El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha dicho este martes que “es el momento” de negociar con la Unión Europea la posibilidad de limitar la compra de vivienda por parte de los extranjeros en Canarias.
En respuesta a una pregunta de su propio partido en la sesión de control del Parlamento, ha destacado que su Gobierno ya ha encargado los estudios jurídicos pertinentes para poder explicar su propuesta a la nueva Comisión Europea que surja de los comicios. Cabe recordar que hace unas dos semanas todos los partidos que forman o apoyan al Gobierno canario (Coalición Canaria, PP, ASG y AHI) votaron en contra de una moción presentada por NC-BC que recogía precisamente la adopción de medidas para limitar la compra de viviendas a extranjeros. También votaron en contra de una moratoria turística, una ecotasa y promover de forma urgente medidas legislativas de política turística y urbanística para limitar el crecimiento turístico condicionado a las realidades insulares y a la existencia de servicios públicos.
Pese a ese voto en contra, el pasado sábado CC emitió una nota de prensa en la que informaba de que iba a encargar esos estudios jurídicos para valorar la posibilidad de adoptar alguna medida en ese sentido. Clavijo ha dicho este martes que en este proceso tienen que participar los cabildos pero, al mismo tiempo, asume que este tipo de decisiones “se tendrán que tomar fuera, en Madrid y Bruselas”, y la UE actual “no tiene nada que ver” con de la 1986, cuando España negoció su acuerdo de adhesión.
El presidente afirma entender el “malestar y el desasosiego” que tiene la población en Canarias por el incremento demográfico ya que no se ha podido “acompañar” con la prestación de servicios e infraestructuras. “Hay que combinar el sistema productivo con la calidad de vida sin perder el atractivo turístico”, ha señalado.
David Toledo, presidente del Grupo Nacionalista, ha señalado que “las cosas tienen que cambiar” para mejorar la calidad de vida en Canarias pues “hay retos”, como que la población haya crecido en más de 500.000 habitantes en el siglo XXI, lo que “trae consecuencias negativas” para la población local.
En ese sentido ha señalado que también hay mucha vivienda cerrada en las islas e inmuebles que se dedican al alquiler vacacional o son vendidos a extranjeros que “compran a precios muy altos”.
Ha apuntado que “las decisiones no se pueden tomar en solitario” y se ha agarrado al “ejemplo” de Malta y Finlandia, con limitaciones a la compra de vivienda, para ponerle “tarea” a la próxima CE.