El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, ha insinuado este viernes que el presidente de España, Pedro Sánchez, está utilizando a la Fiscalía General del Estado contra su homólogo en Canarias, Fernando Clavijo, denunciado por el conocido como caso Grúas por su gestión cuando estaba al frente del Ayuntamiento de La Laguna.
En declaraciones a la Cadena Cope, Barragán ha señalado que la causa está sufriendo “retrasos indebidos en el informe que debía haberse aportado por la Fiscalía desde hace bastante tiempo” y entiende que esto sucede “una vez que hay cambio de Gobierno en el Estado”.
“Hay un cambio de posición en el informe de la Fiscalía” insiste el consejero, que entiende que esto es algo “incomprensible” y por ello el presidente autonómico presentó el pasado lunes un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) reclamando un pronunciamiento ante la inminente entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que pone fin al aforamiento de los miembros del Ejecutivo y los diputados autonómicos. Tras la entrada de este escrito, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC dio un plazo improrrogable de cinco días al Ministerio Fiscal para que informe sobre la posible imputación.
Barragán insiste en que la Fiscalía General de Canarias, que no se ha pronunciado todavía a pesar de que la causa fue elevada al TSJC en agosto, no está “estudiando el tema desde nuevo” porque “tiene material como para que ese pronunciamiento se haya hecho antes”. “Tiene un expediente a su vista y tiene unos informes anteriores de la propia Fiscalía (…), si está en perfecta coordinación con la Fiscalía General del Estado más me preocupa porque todo esto se ha dado después del cambio de Gobierno y el cambio en la Fiscalía a nivel del Estado, espero que no haya ninguna coincidencia, pero más me preocupa que haya una acción por parte de la Fiscalía de retrasar este tema sine die hasta aprobar el Estatuto y que esa haya sido la operatividad durante todo este tiempo precisamente para no tener que emitir el informe”.
La jueza titular del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, Celia Blanco, remitió el pasado mes de agosto al TSJC una exposición razonada indicando la conveniencia de llamar a declarar como investigado al presidente del Gobierno, una vez el fiscal responsable de la causa había apreciado indicios de delito en los actos protagonizados por Fernando Clavijo durante su etapa de concejal de Seguridad y luego alcalde de aquella ciudad. La causa recayó en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, formada por su presidente, Antonio Doreste, y las magistradas Carla Bellini y Margarita Varona. La sala trasladó el escrito de la jueza de instrucción a la Fiscalía, que encomendó al fiscal Demetrio Pintado un pronunciamiento respecto a la posible imputación del presidente autonómico. Desde entonces la Fiscalía no ha hecho público su pronunciamiento, que en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria se da por elaborado y consultado con la Fiscalía General del Estado.
“¡Qué curioso que el cambio de posición de la Fiscalía en el juzgado de La Laguna se diera después de que hubiera cambio en el Gobierno del Estado y que este retraso se vuelva a dar ahora en esta situación!”, insistió Barragán, que defendió que “son hechos que están ahí y que podrán ser coincidentes o no, pero ahí están”.
El consejero de Justicia ha descartado que los retrasos se deban a acumulación de trabajo, algo que señaló no constarle. “Los rumores dicen que ese informe está emitido por parte de quien lo tenía que hacer en la Fiscalía desde principios de abril y estamos a principios de noviembre. Por lo tanto, para dar un visto bueno desde la Fiscalía General del Estado dentro de esa coordinación que se dice que tiene que existir, han pasado demasiados días”.
Barragán entiende que si esto se pudiera confirmar “estaríamos ante una actuación indebida por parte de la Fiscalía en el ámbito del Estado”, para después apuntar que sus acusaciones son sin “datos”. “No podemos hacer una afirmación de esa envergadura en estos momentos. Lo único que sabemos es que esos son los hechos, lo cierto es que es un hecho incuestionable”.
El PSOE pide a Barragán que pruebe en el Parlamento las insinuaciones
En la misma emisora y tras la intervención de Barragán, el diputado del PSOE Gustavo Matos ha rechazo las insinuaciones del consejero de Justicia, que considera de “extrema gravedad”. Por ello, ha anunciado que pedirá su comparecencia en el Parlamento de Canarias para que dé explicaciones y aporte pruebas.
“Insinuar que lo que esté ocurriendo con el escrito de calificación sobre la posible imputación del presidente tiene que ver con que en estos momentos gobiernen los socialistas en el Estado, es intolerable”, ha dicho Matos.
El diputado socialista, miembro de la dirección regional del PSOE, subrayó que aún “más grave” es que se pueda pensar que, teniendo en cuenta la argumentación de Barragán, Coalición Canaria no haya aprobado la moción de censura contra Mariano Rajoy precisamente porque este es el concepto que tiene sobre la Fiscalía. “Lo que están diciendo es que a cualquier precio y de cualquier manera quieren que el presidente siga acogiéndose a un privilegio que es el de continuar siendo aforado”.
El diputado del PSOE recordó que desde que entre en vigor el Estatuto de Autonomía, Fernando Clavijo dejará de ser aforado, por lo que si el TSJC no decide rápido si finalmente el presidente es imputado por el caso Grúas o se declara el sobreseimiento de la causa, será investigado y juzgado como cualquier ciudadano en el Juzgado de Instrucción de La laguna y, “de ahí, las prisas de Coalición Canaria”.
Matos señala que el presidente ni ningún miembro de la Cámara regional perderá garantías por ello y que si él fuera juzgado le daría igual, pero al partido de Clavijo ha demostrado que sí le importa.
Clavijo y dos de sus concejales, uno de ellos su sustituto al frente de la alcaldía (todos ellos de Coalición Canaria), fueron denunciados por varios concejales de la oposición por las gestiones que realizaron con la empresa municipal de retirada de vehículos de La Laguna, primero privatizándola, luego presionando para que quedara en manos de sus empleados (algunos de ellos amigos de Clavijo), luego concediéndole un préstamo con fondos municipales y finalmente ampliándole la concesión en lugar de rescatarla cuando presentaba ruina. Todo ello de espaldas a los informes del interventor del Ayuntamiento. El actual alcalde y el portavoz de Coalición Canaria se encuentran ya imputados.