El PP pedirá en los juzgados los datos de la Sociedad de Promoción

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitará en los tribunales por la vía contencioso-administrativa, la información que sobre gastos y lista de proveedores solicitada desde el mes de abril a la Sociedad de Promoción de la ciudad y que ésta “oculta”.

Así lo anunció este viernes la portavoz del grupo y ex alcaldesa, Josefa Luzardo, en una rueda de prensa en la que aludió a la “dimisión-fuga” del presidente de la Sociedad de Promoción, Aday Ruiz tras el último pleno municipal, donde el PP presentó una moción relacionada con la suspensión este año del Festival de Teatro y Danza, que el grupo de gobierno -que conforman el PSC y Compromiso- ha acordado por motivos presupuestarios.

Luzardo dijo no creer en las casualidades y relacionó las críticas del PP a Aday Ruiz con su dimisión y con el expediente que su partido, Compromiso, le ha abierto.

Además, dijo que, según han asegurado trabajadores de la empresa municipal presidida por el edil dimitido, éste “no ha ido mucho a trabajar en los últimos meses” y su coche oficial lo usan otros empleados, unos gestos, que, a juicio de Luzardo, denotan las formas faltas de seriedad de hacer las cosas que tienen unos grupos frente a otros.

Más allá de esos gestos, el Grupo Popular considera muy grave que una empresa pública no de cuenta a la oposición de la información relacionada con los gastos que realiza, de los proveedores a los que paga o debe dinero, como es el caso de las comparsas, que no han cobrado aún los premios de la última edición del Carnaval de la ciudad, según afirmó, y de cuánto gastan sus empleados en telefonía móvil.

El PP pretende llevar a cabo una labor fiscalizadora de la actividad que desarrolla la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, dada la importancia estratégica de las áreas que son de su responsabilidad, y también del alto presupuesto que maneja, pese a lo cual generó el pasado ejercicio una deuda de 3,8 millones de euros.

Sin embargo, desde abril se ha dirigido por escrito a la sociedad municipal para solicitar diversa información que hasta el momento no se le ha facilitado, por lo que ha decidido iniciar un contencioso-administrativo para que sean los tribunales los que reclamen estos datos, que son públicos y no deben ocultarse, dijo Luzardo.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital grancanaria destacó que, de la información que sí se ha hecho llegar a este grupo por parte de la Sociedad de Promoción llama la atención el gasto de 83.000 euros en estudios, encuestas y pago de entrevistas a empresarios de la ciudad, tareas que, a su juicio, podrían desarrollar los periodistas de la empresa municipal, lo que ahorraría considerables costes.

Josefa Luzardo consideró que el mejor sustituto de Aday Ruiz debería ser un director de gobierno que conociera bien el funcionamiento del Ayuntamiento y el de la Sociedad de Promoción, porque el siguiente en la lista de Compromiso, Ricardo González, tardaría meses en ponerse al día de todos los entresijos de esa sociedad municipal y, con ello, de tomar las riendas de su dirección.

Por otra parte, los populares rechazaron la subida de impuestos anunciada por el grupo de gobierno, al considerar que este aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos se producirá “para arreglar el despilfarro y la incapacidad del gobierno socialista” que preside Jerónimo Saavedra.

“Estamos en contra de que se penalice a las familias, que están ahogadas en estos momentos de crisis”, cuando en abril este gobierno municipal dijo que los ciudadanos no iban a soportar ni un sólo euros de más para sufragar la deuda de Guaguas Municipales, aseveró la ex alcaldesa.

Luzardo criticó que Saavedra no haya llevado a cabo “ni una sola medida de austeridad” en los dos años que han transcurrido de mandato ni haya ayudado a las pymes, “que mire para otro lado en Obispo Romo”, o que no se haya contratado aún a los 15 trabajadores sociales que han de reforzar los Servicios Sociales para que se agilice la tramitación de las ayudas de emergencia, cuyo plazo de concesión situó en los cinco meses.