14 millones de la Prestación Canaria de Inserción se quedarán sin gastar por falta de personal y retrasos burocráticos
Más de 14 millones de euros previstos para las personas que tienen derecho a solicitar la Prestación Canaria de Inserción (PCI) se quedarán sin gastar este 2019. La causa es la incapacidad de poder gestionar ese dinero debido a diversos factores como la falta de personal y la tardanza en el pago a los ayuntamientos. La actual Consejería de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Juventud asegura que de cara al próximo ejercicio se están agilizando los convenios plurianuales con los consistorios para que desde el 1 de enero ya puedan contratar a personal que se dedique a tramitar esta prestación.
El director de Derechos Sociales del Gobierno regional, Jonás González, explica que esta situación se ha producido por un cúmulo de factores. Señala que el anterior Gobierno de Coalición Canaria no transfirió los 7 millones de euros previstos para que los ayuntamientos contrataran personal específico para tramitar la PCI hasta abril. En mayo, una vez que los consistorios disponían del dinero, tuvieron que realizar los trámites para contratar personal, pero en muchos casos el tiempo se echó encima. Otra segunda dificultad que menciona son los problemas informáticos con los que asegura que se ha encontrado el equipo de la nueva consejería.
El Gobierno de Canarias, al no contar con tantas solicitudes por estos incidentes, se ha visto con más de 14 millones de euros que no puede gastar para este fin y que terminarán en superávit. A pesar de ello, en el próximo ejercicio la PCI contará con un aumento de presupuesto. Si en 2019 estaba dotada de 55 millones, el próximo año contará con 75. “Lo que hemos hecho es sacar el plan concertado del año que viene de manera anticipada”, aclara Jonás González.
La PCI es una ayuda económica que perciben durante dos años las personas en riesgo de exclusión. Actualmente, son beneficiarias 6.400 unidades de convivencia, unas 15.000 personas. Canarias es la comunidad autónoma con la cifra personas en esta situación más alta (29%) y con uno de los datos de pobreza más elevados de todo el país. De hecho, más de 600.000 personas se encuentran en riesgo de exclusión social según los últimos datos del informe Foessa.
Llegar a las 14.000 PCI en 2020
Llegar a las 14.000 PCI en 2020La previsión es que el próximo año no solo no sobre dinero sino que se puedan ver beneficiadas más familias. Todas las personas que perciben actualmente la PCI, según la ley actual, no pueden volver a cobrarla, es decir, quien cobró la PCI en 2017 hasta 2019 ya no la puede renovar. Hay unas 50.000 familias que han cobrado la PCI estos diez años y que no pueden volver a cobrar. Por ello, se están buscando fórmulas. “Vamos a cambiar la ley de presupuesto para que a partir del 1 de enero puedan volver a cobrar la PCI las unidades de convivencia que ya la cobraron pero que tengan menores a cargo. Solo ese colectivo son 5.600 unidades de convivencia aproximadamente”, aclara el director de Derechos Sociales.
La idea, explica González, es que 5.600 familias sigan percibiendola el año que viene, además de que quienes no lo han cobrado nunca puedan hacerlo también. “Un escenario en el que nos podamos acercar a las 14.000 PCI, de manera que no sobraría el dinero y, para ello, se ha ampliado a 75 millones de euros”, subraya.
Otro de los retos para el próximo año es conseguir que los trámites sean más sencillos. Para mejorar el programa informático, apunta que se está trabajando con la Dirección de Modernización del Gobierno de Canarias para agilizar los procedimientos. En 2020, la Consejería transferirá dos millones de euros más a los ayuntamientos para que puedan contratar personal y además anuncia un Plan de Choque contra la Pobreza en el que reforzarán de plantilla a la Consejería también para este fin.
El Gobierno regional además se ha fijado como objetivo instaurar en las islas una renta ciudadana y para ello ya han dado un primer paso reuniendo en las islas a voces expertas de diferentes comunidades autónomas que ya tienen implantada una renta mínima y programas de inclusión de interés. A finales de 2020 se espera que esta renta sea una realidad y ayude a combatir las tasas de pobreza y exclusión.
