LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 (EUROPA PRESS)
La viceconsejera de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, ha presentado hoy a la Comisión Técnica de Coordinación para la implantación de la Nueva Oficina Judicial la propuesta que ha elaborado el Ejecutivo regional para la implantación de este nuevo sistema funcional y organizativo en los partidos judiciales de Arrecife (Lanzarote) y Arona (Tenerife).
La documentación se ha elaborado a partir de las conclusiones de los grupos de trabajo que se constituyeron al efecto en ambos partidos judiciales, tras el acuerdo de la Comisión Técnica en septiembre de 2008, según informó el Ejecutivo regional en un comunicado.
Ahora, sus miembros, deberán estudiar su contenido y han sido emplazados para una próxima reunión, el próximo 23 de febrero, en la que “se plantearán dudas y aportaciones”, destacó Déniz.
Se trata de dos proyectos prolijos en datos de funcionamiento y organización, que permitirán definir, al detalle, las bases sobre las que se asentará la organización, en Canarias, de la Administración de Justicia del siglo XXI.
Para este cambio, todos los asistentes a la Comisión han coincidido en que es fundamental trabajar conjuntamente para que la transformación sea un éxito y redunde en una mejora del funcionamiento de nuestros juzgados así como del servicio público que presta a los ciudadanos. Asimismo, la viceconsejera destacó que uno de los acuerdos fundamentales ha sido potenciar la comunicación entre los operadores jurídicos y su formación.
“Con un proceso formativo y de comunicación adecuado los empleados públicos podrán desempeñar correctamente su función desde el primer día de la implantación de la Nueva Oficina Judicial”.
A la reunión de esta mañana asistieron, además y entre otro técnicos, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María Dolores Alonso; la secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), María Eugenia Calamita; los secretarios coordinadores de Tenerife, Lanzarote y La Palma, y Las Palmas; representantes de las organizaciones sindicales y dos magistrados, a propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tal y como se acordó en la última Comisión Mixta entre el Gobierno y el TSJC.