El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha calificado de “preocupante” el proyecto de nueva Ley del Suelo elaborado por el Gobierno Autónomo (CC-PSOE), porque, según ha dicho, provocará una “judicialización del urbanismo” si no es modificado.
Esa -ha subrayado- es una de las razones por las que el Cabildo que preside ha presentado alegaciones al texto.
Un proyecto normativo que, además de abocar a los tribunales cualquier elemento de planeamiento que promueva un ayuntamiento si otra administración está en desacuerdo con él, al prever la desaparición de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), “pone en riesgo el suelo rústico” y “cuestiona el papel de los cabildos”, ha sostenido Morales.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas antes de ofrecer una conferencia en el Foro SER Canarias, invitado por esa emisora radiofónica a hablar de los proyectos de su equipo de gobierno, y ha argumentado que han presentado alegaciones a esa norma, entre otras cosas, por creer que carece de “una visión del territorio global”.
“Por eso defendemos que la COTMAC no debe desaparecer, que se la debe dotar de los medios necesarios, porque no queremos que se sustituya la COTMAC por 88 cotmacs, una en cada municipio”, como prevé el proyecto de ley al establecer que cada ayuntamiento debería dotarse de un equipo técnico como el de dicha comisión para evaluar si los planes urbanísticos se elaboran correctamente, ha dicho.
Y ha añadido que su corporación considera que, “por otra parte, debe haber una visión también de la isla, del conjunto de la isla”, que no existe en el texto del Gobierno Autónomo porque en él “se vacían de contenido las competencias de los cabildos” en materia de planteamiento.
En consecuencia, Morales ha dicho apostar por dialogar sobre la futura ley y por que se acepten las propuestas de modificaciones hechas, entre otros, por el Cabildo de Gran Canaria.
Ya que “es bueno que se abra un debate en la sociedad, que hagamos aportaciones de las administraciones públicas” y, en definitiva, “que pactemos, que consensuemos entre toda la sociedad canaria” la nueva norma, ha sostenido.