Empresas y autónomos no justifican gran parte de los más de mil millones que el Gobierno canario repartió en pandemia

La gran mayoría de empresas y autónomos que recibieron ayudas directas en Canarias durante la pandemia no han justificado en qué se gastaron ese dinero ni si cumplieron con la finalidad de su concesión. De los 1.122,6 millones de euros que repartió el Gobierno regional, 1.115,2, es decir, más del 99%, no habían sido justificados a fecha de 31 de diciembre de 2023.

Así se desprende del último informe de fiscalización elaborado por la Audiencia de Cuentas, publicado el pasado mes de diciembre con datos del ejercicio 2023. El órgano de control de la actividad económica de las administraciones públicas del Archipiélago destaca que las Islas cuentan con 1.393,3 millones de euros en subvenciones y aportaciones dinerarias sin justificar. De ese total, 1.115,2 millones de euros se corresponden con la denominada “línea 2 COVID”, la que ayudó a cientos de empresas y personas autónomas a paliar los impactos negativos de la pandemia de coronavirus.

El Ejecutivo canario publicó el decreto que regulaba estas ayudas el 4 de junio de 2021 y dio plazo hasta el 31 de marzo de 2022 para justificar las mencionadas subvenciones. También puso como fecha límite el 31 de diciembre de 2022 para la acreditación del mantenimiento de la actividad subvencionada.

Según el informe de la Audiencia de Cuentas, el Gobierno autonómico pidió a las cámaras de comercio la gestión de los procedimientos de justificación y reintegro de las ayudas concedidas y, a su vez, formalizó un contrato con la consultora Mundiaudit para que colaborara con la Intervención General de la Comunidad Autónoma en la realización de una auditoría sobre el sistema de subvenciones seguido.

Las conclusiones de Mundiaudit, con fecha de 28 de febrero de 2024, ponen de manifiesto la “imposibilidad de obtener evidencia suficiente y adecuada para determinar las cantidades debidamente justificadas” al no haber finalizado aún el trabajo de las cámaras de comercio en este sentido. Una portavoz de la Consejería de Economía, Industria, Conocimiento y Autónomos señala que las empresas tenían hasta el año pasado para justificar las ayudas, “salvo aquellos casos específicos que no terminaron sus procedimientos”.

El informe de la Audiencia de Cuentas, por su parte, detalla que la Dirección General de Promoción y Diversificación Económica declaró la justificación total de 413,4 millones de euros en subvenciones COVID en verano de 2024 y que pidió a la Intervención General ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, pero que esta se lo denegó porque “ya han vencido todos los plazos previstos” y es necesario “disponer de la trazabilidad necesaria para garantizar el cumplimiento del control de los fondos recibidos” por la Comunidad Autónoma.

El Comisionado de Transparencia elaboró una base de datos en la que precisó que casi 2.300 entidades privadas en Canarias percibieron ayudas COVID por valor de más de 60.000 euros. Las que más recibieron fueron Salcai Utinsa, más conocida actualmente como Global, operadora del transporte interurbano en la isla de Gran Canaria, que recibió 12,22 millones de euros, y un reguero de veinte compañías, casi todas ellas turísticas, como Inversiones y Gestiones Turísticas, RIU Hotels y Melia Hotels International, que se hicieron con cinco millones de euros cada una.

Una fuente de la Audiencia de Cuentas cree que un porcentaje “alto” de esas subvenciones van a quedar sin justificar. Conviene recordar que el Ejecutivo tiene cuatro años desde que finaliza el plazo de justificación de la ayuda para reclamar el reintegro de la misma, de acuerdo con la Ley de Subvenciones del año 2003. En caso de no hacerlo, ese plazo prescribirá, como ya ha ocurrido anteriormente en el Archipiélago y puede seguir pasando.

“Existe el riesgo de que la Hacienda Pública pierda el derecho a la recuperación de 135,2 millones de euros” correspondientes a subvenciones pendientes de justificar con plazo vencido antes del 31 de diciembre de 2020, advierte el órgano de control de la actividad económica de las administraciones públicas del Archipiélago.

Por último, la Audiencia de Cuentas insiste, “como viene poniendo de manifiesto en anteriores informes”, que “se hace imprescindible que por los órganos gestores de subvenciones se proceda al cumplimiento de sus obligaciones de comprobación documental de la justificación en el plazo máximo de dos meses y comprobación material de conformidad con el plan anual que está obligado a aprobar”.

Asimismo, “reitera la necesidad” de que el Gobierno obligue a estos órganos a “implementar medidas para llevar a cabo la depuración de los expedientes pendientes de justificación y el cumplimiento estricto de los plazos establecidos en la normativa”.