La formación nacionalista Nueva Canarias (NC) ha solicitado la presencia en el Parlamento de Canarias del Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, con el fin de que explique “las demoledoras conclusiones” del informe hecho sobre la gestión de la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, en los siete años de vigencia de la ley de la dependencia.
Según expresa en un comunicado el partido nacionalista, los diputados Román Rodríguez y Carmen Hernández equiparan las citadas conclusiones del informe de Saavedra con una moción de censura al Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Socialista presidido por Paulino Rivero, responsable “único” de mantener a Rojas al frente de este departamento durante los siete años de su Presidencia y de vigencia de la norma referida.
Los diputados del Grupo Mixto han remitido un escrito a la Mesa de la Cámara donde, al amparo del artículo 194.4 del reglamento sobre los informes especiales del Diputado del Común, solicita que se tramite en pleno, “con carácter de urgencia”, la comparecencia de Saavedra para explicar el informe “extraordinario” sobre la aplicación en Canarias de la ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Personas en Situación de dependencia a los iste años de su entrada en vigor.
Así, ante la “gravedad” de las conclusiones evacuadas, Hernández y Rodríguez consideran “necesario” que el Diputado del Común exponga en el Legislativo unas resoluciones que ratifican las denuncias de NC acerca de la “fracasada, negligente e irresponsable” gestión de Inés Rojas.
El trabajo de la Diputación del Común se suma al del Tribunal de Cuentas, el Sistema estatal para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), los 12 informes de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, la Defensora del Pueblo, las denuncias de las familias y personas afectadas y la decisión del PP canario de reprobar a Rojas además de las críticas de significados dirigentes de CC y el PSOE.
Este partido además cree que las 10 conclusiones del informe especial no dejan lugar a la duda sobre el “negligente” trabajo realizado por la consejera. En opinión de Rodríguez y Hernández “no puede ser” que todos los organismos anteriormente citados cuestionen la conveniencia de mantener a Rojas y Paulino Rivero “desoiga a todo el espectro profesional, social y político, estatal y canario”.
“Suya es la responsabilidad”, añadieron los diputados nacionalistas, de las consecuencias derivadas de la existencia de 12.446 solicitudes a las que se les ha reconocido el derecho a percibir una prestación económica o alguno de los servicios pero que no la reciben. En el mismo sentido se refirieron al decir que hay 25.674 expedientes pendientes de resolución, que necesitan más de 300 días, cuatro meses más de los autorizados, para su tramitación y resolución así como los más de 3.432 solicitantes fallecidos entre 2010 y 2013.