El Gobierno canario tumba la tasa turística del PSOE por “no poder distinguir” entre visitantes y residentes

El Consejo de Gobierno de Canarias ha mostrado este lunes su criterio desfavorable a la proposición de ley del PSOE presentada en el Parlamento regional para que en el archipiélago se aplique un impuesto por pernoctaciones a los turistas.

Esta posición del Gobierno de Canarias es similar a la expresada con ocasión de la propuesta anterior que en la misma línea había planteado Nueva Canarias en el Parlamento regional.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha explicado que la razón para oponerse es que el Gobierno entiende que en la aplicación de esa tasa o impuesto no se puede distinguir “entre quienes nos visitan y quienes son residentes”.

No está claro cómo afectaría a los residentes canarios que tengan que pernoctar en alojamientos por razones laborales o por razones sanitarias, ni el efecto sobre el turismo interior, según Alfonso Cabello. 

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León (PP), ya descartó el pasado mes de noviembre, y con los mismos argumentos ya utilizados anteriormente y ya superados en otras regiones turísticas, la implantación de un impuesto o tasa turística en las Islas, como ya aplican numerosos destinos por todo el mundo, porque “repercutiría en los residentes” del archipiélago y señaló que el Ejecutivo regional “no” quiere subir los impuestos a la clase media trabajadora de las islas.

La consejera ya incidió en que el Gobierno de Canarias “ha sido claro”, y que por lo tanto “no” quiere subir los impuestos a la clase media trabajadora del archipiélago y “mucho menos por que haga turismo” en las islas.

Añadió que este impuesto, en caso de aplicarse “no sería finalista, que es otra de las cuestiones que defendía Nueva Canarias y el Partido Socialista”, ya que dijo que como en otras comunidades autónomas “esto va a una bolsa común que nada tenía que ver con lo que inspiró esa ley, con el reflejo en lo que se ha ido ejecutando”. Cabe señalar que el impuesto se dedicaría a lo que decidiese el Gobierno de turno, con lo que aunque no sea finalista, sí puede destinarse a costear, por ejemplo, la gestión de residuos generados en zonas turísticas, mantenimiento de zonas protegidas, carreteras, depuración de aguas, etcétera, como ya ocurre en otros territorios, como Baleares.