El grueso del caso Las Teresitas viene de camino de los juzgados de Tenerife después de que el Tribunal Supremo (TS) decidiera que sólo se iba a ocupar de la parte de esta trama que afecta al actual senador por la comunidad autónoma Miguel Zerolo. A partir de aquí, el sumario abierto para analizar todo lo ocurrido tras la compra de la playa por parte del Ayuntamiento en 2001 partió rumbo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que en el mes de julio del pasado año declaró su falta de competencia para continuar con las instrucciones dado que ninguno de los restantes doce imputados ostenta la condición de aforado.
Ahora, con fecha 19 de marzo, el TSJC ha decidido enviar las 20 cajas que contienen el voluminoso sumario resultado de más de siete años de investigaciones a los juzgados de instrucción tinerfeños. Entre la documentación remitida están los miles de folios sobre los que se ha levantado el secreto de sumario en dos ocasiones; la primera por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación y la segunda a finales de 2011 por la posible comisión de cohecho, sobreseída inicialmente. Además se han añadido nuevos documentos como son los aportados por el ex concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, sobre su relación con la empresa Acuigigantes que está siendo analizados en estos momentos por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) de la policía.
Hay que recordar que las investigaciones apuntaron a que el ex concejal puedo haber participado junto con Pedro Cobiella, presidente de Hospitén, en esta empresa dedicada a las actividades de piscicultura y acuicultura radicada en la República Dominicana. Los policías sospecharon que se utilizó a la mercantil Hospitén en este país, “para que Manuel Parejo ocultase o desviase dinero que podría haber obtenido por su participación en los hechos investigados”, en referencia a la adquisición por parte del Ayuntamiento del frente de la playa.
Pero también se incluye una rogatoria a México para investigar las posibles inversiones del periodista, Jorge Bethencourt, en ese país que aún está pendiente de ser respondida. Y es que aunque en su momento se le retiró la imputación al que ha sido considerado testaferro de Zerolo, la policía sospecha que ambos emprendieron negocios conjuntos en México junto con el ex consejero de Sanidad y de Presidencia del Gobierno canario, Julio Bonis, quien en este momento está residiendo en este país y el redactor del Plan General de Ordenación (PGO), Juan Palerm.
En concreto, se investigó un proyecto que llegó a presentarse en rueda de prensa junto con autoridades mexicanas conocido como Azul de Cortés, que consistía en la construcción de una urbanización en Baja California. Ahora Bonis participa en una iniciativa parecida en el mismo enclave con el conocido como emperador de los abortos, Guillermo Alfonso Sánchez Andrés. Bonis fue llamado a declarar en calidad de testigo y ahora ha anunciado que va a ejercer actuaciones judiciales que no se especifican.
Tampoco se ha resuelto el recurso de apelación presentado por los empresarios, Ignacio González y Antonio Plasencia y sus hijos, Pedro González y Carlos Antonio Plasencia, contra dieciséis resoluciones. Aparece también en la documentación la renuncia del hasta ahora abogado del colectivo Justicia y Sociedad, José Pérez Ventura, que participaba como acusación particular, junto con el letrado, Felipe Campos y la Asociación El Rincón.
Aparte, el resto de imputados por supuesta prevaricación y malversación de fondos son los ex concejales Parejo, Emilio Fresco del Partido Socialista Canario-PSOE y José Emilio García Gómez del Partido Popular (PP) y los funcionarios, Víctor Reyes, José Eugenio de Zárate, José Tomás Martín, José Luis Roca Gironés y Antonio Messía de Iraola.