar el modelo turístico hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental. La moción recogía muchas de las reivindicaciones exigidas por la población en las masivas manifestaciones del sábado 20A, pero solo una de las siete propuestas incluidas en el documento salió adelante, pese al voto contrario de Vox, y el resto fueron rechazadas. Eran medidas tales como una ecotasa, una moratoria turística o, precisamente, tomar medidas para limitar la compra de viviendas a extranjeros.
Más allá de las Islas
Pese a votar en contra, ahora Clavijo asegura que el desafío demográfico “es un asunto que trasciende más allá de las islas” y un “reto” que se comparte en mayor medida con otras islas y zonas costeras europeas “y que requiere de un debate también en el seno de la UE”.
El objetivo del Gobierno de Canarias con la convocatoria de este foro en Bruselas es, según el propio Ejecutivo, “marcarle la tarea” a la futura Comisión Europea que resulte elegida tras las elecciones y que las distintas fuerzas políticas incluyan la iniciativa en su hoja de ruta.
Esta sería la primera iniciativa liderada por Canarias para abordar el reto demográfico en la Unión Europea, que quiere abordar en la CRPM porque es el foro europeo en el que están presentes todas las zonas costeras e islas europeas, añade el Gobierno canario, que lanza el asunto a Bruselas mientras vota en contra de medidas para afrontarlo en el propio Parlamento regional.
El Ejecutivo dice confiar en que se pueda abrir el debate antes de la próxima Asamblea de esta organización el próximo año en Canarias, tal y como se acordó en la última reunión celebrada la pasada semana en Punta Delgada, Azores.
La CRPM es una organización, de la que forma parte Canarias, creada en 1973 y que reúne a 150 regiones marítimas y costeras de 24 estados de la Unión Europea que tiene como principal objetivo la cohesión social, económica y territorial de las islas y zonas marítimas europeas y su encaje en las políticas con un impacto territorial que emanan de la UE.