El Parlamento canario acuerda definir las zonas turísticas saturadas de las Islas sin concretar aún los indicadores para ello

El Parlamento de Canarias ha acordado esta tarde, a instancias de una proposición no de ley de Sí Podemos Canarias, definir las zonas turísticas saturadas de las Islas con vistas a regular el impacto del turismo en la población local. El diputado de la formación morada Francisco Déniz ha recordado que, en otras comunidades, la definición de este tipo de regiones ha significado la prohibición de instalar nuevas plazas alojativas, como si de una moratoria se tratara, pero no ha detallado qué indicadores conllevarían a un emplazamiento del Archipiélago a ser declarado como tal. 

La propuesta ha contado con el voto a favor de todos los partidos que conforman el Gobierno regional, PSOE, Podemos, ASG y Nueva Canarias, y el rechazo de PP y CC. Curiosamente, la legislación autonómica contempla la previsión de la declaración de zona turística saturada, como así ha hecho recientemente Lanzarote. Pero esa proclamación queda en papel mojado al no haberse especificado los efectos jurídicos de algo así en las Islas. La iniciativa impulsada por Podemos pretende modificar la Ley de Ordenación del Turismo y resolver de una vez estas cuestiones.

“Nos encontramos ante una legislación regional que contempla la declaración de zonas saturadas sin disponer de los procedimientos para llevarla a cabo. Y no podemos estar esperando por un plan general de ordenación del territorio que tarda en hacerse entre 10 y 15 años. Cuando hay situaciones sobrevenidas, los cabildos o ayuntamientos [deberían] tener la capacidad para nombrar estas zonas”, dijo Déniz en el Parlamento autonómico.

La principal duda se centra ahora en determinar qué es una “zona turística saturada”. En Baleares, por ejemplo, donde sí se regulan dentro del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos de Mallorca (PIAT), son los espacios turísticos “en los que se sobrepasa el límite de oferta máxima” o que “registran una demanda que causa problemas medioambientales detectados en base a los indicadores [establecidos]”.

En Canarias, sin embargo, apenas existen datos para ello, según consta en el informe Sostenibilidad del Turismo en Canarias, elaborado en colaboración por las universidades del Archipiélago, que precisamente destaca que para cierto temas, como la gestión de las aguas residuales, solo se dispone de cifras obtenidas de trabajos de investigación ocasionales.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE, Iñaki Lavandera, ha mencionado que “la realidad en cada isla es totalmente diferente, y esta decisión [la de declarar zonas saturadas] debe enfocarse desde la cogobernanza y la capacidad de carga”. Pero esto último, precisado por cada territorio isleño en los planes de ordenación insular, también cuenta con objeciones.  

Una a una, las Islas han ido estableciendo topes a la oferta turística. En Fuerteventura, el máximo decretado es de 106.808 plazas, habiendo actualmente 80.536. En Lanzarote, los números son de 97.525 y 90.308, respectivamente. Gran Canaria cuenta con 163.967 camas (incluye también viviendas vacacionales) y un límite de 261.588. En Tenerife, el dato es de 196.088 plazas, pero el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística no fija ningún umbral. La Gomera, por otro lado, cuenta 5.041 camas y un máximo de 8.688, mientras que La Palma, con 16.065 y 25.500, y El Hierro, con 2.644 y 2.079, completan el resto de la comunidad.

Los datos por sí solos no dicen mucho. De hecho, un estudio encargado por la Consejería de Turismo del Ejecutivo autonómico sugiere que la metodología empleada para la estimación de la capacidad de carga de cada isla es “dispar” y sus conclusiones son “poco determinantes para valorar la situación actual (…) y sobre los posibles efectos futuros derivados del aumento de la oferta alojativa”. El documento no escatima en afirmar que algunas predicciones “presentan una visión complaciente y optimista ante la capacidad del territorio para acoger nueva oferta” y, en definitiva, el análisis se hizo únicamente “como cumplimiento de un requisito normativo”.

En Gran Canaria, sin ir más lejos, a pesar de que el límite estimado por el Cabildo insular es de 260.000 plazas, el mismo equipo redactor del plan de ordenación, recientemente aprobado, advierte de que 160.000 ya serían más que suficiente, pues todo lo que se construya por encima de eso debería incorporar “mejoras que permitiesen conservar una capacidad de carga adecuada” para evitar una “presión sobre el territorio que este no pueda asumir”. Las conclusiones expuestas dejan al Archipiélago en una especie de limbo sobre cuánto puede crecer y cuánto no. Y, por tanto, sin una guía específica de cómo nombrar a una zona turística saturada.

El ejemplo más práctico vuelve a ser Baleares, últimamente un paso por delante a Canarias en lo que respecta al turismo sostenible. Allí, la declaración de regiones de este tipo se realiza en base a criterios objetivos de obsolescencia y sobrecarga, como la antigüedad de los tejidos urbanos y de los edificios, los proyectos de mejora o renovación, la categoría media de los establecimientos turísticos, la densidad de plazas por zona, el porcentaje de viviendas principales y segundas residencias o la detección de problemas ambientales como, por ejemplo, la capacidad de depuración.

“La introducción de estos criterios de evaluación permiten, más allá de la declaración de las ZTM, contar con un mecanismo de prevención y también corrector, que permitirá a las administraciones locales tomar las medidas oportunas sin condicionar su declaración como zona turística saturada o madura”, apunta la legislación balear, que también pide estudiar la relación entre residentes y camas turísticas, la categoría media de los establecimientos o el Índice de Gini de empleo.

Las entidades locales son las encargadas de redactar dichos informes. El objetivo, grosso modo, es frenar el crecimiento y renovar los complejos hoteleros del destino. En Baleares, el Gobierno ha declarado tres zonas de este estilo y otras seis que son saturadas y maduras al mismo tiempo, esto es, ámbitos que “presentan una situación de obsolescencia de la mayor parte de las infraestructuras vinculadas a la actividad turística, que se han ido degradando o experimentan desequilibrios estructurales”.

Para Macià Blázquez-Salom, catedrático de Geografía por la Universitat de les Illes Balears (UIB), “esto ha promovido la inversión para los edificios que estaban inadecuados y se ha permitido hacer obras e incluso incrementar la edificabilidad. El aumento de las estrellas de los hoteles ha traído consigo una atracción de un tipo de demanda de mayor poder adquisitivo y un proceso de segregación socioespacial” que, en su opinión, conlleva un deterioro ecológico porque los visitantes de rentas más altas “consumen más energía, agua para jardines y campos de golf o se desplazan en jet privado”.