Decenas de inmigrantes se agolpan en muelles, terreros o naves de Canarias. Mientras tanto, administraciones locales, regionales y nacionales debaten sobre competencias, cesión de espacios e incluso, en algunos casos, utilizan el fenómeno como arma arrojadiza para poner en duda la capacidad de gestión de los equipos de gobierno o despertar rechazo entre la población local hacia los ocupantes de las embarcaciones que llegan a las Islas desde el continente africano. Pese a que la gestión de la inmigración es competencia del Gobierno central, la Delegación del Ejecutivo en la comunidad autónoma ha contado con la colaboración de cabildos y ayuntamientos. En otras ocasiones, esta colaboración se ha sustituido por descoordinación o negativas de algunas corporaciones municipales a ceder espacios. El juez de control del CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, desbarató este juego de responsabilidades tras una visita al puerto de Arguineguín: “Esta es una cuestión humanitaria, competencia de todos los seres humanos. Y entre todos hemos permitido que personas titulares de derechos pasen dos semanas en malas condiciones”.
Este viernes se desplazaron hasta este punto del sur de Gran Canaria el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres; la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y el delegado del Gobierno de España en Canarias, Anselmo Pestana, para anunciar el desmantelamiento del campamento. Hasta esa fecha, solo la alcaldesa de Mogán, Onalica Bueno, había acudido a este lugar, símbolo de la crisis migratoria que atraviesan las Islas. La líder de Ciuca en el municipio se mostró afectada ante la prensa, emocionándose al mencionar a las mujeres y niños que habitan en las carpas de Cruz Roja. Tres días antes, en otra rueda de prensa convocada en el muelle, Bueno estuvo acompañada del portavoz de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín. “No podemos exponer a nuestros mayores y a nuestros niños a que cojan cualquier virus. A los mayores evacuados de los incendios de Gran Canaria no se les metió en ningún hotel. Esto es un efecto llamada”, declaró el pescador sin ser rebatido por la alcaldesa.
Una de las visitas más esperadas es la del responsable del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. A pesar de que el propio Gobierno de Canarias anunció que el viaje tendría lugar durante la primera semana de septiembre, finalmente el ministro no se trasladó al Archipiélago. El presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, manifestó su malestar por este “plantón”, manifestando que es “preciso e inmediato” abordar de manera integral una solución ante la llegada de inmigrantes en pateras o cayucos. Por su parte, Escrivá negó haber plantado a Canarias y aseguró que viajaría cuando tuviera la agenda “suficientemente holgada”. Esperar la visita del magistrado es, según el juez de Barranco Seco, una “pérdida de tiempo”, ya que la respuesta pasa por “dar órdenes”. “Aquí no hay nada más que ver”, aseveró Díaz Tejera. También la secretaria de Estado de Migraciones preveía desplazarse este verano a Gran Canaria para la inauguración del centro de acogida de Arinaga, que pretendía alojar a 900 personas. Un proyecto que finalmente fue paralizado por las dificultades para obtener los permisos en el Ayuntamiento de Agüimes.
Representantes de todos los grupos políticos se han pronunciado en los últimos días sobre la falta de recursos estables de acogida para migrantes y acerca de la necesidad de un plan de acción ante la llegada de embarcaciones. A esta preocupación se adelantaron once meses las ONG, que ya en octubre de 2019, ante la reactivación de la ruta migratoria de Canarias, advirtieron de la importancia de tener previsión y de elaborar un listado de recursos disponibles. Una de las críticas más repetidas se dirige al Ministerio de Defensa, que dispone de establecimientos en desuso repartidos por el Archipiélago que podrían ser habilitados para acoger a inmigrantes. Torres ha solicitado al Gobierno central la apertura de estos inmuebles, al igual que de los Centros de Internamiento de Extranjeros, cerrados por la pandemia y ante el cierre de fronteras con países de origen que impiden la repatriación de los inmigrantes.
Uno de los países africanos con los que España tiene acuerdos de devolución es Mauritania, a donde viajará el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la próxima semana en compañía de la comisaria Ylva Johansson. El objetivo es ver “cómo evitar el tráfico de cayucos hacia Canarias”. “Viajaré con el ministro español la próxima semana a Mauritania para ver cómo podemos evitar estos terribles viajes”, señaló Johansson. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, declaró en una entrevista radiofónica que el “efecto llamada” se produce por la no expulsión de los inmigrantes susceptibles de ser repatriados. Otro de los motivos que plantea el delegado es la derivación de personas a la Península, por lo que se han bloqueado estos desplazamientos y se han reducido a las personas vulnerables.
Los obstáculos para encontrar, con la llegada de cada patera o cayuco, un lugar en el que realojar a sus ocupantes ha conducido en ocasiones a encontrar soluciones improvisadas. Es el caso de la nave del Puerto de Las Palmas o el uso de complejos extrahoteleros vacíos. Algo que ha llevado a partidos como el PP a pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que tomó el relevo de Juan Salvador León al frente de la Delegación en febrero de 2020. En otros casos, las respuestas han sido críticas por parte de políticos locales. Una de ellas fue la alcaldesa del principal municipio turístico de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez. Ante la reubicación de inmigrantes en hoteles en condiciones dignas, la socialista aseveró que “están de acogida humanitaria, no de vacaciones”.
El bulo que sitúa en la inmigración el origen de los nuevos brotes de COVID-19 ha entrado también en el Parlamento de Canarias. La diputada y alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez (PP), aseguró que la situación estaba descontrolada en Lanzarote, donde ocupantes de pateras escapaban con el riesgo de propagar el virus a la población local. También la alcaldesa de Mogán exigió en una rueda de prensa más seguridad en el muelle de Arguineguín para evitar que los migrantes allí agolpados huyeran y se escondieran en el municipio en este contexto de pandemia. Según los datos de la Consejería de Sanidad, solo cuatro de los 168 brotes activos están relacionados con personas llegadas en patera.
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