El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado este viernes que la Fiscalía no cumpla con los plazos al tardar tres meses en emitir un informe en el que aclare si lo imputa o no en el denominado caso Grúas, y ha vuelto a pedir el sobreseimiento.
Fernando Clavijo, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que sus abogados han presentado dos escritos, uno de ellos en el que ponen de manifiesto la dilación en los informes de la Fiscalía y su actuación que no la consideran “adecuada” porque se vulneran sus derechos al no cumplir con los plazos ni informar de cuando se cambia de criterio, lo cual podría incurrir en un posible retardo malicioso.
El otro informe solicita el sobreseimiento del caso Grúas, relacionado con este servicio en el Ayuntamiento de La Laguna cuando el presidente de Canarias era concejal y posteriormente alcalde de este municipio, debido a que “los dos aspectos que la Fiscalía detectaba están perfectamente acreditados en el expediente desde su origen”.
El presidente ha reclamado celeridad en el proceso, ante la inminente entrada en vigor de la ley orgánica que promulga el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que acaba con los aforamientos de miembros del gobierno y parlamentarios.
“Hasta ahora no he hecho ninguna acción ni ningún pronunciamiento porque mi prioridad era que el Estatuto se aprobase”, ha manifestado Clavijo, quien, ante la vulneración de sus derechos, ha denunciado esta situación “injusta con ”total tranquilidad“.
Respecto al supuesto retraso del informe de la Fiscalía, ha afirmado que el Ministerio público tiene que cumplir con los plazos “exactamente igual que los ciudadanos normales y corrientes porque es una parte”.
“No tenemos capacidad para urgir a la Fiscalía”, ha manifestado Clavijo, quien ha precisado que la denuncia no fue realizada por un ciudadano sino por dos partidos políticos que tienen “una única finalidad” y es dañar su imagen.
En su opinión, si la justicia se dilata tanto tiempo al final dará igual qué ocurra porque el daño ya estará ocasionado.
Sobre la recusación presentada por Unidos se puede contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Antonio Doreste, por su participación en el “intento de mantener los privilegios de aforamiento” del presidente del Gobierno canario dentro del caso grúas, ha asegurado que con ella tratan de amedrentar a través de los medios de comunicación, lo cual ha dicho que no beneficia a la democracia ni a la justicia.
Ha denunciado que Unidos se puede ya ha “amenazado” en los medios de comunicación a los magistrados e, incluso, a la Fiscalía para que se plieguen a lo que ellos consideran y también ha presionado con vigilar de cerca la actuación de Doreste y ha cuestionado el papel del fiscal.
Los partidos Unidos se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias, en la oposición del Ayuntamiento lagunero, denunciaron presuntas irregularidades en la concesión en 2014 a la empresa adjudicatoria del servicio de retirada de vehículos de la vía pública de un préstamo de 120.000 euros para solventar los graves problemas que tenía.
Aunque la juez archivó en su momento el caso, la Audiencia Provincial ordenó la apertura del caso tras aceptar el recurso de los partidos denunciantes.