El empresario Antonio Plasencia ha exigido al Ayuntamiento de la Laguna el pago de 7,2 millones de euros por la anulación de la concesión otorgada en el año 1993 para construir un gran centro comercial, estación de servicios, parada de guaguas y un aparcamiento subterráneo en Las Quinteras, en pleno centro de Aguere. El Ayuntamiento no se opone a la resolución del contrato pero sólo está dispuesto a abonar 433.000 euros en concepto de indemnización, lo que augura que probablemente el empresario tendrá que recurrir a los tribunales para determinar cuál será la cantidad que finalmente se le abonará.
En el año 1990 la Corporación local adjudicó a la empresa Gestiones Industriales de Tenerife (GIT) la construcción de estas infraesctrutura para lo que disponían de un plazo de 24 meses y se les concedía una concesión de 25 años. En aquel momento se le exigió a esta adjudicataria el depósito de 100 millones de pesetas (600.000 euros) que nunca llegó a aportar por lo que el contrato tampoco se firmó.
Tres años más tarde, siendo alcalde José Segura, se acordó proceder a la adjudicación de esta explotación a Antonio Plasencia por un plazo de 75 años y un canon anual de 7 euros anuales por plaza de aparcamiento, más 1,2 euros por los centros comerciales que arrendara y otro tanto por la estación de servicio. Sin embargo, a finales de ese año el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló este último acuerdo y dio la razón al primer adjudicatario al considerar que el Ayuntamiento no acreditó que disponía de los terrenos para llevar a cabo las obras. Por lo tanto se ampliaba el plazo para que la primera concesionaria pudiera depositar la fianza requerida. Un fallo judicial que en 1999 ratificaría el Tribunal Supremo (TS).
En el año 1993 otra sentencia del TSJC consideró probado que la empresa de Plasencia incumplió con los plazos otorgados para presentar un proyecto de ejecución y cuando lo hizo éste presentaba deficiencias y no se adaptaba al contenido del concurso. Por todo ello, en cumplimiento de la sentencia del Supremo en el año 2006 se procedió a ratificar el contrato con GIT, cuyo accionariado había sido adquirido en ese momento en un 50% por el empresario Amid Achi. La Corporación local, encabezada ahora por Fernando Clavijo, defiende que en el propio expediente q ueda acreditado que la empresa de Plasencia “nunca presentó el proyecto, ni dentro del plazo contractual, ni durante el mes que se le concedió por medio del acuerdo plenario de finales de 1993 con la advertencia de que si no lo entregaba caducaría la concesión”.
Lo cierto es que la actuación de Las Quinteras ha sido una de las más controvertidas de las que se han pretendido ejecutar en el caso de La Laguna. Hace algunas fechas el área de Patrimonio del Cabildo de Tenerife accedió finalmente a reducir el perímetro de protección de la Casa Anchieta declarada Bien de Interés Cultural (BIC) para permitir que se construya esta actuación.
El diseño del proyecto es obra del arquitecto Julián Valladares, ha sido ya aprobado por el Plan Especial de Protección (PEP) del casco y cuenta con la correspondiente licencia de obra concedida por el Ayuntamiento. Achid y sus socios desembolsarán unos 23 millones de euros para construir 700 plazas de aparcamiento, 2.000 metros cuadrados de oficinas, más otros tantos de locales de ocio y un espacio público, aunque tal y como confirmó ayer el empresario todavía no hay ninguna fecha concreta para el inicio de las obras.