27 de diciembre de 2023. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, comparece en rueda de prensa junto a las consejeras de Sanidad, Esther Monzón, y de Bienestar Social, Candelaria Delgado, para anunciar el inicio de los trabajos que deben conducir a la aprobación de una estrategia de atención sociosanitaria en las Islas para colectivos especialmente vulnerables. Entre ellos, aluden de forma expresa a los pacientes con alta médica que ocupan cama en los hospitales públicos de las Islas porque no tienen adónde ir. En esa intervención, se fijan plazos. El plan estará disponible “en seis meses” (junio) y tendrá una vigencia “de 2024 a 2027”, reza la nota difundida por el Ejecutivo.
Diez meses después del anuncio y cuatro después de la fecha estipulada por el Gobierno para su puesta en marcha, el plan sigue sin ser aprobado. “Esperamos en los próximos meses poder presentar definitivamente esa estrategia”, ha señalado este martes el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, que desliza que el retraso sobre los plazos previstos se debe al compás de espera para conocer el contenido de las estrategias europea y española de “desinstitucionalización” de los cuidados, presentadas este verano.
En junio, la consejera del ramo, Candelaria Delgado, dijo en sede parlamentaria que se habían hecho “avances significativos” y que las consejerías implicadas ya se habían sentado para “redactar el documento definitivo”. Sin embargo, ya han transcurrido cuatro meses desde esas declaraciones y el documento aún no ha sido presentado.
Aunque la cifra exacta fluctúa “a diario”, según afirman desde la Consejería de Sanidad, en los últimos meses entre 500 y 600 pacientes con alta médica (la mayoría de avanzada edad) ocupan camas de agudos en los hospitales de las Islas. Hay varias causas. En ocasiones se trata de personas viven solas, sin ninguna red familiar o comunitaria de apoyo. En otras, sí tienen familiares, pero estos acaban claudicando al no sentirse respaldados por las instituciones para hacerse cargo de sus cuidados. También hay casos de abandono, aunque los profesionales de Trabajo Social insisten en que son minoritarios. Y, sobre todo, hay un déficit de plazas sociosanitarias en las Islas que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cifra en 9.400 en su último informe.
Los trabajadores del sector sanitario llevan años advirtiendo de que el bloqueo de camas por los denominados pacientes sociales (aquellas personas que viven en los hospitales con el alta médica y que precisan atención sociosanitaria) es una de las principales causas de los colapsos que se manifiestan en los servicios de urgencias. Colapsos que ya se han convertido en “estructurales”, tal y como han vuelto a denunciar estas últimas semanas en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), con pacientes que han tenido que esperar durante días sentados en sillas o butacas porque no había camas a las que ser derivados en las plantas de hospitalización del complejo de referencia del norte de Tenerife.
“No podemos dar soluciones paliativas al cambio estructural que está experimentando nuestra sociedad. Es indispensable que actuemos de forma preventiva y aunemos esfuerzos desde todos los departamentos de la administración y desde el sector privado”, decía el Gobierno de Canarias el pasado mes de diciembre, a través de una nota en la que ya se hablaba de la necesidad de “desinstitucionalizar” los cuidados de las personas mayores e impulsar la atención domiciliaria, entre otras propuestas.
La estrategia sociosanitaria que el Ejecutivo pretende aprobar “en los próximos meses” tiene como objetivo “planificar para los próximos ocho años cuál va a ser el itinerario” para mejorar la atención a mayores y dependientes, apunta Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social. “Dentro de ella hay muchísimas medidas relacionadas con la atención a nuestras personas mayores, a nuestras personas dependientes, que tienen que ir siempre en la misma línea que nos está indicando Europa y que nos está indicando el Estado, que es la desinstitucionalización e intentar que las personas puedan seguir siendo atendidas en sus viviendas”, afirma el alto cargo de Coalición Canaria (CC).
“Es objetivo para nosotros y para la Consejería de Sanidad intentar reducir el número de personas que están actualmente con alta médica en los hospitales porque no tienen quién se haga cargo de ellas”, insiste Candil. Ello pasa, en buena medida, por la creación de plazas sociosanitarias. El viceconsejero ha señalado que este mismo martes el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife han firmado un convenio para crear 181 nuevas plazas en la isla que estarán destinadas a personas con autismo y síndrome de Down y que se financiarán con 15 millones de euros de fondos europeos.
Para Candil, “es fundamental ejecutar y completar las inversiones” previstas en el plan de infraestructuras sociosanitarias para paliar el déficit de plazas en las Islas, además de “fortalecer” la atención domiciliaria, “un reto ineludible para los próximos años”.
Orden conjunta
En la pasada legislatura, el gobierno del llamado ‘pacto de las flores’ (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera) aprobó una orden conjunta entre las consejerías de Sanidad y Derechos Sociales para derivar a los pacientes con alta hospitalaria a centros sociosanitarios de tránsito hasta que pudieran obtener una plaza permanente dentro del sistema de Atención a la Dependencia.
Una de las soluciones que llegó a adoptar el Servicio Canario de Salud (SCS) fue trasladar a más de una veintena de pacientes sociales, personas mayores sin red de apoyos, a un complejo de apartamentos en Mogán, el Chatur Palmera Mar. Sin embargo, la Consejería de Sanidad acabó frenando estas derivaciones después de que la alcaldesa de aquel municipio, Onalia Bueno (Juntos por Mogán-CC), las calificara de “operaciones ilegales” e, incluso, promoviera la reforma de un plan de modernización turística para prohibir que un hotel o apartamento pudiera ser utilizado de forma provisional como residencia de mayores.
El nuevo equipo de gobierno, formado por CC y PP, manifestó a principios de la actual legislatura que uno de los objetivos de la mesa de coordinación sociosanitaria era revisar esa orden de 2022 para la derivación de pacientes sociosanitarios a centros de tránsito.