El Gobierno de Canarias valorará si se persona como acusación particular en el caso Koldo
El Gobierno de Canarias valorará si se persona como acusación particular en el denominado caso Koldo una vez que tenga identificada y agrupada toda la documentación respecto a la compra de mascarillas por parte de la sanidad canaria y sea analizada por sus Servicios Jurídicos.
Así lo ha expresado este lunes el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello (CC), tras la reunión del Consejo de Gobierno, afirmando que quienes tendrán “la última palabra” a este respecto serán los Servicios Jurídicos autonómicos y la Intervención General.
“Es un tema que estamos respondiendo a lo que nos van comunicando los juzgados, continuaremos analizando toda la información y en los próximos días la pondremos en manos de los servicios jurídicos para que la analicen”, ha explicado Cabello a preguntas de los medios de comunicación.
Ya desde la mañana de este lunes, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), aseguró a los periodistas que este caso “se combate con transparencia”, facilitando toda la información sobre los contratos, y que le “preocupa” que el nombre de Canarias esté “en los titulares del 'caso Koldo'”.
“Si se actuó bien o si actuó mal lo dirán los juzgados. Lo que tiene que haber es transparencia”, ha señalado Clavijo, para luego apuntar que su Ejecutivo no solo va a colaborar en las investigaciones en todo lo que se le requiera, sino que cree que es importante que los ciudadanos “sepan exactamente qué expedientes eran, cuánto fue lo que se compró y cuántas mascarillas” se adquirieron.
Por su parte, la consejera de Hacienda y Relaciones con la UE del Ejecutivo autonómico, Matilde Asián (PP), ha dicho que una de las medidas que se han tomado hasta ahora en el seno del Gobierno es digitalizar los expedientes.
“Si no están digitalizados, es muy difícil controlarlos”, ha indicado la consejera para después añadir que en el caso concreto del Servicio Canario de la Salud y de la Consejería de Sanidad “no están digitalizadas las actuaciones que desarrollan respecto a contratación y pagos”.
La segunda medida, ha dicho, tendrá que ver con poner la información que consigan sacar en manos de los Servicios Jurídicos y la Intervención General.
Sobre si se establecerán normas para evitar este tipo de situaciones en el futuro, Asián ha afirmado que todavía es “prematuro” pensar en cuáles podrían ser, pero que sí se establecerán algunas: “La primera va a ser analizar el preinforme de la Audiencia de Cuentas (el tribunal de cuentas autonómico), que no fue asumido en la votación en el seno del órgano porque se opusieron el PSOE y Nueva Canarias”.
“Queremos saber qué ha investigado la Audiencia, cuáles son sus conclusiones, para poder ser más eficaces en nuestras indagaciones y análisis”, ha concluido Asián
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