El Gobierno de Canarias vuelve a inflar los datos de la dependencia

Once años han pasado desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia con las estadísticas dejando permanentemente a Canarias en los peores puestos. Y lo que es más grave, mientras la población envejece no hay una estrategia clara de futuro. La mala gestión de Coalición Canaria desde sus inicios coloca una y otra vez al Archipiélago en el vagón de cola y, aunque es cierto que desde 2016 se perciben ligeros avances, los datos que presenta la Consejería de Políticas Sociales no concuerdan con los registrados en la página del IMSERSO, dependiente del Ministerio y que los desglosa por Comunidad Autónoma.

La última nota de prensa del Gobierno, del pasado 9 de julio, habla de 1.903 nuevas altas al sistema desde enero a mayo de 2018. Sin embargo, si se analizan los datos oficiales por comunidades autónomas se aprecia que han sido 638 las personas que resultan como nuevas beneficiarias en lo que va de año.

Concretamente, Canarias cerró diciembre de 2017 con un registro de 30.637 personas con derecho a ser atendidas en el marco de la Ley de Dependencia. De ellas, recibían algún tipo de prestación 19.417, por lo que la lista de espera se situaba en 11.220, es decir, a quienes a pesar de tener reconocido el derecho seguían esperando. Si se hace una comparativa con los cinco primeros meses de este año, los últimos datos que existen publicados reflejan que actualmente hay 30.535 personas con derecho a ser atendidas y 19.953 son beneficiarias del sistema, es decir, 10.535 personas siguen esperando. Si se hace una resta, se constata precisamente que la lista de espera se ha reducido este año en 638 personas y no en 1.903 como alude el Ejecutivo.

En las notas de prensa del Gobierno en las que se habla de mejoras en la Ley de Dependencia suele hacerse referencia a solicitudes que se han estudiado y a la incorporación de nuevos casos al sistema más que al dato de personas que ya con el derecho reconocido reciben la prestación. De poco sirve estar dada de alta en el sistema si no se está dando una respuesta a esa persona ni un tiempo estimado de cuándo va a ser atendida. De hecho, la exconsejera de la misma área hasta diciembre de 2016, Patricia Hernández (PSOE), ha reprochado que la Consejería utilice las cifras de “nuevas resoluciones estudiadas” ya que este nunca ha sido el parámetro para medir la mejoría de la dependencia. Así mismo, la actual diputada socialista y las personas que entonces componían su equipo en Políticas Sociales han acusado al Gobierno de mentir y han mostrado estos días como prueba los datos estatales en sus redes sociales.

Además, aunque se quisiera presumir de nuevas resoluciones admitidas en el sistema, lo cierto es que, de acuerdo a los datos oficiales, hay 12.465 demandantes que han entregado su solicitud y siguen esperando una valoración de su caso. Además, la ayuda puede llegar hasta tres años más tarde de haberse reconocido este derecho.

Una lista de espera que baja, pero de forma insuficiente

Si se desglosan año a año las cifras del IMSERSO, se aprecia que sí que es cierto que la lista de espera ha bajado en los últimos tres, como ya se recogía en el último dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia del pasado mes de marzo (a pesar de que volvía a suspender a esta comunidad autónoma con un 1,8 sobre una puntuación total de 10 en cuanto a gestión de este derecho). Sin embargo, no se mejora en la cantidad que el Ejecutivo refleja en sus comunicados. En el último hablaba de “10.846 nuevas altas de resoluciones de reconocimiento de prestación” en los últimos tres años, utilizando  de nuevo el parámetro de “altas en el sistema” y no de el de “beneficiarios”, que es el dato con el que de verdad se constata que la ayuda está llegando.

Los datos varían cada año ya que la mayoría de las personas que se acogen a este sistema tienen más de 80 años y como lleva denunciando la Asociación Estatal de Directores y Gerentes Sociales, en toda España mueren al día 100 dependientes esperando por la ayuda. A ello se le suma que muchas personas desisten de presentar la solicitud al ver que se tardan años en que se valore el caso y posteriormente pasar a ser beneficiaria por lo que la lista de espera tampoco es 100% real.

En 2016, la lista de espera superaba las 16.000 personas y ahora está por debajo de 11.000, por lo que se ha reducido en más de 5.000 la tasa de desatención, como ya advertía el informe estatal de marzo. Sin embargo, el reto que tiene por delante de la Consejería sigue siendo muy importante incluso aunque se maquillen los datos. Así mismo, el Gobierno habla de una gran mejora en el último año cunado la cifra récord de beneficiarios se produjo precisamente hace dos con la incorporación de 3.000 beneficiarios en un solo año.

El Observatorio ya ha advertido de que Canarias es una de las comunidades que menos invierte por habitante en dependencia y que la ligera mejora se debe en gran parte al sistema de cofinanciación con los cabildos. Recientemente el Consejo de Gobierno ha aprobado una mejora de presupuesto en esa línea que contempla 448,3 millones de euros para los próximos cuatro años para los acuerdos con los siete cabildos. Una gran parte de los recursos de este año están destinados a la construcción de nuevas plazas sociosanitarias, una necesidad indiscutible pero, según el informe del Observatorio Estatal, esta comunidad autónoma tiene descuidadas otras prestaciones de este sistema como la ayuda a domicilio. De hecho, manifestaba que es “preocupante” que la ayuda a domicilio no solo no crezca sino que se reduce ligeramente.

Cualquier pequeño avance en esta área es positivo pero sin una Ley de Servicios Sociales que los garantice con una ficha financiera el futuro de la Ley de Dependencia seguirá siendo incierto en Canarias y a merced de la voluntad de cada nuevo Gobierno. Partidos de la oposición como Nueva Canarias han sido muy insistentes con este asunto, primero pidiendo que una parte de los fondos del FDCAN se destinen a esta área y ahora exigiendo mayores partidas para salir del pozo en dependencia ya que el presidente regional no ha parado de alabar que la financiación de los últimos dos años con el Estado ha sido la mejor para las Islas que la de los últimos ejercicios.

Actualmente se sigue debatiendo en el Parlamento esta ley de Servicios Sociales, un documento que si no contempla un presupuesto suficiente que blinde este derecho terminará siendo papel mojado.