El PSOE estudia reprobar al vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, durante el próximo debate general sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria que tendrá lugar los próximos 23 y 24 de marzo en el Parlamento regional, repitiendo así la fórmula de 2008 cuando suspendió a cinco consejeros.
A pesar de que el presidente del grupo parlamentario socialista, Manuel Marcos Pérez, eludiese hace unos días en rueda de prensa concretar la fecha de la reprobación de Soria --sólo dijo que tendría lugar en marzo--, fuentes del partido consultadas por Europa Press aseguran que la misma se producirá en el pleno del debate de la Nacionalidad Canaria. Además también cabría la posibilidad de que el suspenso se extienda a otros departamentos del Ejecutivo canario.
Entre las razones para reprobar a Soria los socialistas argumentarán que el vicepresidente del Ejecutivo canario ha puesto en duda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y por su gestión al frente de la Consejería de Economía y Hacienda.
El pasado 23 de enero el vicesecretario de Asuntos Económicos y Sociales del PSOE en las islas, Julio Cruz, anunció la iniciativa después de que, según los socialistas, Soria calumniase a las FCSE en relación a la detención del empresario Santana Cazorla en el caso Góndola. “Acusa de prevaricar y de detenciones ilegales”, añadió el también diputado regional que además señaló que el consejero de Economía “encubre” a un alcalde con más de 47 cuentas pendientes --el del municipio grancanario de Mogán--, que es “el municipio más corrupto de toda España”.
Días más tarde, Manuel Marcos Pérez volvía a la carga y a estas apreciaciones añadía la de la gestión en Economía. Acusaba al consejero de no gestionar bien el presupuesto de su departamento.
De este modo el próximo mes de marzo se materializará la reprobación, según las fuentes consultadas, y se volverá a producir lo que ocurrió en marzo de 2008. en aquella ocasión el PSOE presentó una propuesta de resolución en el debate en la que reprobaba “de forma expresa e individualizada” a nada más y nada menos que a cinco consejeros del Gobierno de Paulino Rivero.
La iniciativa que no prosperó suspendía el trabajo de los consejeros de Sanidad, Mercedes Roldós (PP); de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Milagro Luis (CC); de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas (CC); de Empleo, Industria y Comercio, Jorge Rodríguez (CC); y de Turismo (PP), Rita Martín.