Sólo un ingreso por responsabilidad pública. Con esta premisa, el PSOE presentó en el pleno celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una moción por la que instaba al alcalde y a los concejales con dedicación exclusiva a renunciar a las dietas percibidas por la asistencia a consejos de administración u órganos de gobierno de organismos públicos.
La propuesta contó con el respaldo de los concejales del Grupo Mixto (Compromiso y Nueva Canarias), que advirtieron en la iniciativa un “gesto” con el que transmitir un mensaje de ejemplaridad a la ciudadanía en una época de desapego a la política, de presuntos sobresueldos y contabilidades en B, pero fue tumbada por la mayoría absoluta del PP, que la tildó de “demagoga” y presumió de austeridad en los cerca de dos años de mandato que ya acumula en el consistorio capitalino.
Ni siquiera el ejemplo del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), que renunció a cobrar dietas por asistir a consejos de administración, logró convencer a los conservadores. Claudio Alberto Rivero, director de Gobierno de Presidencia y Seguridad, se escudó en la supresión de la paga extra de diciembre y en la reducción salarial del 6,75% aprobada en el pleno de este miércoles para justificar su rechazo a una iniciativa que, según manifestó, “en nada afecta a los fondos municipales”.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Sebastián Franquis, que este miércoles dejó su acta de concejal para centrarse en su actividad como diputado en el Congreso de los Diputados, expuso en el pleno el caso del alcalde, Juan José Cardona, que percibe en torno a 14.000 euros anuales en concepto de dietas por la asistencia a los Consejos de Administración de organismos como Mercalaspalmas, Emalsa o la Autoridad Portuaria.
“Asistir a las reuniones no significa ningún coste personal al responsable político, ya que tienen lugar en el mismo casco urbano de Las Palmas de Gran Canaria y en horario de trabajo”, ha aseverado Franquis, que recordó que él renunció a sus dietas como concejal en el Ayuntamiento “desde el primer día”. El edil socialista recalcó que “sería bueno” que la iniciativa se trasladase al conjunto de las administraciones públicas canarias.
En su respuesta, Claudio Rivero afirmó que las retribuciones del alcalde y de los concejales del Ayuntamiento están “muy por debajo” de los límites fijados por la legislación en relación a la población de la capital. El alcalde Juan José Cardona concluyó el debate con una interpelación directa a la renuncia de Franquis: “Es curioso que quien nos da lecciones de austeridad abandone el Ayuntamiento porque le interesa más el sueldo que gana como diputado nacional”.
Bajada de sueldo, presupuestos y asesores
En el pleno de este miércoles en el Salón Dorado de las Casas Consistoriales hubo una despedida, la de Sebastián Franquis, una bienvenida, la de los más de 1.800 internautas que siguieron por la web la primera emisión en directo del pleno, el primero que se celebraba en miércoles tras el cambio de fecha, y varios déjâ vu.
El PP aprobó de forma definitiva la plantilla municipal y el presupuesto para el próximo año y aplicó una rebaja salarial del 6,75% a los órganos superiores y directivos. Y como ya sucediera en plenos anteriores, Claudio Alberto Rivero y los grupos de la oposición volvieron a enzarzarse por las formas y por el fondo de los asuntos debatidos, sobre todo en relación a los informes técnicos firmados por José María Cabrera, director general de Recursos Humanos y Seguridad y, por lo tanto, cargo político designado por el PP, y al enfrentamiento que mantiene el grupo de Gobierno con la secretaria general del Ayuntamiento, Ana María Echeandía.
En uno de los últimos puntos del orden del día, el PP dio luz verde a las cuentas para el ejercicio 2013 y lo hizo envuelto en una nueva polémica. Los conservadores rechazaron votar las cinco enmiendas presentadas por NC y la presentada por el PSOE para que también se redujera el sueldo un 6,75% al personal eventual ?asesores- del Ayuntamiento.
Pese a las insistentes peticiones de la oposición a que se incluyeran las enmiendas en la votación, Cardona dio por zanjado el debate aludiendo a dos dictámenes, el de la secretaria general del Ayuntamiento y el de un asesor jurídico que sostenía que las enmiendas de los grupos sólo se pueden presentar en el momento de la aprobación inicial de los presupuestos.
Tras el revuelo generado por el veto del PP a las enmiendas de la oposición, la propia secretaria general del Ayuntamiento solicitó una intervención para aclarar que no había podido estudiar el informe de la asesoría porque se lo habían entregado apenas unas horas antes, que el órgano competente para el asesoramiento jurídico de los plenos es la Secretaría General y que la asesoría externa tiene “limitada capacidad” para emitir informes de carácter facultativo. En el dictamen al que hizo alusión Cardona, Echeandía especificó que las enmiendas debían someterse a votación.
“Ha habido disparidad entre la secretaria general y el informe del servicio jurídico y hemos resuelto a favor del emitido por la asesoría”, concluyó el alcalde ante la indignación de los concejales de la oposición, que consideraron que se habían “usurpado” sus derechos.