Un informe encargado a una ingeniería externa ha confirmado lo que los técnicos y el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ya sabían: que la gestión en las obras del dique sur (contradique de cierre) y del muelle de La Esfinge, en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, estuvo plagada de ilegalidades que podrían suponer para el organismo público un quebranto económico de entre 17,4 y 52,6 millones de euros. La responsabilidad de esas irregularidades recae directamente en el anterior presidente de la Autoridad Portuaria, Javier Sánchez-Simón; en su director, que a su vez ejerció como responsable de estas obras, José Daniel López, y en el director técnico de las mismas, José Miguel Larraz.
Estos dos últimos –funcionarios de la Autoridad Portuaria de Las Palmas- ya sufren las consecuencias del expediente informativo abierto por las obras de La Esfinge, lo que supuso una sanción para López de seis años suspensión de empleo y sueldo y de un año para Larraz. Resuelta la responsabilidad disciplinaria, ambos habrán de enfrentarse ahora a las posibles responsabilidades penales junto al que fuera presidente del organismo, Javier Sánchez-Simón, candidato de UPyD al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Por la descripción de los hechos que aparecen en un pormenorizado informe de Trama Ingenieros, encargado por el actual consejo de administración de la Autoridad Portuaria, los tres podrían tener que responder por seis delitos: prevaricación, malversación de fondos públicos, estafa, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, fraude y falsedad documental.
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria abordará en su próxima reunión del día 27 de abril este espinoso asunto. Varios consejeros consultados por este periódico dan por hecho que la decisión será instar al actual presidente, Luis Ibarra, a ejercer las acciones penales necesarias para que la responsabilidad no recaiga sobre el actual órgano. Es muy probable que no se opte por la denuncia ante la Fiscalía sino por el método de la querella ante el juzgado de guardia.
Tampoco se descarta que a la acción penal que ejerza el presidente de la Autoridad Portuaria se sumen otras entidades del recinto, como la Federación de Empresas Portuarias de Las Palmas.
Los seis delitos descritos, sin calificación penal, por la consultora Trama Ingenieros tienen que ver directamente con la gestión de las obras del dique sur (contradique de abrigo) del Puerto de La Luz y la segunda fase del muelle de La Esfinge durante la etapa en que Sánchez-Simón y López eran los máximos responsables del organismo portuario.
Según este dictamen técnico, ambos y el ingeniero José Miguel Larraz ejecutaron una serie de modificaciones técnicas en esos dos proyectos sin someterlas a los trámites preceptivos, entre otros la aprobación del consejo de administración. Básicamente las modificaciones consistieron en el desvío de materiales (bloques de hormigón) al muelle de La Esfinge cuando inicialmente debieron utilizarse en el contradique. Para ello, los tres responsables ordenaron la ejecución de unos bloques de hormigón que la obra del contradique no requería, con dimensiones diferentes a las especificadas en el proyecto, para transformarlos en los bloques necesarios para el dique de La Esfinge.
Todo ello porque en la segunda fase de esta obra se detectaron errores de medición en los bloques de hormigón necesarios que, traducidos a euros, suponían un desfase de 3,9 millones. Comoquiera que la obra del contradique tuvo que ser reducida en su extensión al tropezarse en su ejecución con un pecio, los directivos portuarios decidieron que lo que sobraba en un lado podía utilizarse sin más en el otro.
Nada importó que las especificaciones de una y otra obra fueran diferentes; ni que en las dos obras operaran dos uniones temporales de empresa (UTE) diferentes, lo que llevó al hecho insólito de que una contrata fabricara bloques de hormigón que eran impuestos a la otra contrata para una obra distinta. Ni mucho menos importó que la ley obligue a reelaborar los proyectos y a someterlos nuevamente a la consideración del consejo de administración de la Autoridad Portuaria.
Sánchez-Simón y sus colaboradores más estrechos actuaron de este modo porque eran conocedores de las complicaciones burocráticas que la tramitación legal de estas modificaciones habría entrañado. Y todo porque en el caso del contradique, la obra gozaba de una subvención de los fondos FEDER de hasta el 85% de su presupuesto (13,1 millones de euros) y la obra de La Esfinge (con un presupuesto de 46,3 millones) tenía ayudas comunitarias, en este caso de los fondos de cohesión. Tocar cualquiera de esos proyectos, como se hizo subrepticiamente, obligaba a una tramitación nueva que lo paralizaría todo.
Según los cálculos efectuados por Trama Ingenieros para la Autoridad Portuaria de Las Palmas, estas actuaciones podrían suponerle un quebranto económico de entre 17.407.000 y 52.592.000 euros, según sea la devolución que pueda exigir de los fondos comunitarios la Unión Europea.
En el mejor de los casos, “descertificar” aquellas unidades de obra contaminadas por la utilización fraudulenta y el desvió de subvenciones podría suponer para las arcas del organismo más de 15,5 millones de euros, a lo que habría que sumar los costes adicionales en obras de refuerzo (1,6 millones) y los gastos adicionales originados por los estudios (300.000 euros).
El quebranto se dispararía en el caso de que, a esos casi 17,4 millones de euros hubiera que sumarle la devolución íntegra de la subvención de la segunda fase de La Esfinge (39.574.000 euros) y la subvención para el dique sur (11.136.000), lo que elevaría en tal caso los daños para la Autoridad Portuaria a 52.592.000 euros.
Fuentes portuarias aseguraron a este periódico que la querella contendrá la exigencia de responsabilidades patrimoniales de los querellados.
Durante el momento en que estas irregularidades se cometían por parte del presidente de la Autoridad Portuaria y sus colaboradores más cercanos, se sentaba en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria el actual presidente de Puertos del Estado, José Llorca, amigo íntimo del expedientado José Daniel López, contra el que se dirigirá también la querella.