El Gobierno de Canarias ha defendido este lunes que su estrategia en materia de vivienda, es decir, “la combinación” del decreto ley de medidas urgentes y la futura ley de vivienda vacacional, es más efectiva que la declaración de zonas tensionadas, una medida que por ahora no se ha aplicado en ningún municipio de las islas.
Así lo ha expresado en declaraciones a EFE el portavoz del ejecutivo canario, Alfonso Cabello, preguntado por el anuncio del Ayuntamiento de Adeje de que votará en el próximo pleno una moción para instar al Gobierno regional a que inicie los “estudios necesarios” para declarar al municipio zona tensionada.
Cabello ha indicado que el ejecutivo canario tendrá que “ir viniendo conforme vayan llegando” esas peticiones por parte de los municipios, y sobre la de Adeje ha indicado que por el momento “no sabemos si es una moción y va a ser meramente declarativa o si va a haber detrás un fundamento con una solicitud específica en base a la ley del suelo y de la nueva ley de vivienda”.
Ha abundado en que en el seno del Gobierno de Canarias “iremos analizando las diferentes casuísticas que se vayan dando”, sin aclarar si hay un posicionamiento a priori teniendo en cuenta que las comunidades autónomas gobernadas por el PP han anunciado que no recurrirán al mecanismo de control de precios del alquiler.
Alfonso Cabello ha indicado que la declaración de zona tensionada se basa en leyes de ámbito estatal que “lo que vienen a hacer básicamente es intentar fijar una recomendación a la hora de fijar los precios máximos”.
“Entendemos que esto obedece a la buena voluntad de muchas personas, y que este problema se soluciona con legislación más ejecutiva”, como la que, según él, ha promovido el Gobierno de Canarias con el decreto de medidas urgentes y la futura ley de vivienda vacacional.
La estrategia, construir más
Cabe recordar que el decreto de medidas urgentes no contempla ninguna mención a las más de 200.000 viviendas vacías que existen en las Islas, ni ninguna medida para evitar que las nuevas construcciones que pretende fomentar el decreto acaben en manos de grandes tenedores, destinadas a alquiler vacacional o se vendan a no residentes. La oposición al Gobierno y expertos en materia de vivienda, por su parte, han criticado que el decreto ley solo se haya consensuado con las patronales de la construcción y temen que acabe beneficiando a los constructores y no solucionando el problema del acceso a la vivienda, además de que, tal y como está planteado, no ofrece soluciones a corto plazo. El decreto se centra, a grandes rasgos, en construir más viviendas bajo la premisa de que si hay más oferta bajarán los precios, pero no se recogen medidas para garantizar que las nuevas construcciones lleguen a quienes las necesitan. Además, para aumentar esas construcciones se prevé poner más suelo a disposición de las constructoras, incluso suelo destinado a equipamientos municipales (como colegios, centros sanitarios o jardines, por ejemplo) e incluso se planteó la posibilidad de recalificar suelo rústico bajo el paraguas de la “emergencia”, una idea que fue tachada de “burrada” para favorecer los “pelotazos” y que finalmente no se incluyó en el decreto.
Respecto a la futura ley del alquiler turístico de viviendas, el propio Gobierno canario ha declarado que “no trata tanto de limitar el número [de pisos vacacionales] como de ordenar su ubicación y compatibilidad”. Pero no precisa aún cómo pretende hacerlo. El escrito simplemente habla de que debe establecerse una ordenación urbanística “cimentada” sobre indicadores de sostenibilidad (que no son detallados) y límites de cambio aceptables (de un alquiler de larga duración a uno turístico) en función de “la reserva de suelo para uso residencial” y el “nivel de presión humana o turística”.
Adeje quiere más construcción de viviendas
Cabello ha añadido que “en función del alcance en el momento que llegue -la petición de Adeje de declarar zona tensionada- valoraremos cuál es la reacción que debe haber por parte del Gobierno de Canarias”.
El portavoz del ejecutivo regional ha admitido que “hay determinadas zonas, municipios turísticos que están teniendo problemas, como Adeje o San Bartolomé de Tirajana, pero entendemos que la combinación de estas dos leyes y el trabajo conjunto con cabildos y ayuntamientos podrá ir descomprimiendo -el mercado- a lo largo de los próximos meses”.
El Ayuntamiento de Adeje ha anunciado este martes a través que el grupo de gobierno propondrá la declaración de zona tensionada para su aprobación en el próximo pleno municipal y luego se instará a la Comunidad Autónoma a realizar los estudios y análisis que inicien los trámites oportunos. El propio Ayuntamiento ha explicado que la declaración forma parte de un plan “más ambicioso” que pretende fomentar la construcción de más viviendas, poner más suelo disponible para construir y multiplicar el número de viviendas en Armeñime.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicó recientemente las resoluciones por las que se determina y aprueba el nuevo índice de precios de referencia para limitar los precios de los alquileres.
Este mecanismo de control de precios se dirige básicamente a grandes tenedores en zonas tensionadas y establece un sistema estatal de referencia basándose en los contratos actualmente vivos.
Para que se pueda aplicar es necesario la declaración de zonas tensionadas, que tienen que pedir las comunidades autónomas, quienes deben presentar otras medidas para corregir los desequilibrios.
Este índice también es de aplicación a las viviendas que se introduzcan en el mercado y que no hayan sido alquiladas en los últimos cinco años.
Por el contrario, cuando la vivienda ya esté arrendada en esa zona se referenciará al contrato anterior, aunque se podrán hacer algunos ajustes al alza. Para los pequeños propietarios existe un tope en las actualizaciones de los contratos del 3%.
De momento, Cataluña ha sido la única que ha pedido aplicarlo, aunque otras han manifestado verbalmente esta posibilidad como Navarra, Asturias o País Vasco. Las gobernadas por el PP, que ha recurrido dicha ley, no lo aplicarán. El pasado verano el Gobierno canario anunció que presentaría un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, pero finalmente no lo hizo porque expiró el plazo para hacerlo. Fue Alfonso Cabello quien en una rueda de prensa explicó que en el Ejecutivo pensaron que “agosto era un mes inhábil”.