Eduardo Goig rellenó su hoja de servicios en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al concluir 2012 tras unos meses agitados, en los que el grupo de Gobierno del Partido Popular escenificó su enfrentamiento con el veterano interventor, a quien acusaba de obstaculizar la gestión municipal con sus constantes reparos a los expedientes administrativos. Este viernes no se sentó a la izquierda del alcalde, puesto que había ocupado los últimos viernes de cada mes desde hacía algo más de diez años, pero aún así se erigió en uno de los protagonistas de la sesión plenaria en las Casas Consistoriales.
Y es que Claudio Alberto Rivero, director de Gobierno de Presidencia y Seguridad y principal emisor de las críticas hacia el interventor, llevó al pleno por la vía de urgencia una modificación del acuerdo adoptado el pasado 21 de diciembre por el que se reducían, precisamente, las retribuciones del propio interventor y de la secretaria municipal para equipararlos a los emolumentos de los órganos directivos de la administración local, una decisión que, en su momento, fue calificada por el PSOE como una “vendetta política”.
Rivero reconoció que durante la tramitación del expediente que se presentó en el pleno de diciembre, también por la vía de urgencia, se produjo un error que ha impedido que el personal funcionario, donde están incluidos los órganos directivos, y los trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza, vinculados a la Gerencia, cobren sus nóminas de enero a tiempo.
Este expediente contó con el reparo del interventor, que expresó su discrepancia con la medida adoptada por el órgano gestor. Fue el alcalde, Juan José Cardona, quien resolvió estas diferencias pese a no tener competencias, lo que ha obligado al Partido Popular, en uso de su mayoría plenaria, a revocar el acuerdo, levantar el reparo del interventor y volver a adoptar el acuerdo.
El director de Gobierno de Presidencia, que informó a los trabajadores de la incidencia detectada el pasado miércoles a través de un comunicado interno difundido este jueves, volvió a pedir disculpas en nombre de la corporación por el retraso en el pago de las nóminas, aunque aseguró que las consecuencias son “muy limitadas” porque la demora es de tan solo dos días.
Para Isabel Mena, portavoz socialista en el Ayuntamiento, esta actuación del Gobierno municipal ha puesto de manifiesto la “falta de respeto” del PP hacia los altos funcionarios, despejando sus objeciones al expediente “con una respuesta malcriada”. La concejal del PSC reclamó durante la sesión que fuera el alcalde quien pidiera disculpas a los trabajadores municipales y acusó a Claudio Alberto Rivero de “dar lecciones y tratar a la oposición de imbécil” cuando, añadió, ya en el pleno del 21 de diciembre advirtieron que el expediente “estaba mal”.
José Eduardo Ramírez, edil de Nueva Canarias, fue más allá al afirmar que, ante un perjuicio como este, ocasionado por un error en la resolución de las discrepancias con el interventor, “no solo se pide perdón, también se dimite”. La portavoz de Compromiso por Gran Canaria, Nardy Barrios, concluyó que Claudio Alberto Rivero “no sabe tramitar expedientes”, ya que, a su juicio, todos llegan “con graves problemas”.
El director de Gobierno de Presidencia finalizó su intervención respondiendo a la alusión de Mena y aleccionando a los concejales sobre cómo subsanar su propio error.