Valentín Solano da por amortizado su mandato canario en el Cuerpo Nacional de Policía. El jefe superior ha presentado una solicitud para ocupar la plaza de consejero de Interior en la Embajada de España en Marruecos, que de ser concedida vendrá a cerrar una de las etapas policiales más convulsas en el Archipiélago, tras el cambio de gobierno en España en 2011.
Solano San Miguel, de quien este periódico intentó recabar la noche de este miércoles su versión sobre la decisión personal ya tomada, lleva año y medio en la Jefatura Superior de Policía de Canarias, cargo al que accedió en enero de 2012, tras las elecciones del 20-N que dieron el Gobierno de España al PP.
Las fuentes policiales consultadas dan por hecho que su marcha responde al hastío del jefe por cómo se encontró la Jefatura de dividida y politizada, y el manejo de la misma por parte de Sagrario de León, comisaria provincial y pareja de Antonio Jarabo, jefe superior en Baleares e íntimo amigo del Director Adjunto Operativo, número dos en Madrid, Eugenio Pino. Un triángulo en pinza que ha dejado sin margen de maniobra ni de decisión a Solano en Canarias.
Procedente de una jefatura provincial como la de Teruel, con apenas 130 policías frente a la plantilla de 4.500 funcionarios con que cuenta Canarias, la politización de parte de la cúpula y el enconamiento interno que provocó que durante unos pocos años la Policía se dedicara, por vez primera en su historia, a perseguir delitos de corrupción política, fue el panorama con el que se encontró Solano a su llegada. Y el que dejará de conseguir su plaza en Rabat, que le reportará un destino sin sobresaltos y el doble de remunerado que en España.
En estos 18 meses, el jefe superior ha debido lidiar, sin éxito, con enfrentamientos internos, presiones desde el Consejo de Ministros para represaliar a investigadores de la corrupción del PP canario, una alta conflictividad laboral con denuncias directas por parte de los sindicatos sindicales, operaciones fallidas contra el narcotráfico, como la de la cofradía de pescadores de Mogán, o escándalos de inspectores detenidos por su relación con el tráfico de drogas o comisarios condenados por conducir borrachos.
A todo ese cóctel explosivo se añade el nombramiento como comisaria de la provincia de Las Palmas de Sagrario de León, una mujer en la que el jefe superior ha delegado casi todo el manejo interno de la Policía en la isla de Gran Canaria, donde precisamente se procedió en mayor medida a investigar entre 2004 y 2010 casos de corrupción del Partido Popular, y tras lo cual la comisaria provincial ejecutó el plan de represalias internas, denunciado en su día por la cúpula nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP).
Bajo la Jefatura de Solano, por ejemplo, un inspector de la Brigada Provincial de Información encargado de los casos Faycán y Góndola, de corrupción del PP en los municipios de Telde y Mogán, fue degradado a patrullar las calles de Las Palmas de Gran Canaria en una unidad de Seguridad Ciudadana, o el propio secretario regional del SUP perdió su puesto de comisario del Distrito Norte de la capital, por órdenes de la comisaria provincial, al haber salido en defensa de la anterior jefa superior, Concepción de Vega, cuando arreciaban los ataques del PP a la cúpula de la Policía por las investigaciones en sus ayuntamientos.
La conflictividad interna no sólo se ha centrado en quienes sacaron a la luz los trapos sucios del partido del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, sino también en la vuelta de los modos del ordeno y mando en la Casa y en la calle: agentes expedientados en las unidades de Prevención y Reacción (UPR) por jefes dispuestos a elevar en exceso el ratio de intervenciones en las calles, o acosos laborales y otros cargos aún por aclarar en algunas de las comisarías de las islas orientales de la provincia de Las Palmas.
A todo ello, los casos de las comisarias de Arrecife, en Lanzarote, y Puerto del Rosario, en Fuerteventura, han venido estas últimas semanas a manchar aún más la pésima imagen que da el Cuerpo en las Islas. Según las fuentes policiales consultadas, todavía nada se sabe del expediente disciplinario que debe pesar sobre el comisario de Arrecife, con condena en firme por conducir borracho cuando era el jefe de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial (UCOT) y número dos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
El penúltimo escándalo interno ha sido la detención, el viernes pasado, de un inspector destinado en el puesto fronterizo de Puerto del Rosario, la capital majorera, implicado en la trama de narcotráfico por la que cinco guardias civiles se encuentran en prisión provisional.
Con una orden de alejamiento de la isla por sus presuntas coacciones y amenazas a víctimas y testigos, el inspector fue premiado por su comisario con un mes de vacaciones, sin que desde la capital grancanaria la comisaria provincial o el jefe superior lo hayan evitado, con la consiguiente indignación interna.
La noticia de la petición de traslado del jefe superior de Policía de Canarias ha caído como una bomba la noche de este miércoles en puestos clave de la Supercomisaría de Las Palmas, donde ya se barajan las alternativas al puesto, de producirse, después del verano, la baja definitiva.
En el caso de Canarias, solo dos comisarios principales pueden aspirar a ser jefe superior: el actual Jefe regional de Operaciones (antiguo UCOT), José Luis Lázaro, en la antesala de la jubilación, o el comisario provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Rodríguez Chico. En teoría, sería el UCOT como número dos quien asumiría el cargo en funciones hasta que la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil tomase una decisión final.