El blindaje de Rajoy a la Ley del Suelo canaria se tambalea con el cambio de Gobierno en La Moncloa

La Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias vuelve a estar en el disparadero en dirección al Tribunal Constitucional. El Gobierno del expresidente Mariano Rajoy se comprometió a no llevarla ante el Tribunal Constitucional a cambio de un acuerdo bilateral con el Gobierno regional en la Comisión Bilateral Estado-Canarias en el que se imponían normas de interpretación. Un acuerdo insuficiente y que suscita muchas sospechas entre algunos miembros de la Plataforma Canarias, Por un Territorio Sostenible.

El concejal de La Laguna, jurista y asesor de la plataforma, Santiago Pérez, ha planteado sus dudas a este periódico: “No me extraña nada que, en el contexto de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado, ellos (lo representantes del Gobierno canario) hayan logrado que el Estado bajara sus exigencias”. Para clarificar lo ocurrido en el acuerdo bilateral, el jurista pide a los representantes canarios en las Cortes Generales que soliciten al Gobierno central los informes jurídicos que llevaron al Ejecutivo a convocar la reunión entre ambos gobiernos para saber qué aspectos han sido omitidos en la firma.

Las negociaciones de los presupuestos y el acuerdo bilateral coincidieron en el mismo espacio temporal, lo que ha provocado sospechas de posibles pactos de condicionalidad entre el apoyo de Coalición Canaria a los Presupuestos Generales del Estado y la firma del acuerdo que evitó que el Estado llevara la Ley del Suelo al Tribunal Constitucional. “En el caso de la negociación de los presupuestos con Nueva Canarias, los acuerdos han sido muy explícitos, pero en el caso de Coalición Canaria, como todo lo que negocia CC, han sido acuerdo opacos”, ha comentado.

El jurista ha explicado que Tribunal Constitucional ha dictado que la legislación estatal en materia medioambiental desplaza a las legislaciones autonómicas. Eso sí, las comunidades autónomas tienen derecho a reforzar la protección medioambiental, pero nunca a disminuir la protección por debajo de lo establecido en la normal estatal. Según Pérez, el Gobierno de Canarias no quiere cumplir las regulaciones medioambientales estatales y europeas y, por ello, oculta que está legislando en materia medioambiental. “Lo que ellos quieren es rebajar la protección medioambiental de Canarias ocultando que legislan en materia medioambiental. Hablan de que solo están legislando en materia urbanística, de ordenación del territorio y turística”, ha asegurado.

Aunque el acuerdo es insuficiente para Santiago Pérez, sostiene que es una buena noticia para “las personas que defendemos el medio ambiente del Archipiélago” y una mala noticia para “los especuladores y promotores inmobiliarios que le dictaron a Clavijo cómo tenía que hacer la Ley del Suelo”.

El acuerdo no modifica ningún artículo de la Ley del Suelo

El arquitecto y miembro de la plataforma Faustino García Márquez ha explicado que el acuerdo no modifica ningún artículo de la Ley, sino que establece cómo interpretar dichos artículos. Por lo tanto, el acuerdo no tiene rango de ley, “esto es un acuerdo de una comisión bilateral, es una cuestión administrativa. El estado no tendrá la última palabra, será un Tribunal de Justicia”. Un juez será quien decida cómo se interpreta cualquier cuestión en la que exista un desacuerdo, según relata el arquitecto. Se trata de un acuerdo “en papel mojado” porque no se han modificado los artículos que presentan discrepancias competenciales en la Ley.

La Consejería de Política Territorial ha confirmado a este periódico que el acuerdo bilateral entre ambas administraciones garantiza la aplicación del texto legal en los mismos términos que fue aprobado por el Parlamento, sin modificación alguna de sus preceptos ni planteamiento de inconstitucionalidad sobre ninguno de ellos. El Gobierno de Canarias valora, por tanto, este acuerdo de la comisión bilateral como un respaldo estatal a la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos.

Además, el Gobierno regional ha explicado que el acuerdo adopta, básicamente, criterios interpretativos respecto al ejercicio de las competencias atribuidas a la Administración del Estado y la Administración autonómica donde exista concurrencia de competencias.

La impugnación de leyes importantes del Estado y las comunidades autónomas es algo “habitual”, afirman desde la Consejería, y subrayan que “esta lo es tanto por su extensión como por la materia de la que trata”.

Expectativa de cambios con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez

El nombramiento de Teresa Ribera como ministra de Medio Ambiente ha sido bien recibido por los defensores del territorio natural de Canarias. Tanto Faustino García Márquez como Santiago Pérez han alabado la trayectoria de la nueva ministra como secretaria de Estado de Cambio Climático.

Para el arquitecto Faustino García Márquez, la ministra, a quien define como una persona altamente cualificada y comprometida con el medioambiente, ha demostrado ser consistente, y espera “que siga siéndolo en el Gobierno”, aunque reconoce que “las circunstancias parlamentarias son muy limitadas”.

Ambos representantes de la Plataforma Canarias, por un Territorio Sostenible esperan que el nuevo Gobierno se traduzca en una nueva oportunidad para corregir la Ley del Suelo y proteger la sostenibilidad del territorio canario y del conjunto del estado.