LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 (EUROPA PRESS)
El PSOE canario ha pedido al Gobierno de Canarias (CC y PP) que transfiera a los cabildos insulares la gestión integra de la Ley de Dependencia tras su “fracaso” en la aplicación de ésta y tras seguir “siendo el farolillo rojo” de entre las comunidades autónomas españolas.
Los responsables de políticas sociales de la Ejecutiva Regional y de las siete secretarías insulares del PSC-PSOE han subrayado en un comunicado remitido este jueves que Canarias “sigue siendo el farolillo rojo” en todos los indicadores relativos a la aplicación de esta Ley, según datos del Imserso a 1 de septiembre
El responsable del área de Políticas Sociales del PSOE canario, Aurelio Abreu, y de la secretaria regional de Dependencia, Ventura del Carmen Rodríguez, aseguran que el Ejecutivo autonómico está “descuidando lo prioritaria que ha de ser la atención al ciudadano”.
Abreu y Rodríguez mantuvieron un encuentro con los responsables de políticas sociales de las siete secretarías insulares de los socialistas canarios, reunión cuyo objetivo ha sido “analizar el grado de aplicación de esta importante norma en las islas y que ha servido para constatar el fracaso del Gobierno regional al respecto”.
Rodríguez ha resaltado que las conclusiones “no pueden ser más preocupantes, debido a la gestión nefasta de un Gobierno que se ha equivocado en las prioridades”. A su juicio, “en la situación en que están las islas, sólo la transferencia a los cabildos y un trabajo codo a codo con los ayuntamientos permitirá que nuestra Comunidad Autónoma deje de estar a la cola en materia de dependencia y facilitará una gestión eficaz de los expedientes”.
Los datos del Imserso a 1 de septiembre de este año, ha explicado Rodríguez, “apuntan a que el 4,5 por ciento de la población de Canarias está en situación de dependencia, pese a lo cual, sólo se ha registrado el 1,6 por ciento de las solicitudes, es decir, 33.638”.
También destacó que la cifra de personas beneficiarias con prestaciones en el archipiélago sea de 8.040 (0,38 por ciento), siendo también en este indicador “la última comunidad autónoma de España en cuanto a la aplicación de la Ley”.