La representante del PSOE en RTVC alertó sobre la parcialidad del informe solicitado por Negrín como aval para adjudicar
El informe jurídico de la Comunidad Autónoma en el que se avala al presidente de Radio Televisión Canaria para adjudicar y contratar los servicios informativos de la tele autonómica, sin el visto bueno del Consejo Rector, puede ser incompleto e imparcial. Y haber sido tramitado sin que los letrados de la Comunidad pudieran responder a todos los aspectos del caso, por el enfoque concreto y conciso trasladado a estos por el propio presidente del Gobierno, Fernando Clavijo (CC).
Así lo advirtió a los servicios jurídicos la consejera del PSOE canario en el ente, María Lorenzo, en un escrito dirigido el 7 de noviembre al tener conocimiento a través del periódico La Provincia de que el presidente de RTVC, Santiago Negrín, solicitaba de estos un dictamen para respaldar su capacidad a la hora de contratar y adjudicar sin el respaldo de su Consejo.
La representante del PSOE alertó a los letrados de la Comunidad, ante la sospecha de parcialidad y sesgo del encargo, de que se tuviera en cuenta lo que recogen los pliegos del concurso de informativos en litigio, algo que a la vista del informe dado a conocer también por La Provincia el pasado viernes no ha sucedido.
En su escrito a los servicios jurídicos de la Comunidad, a la Consejería de Hacienda del Gobierno canario y a la propia secretaría del Consejo Rector, María Lorenzo denuncia que la solicitud de Santiago Negrín “es manifiestamente incompleta”, por lo que el informe sobra esa cuestión “podría dar lugar a malinterpretaciones y tergiversaciones sobre su contenido”.
La representante del PSOE en el Consejo Rector instaba en su escrito –obviado al final por la autora del informe, la letrada Antonia Barrios, a la luz del contenido del mismo- a que se tuviera en cuenta todas las manifestaciones realizadas del Consejo en contra de la capacidad unipersonal de su presidente para contratar sin el aval de sus compañeros, pero fundamentalmente, a lo recogido por el redactor del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el concurso, Martín Orozco Muñoz, relativo a las competencias del Consejo Rector.
A juicio de la representante del PSOE, los servicios jurídicos deberían haber tenido en cuenta en su informe las cuestiones competenciales que se detallan en los pliegos, en la que por “la relevancia de la contratación” se aconseja la intervención de la junta general de la empresa Televisión Pública de Canarias, SA, que a cuyo administrador único, a la sazón Santiago Negrín, es a quien el informe le da potestad exclusiva para contratar sin el consenso del Consejo.
Es más, en esos pliegos el redactor de los mismos indica que la competencia a la hora de aprobar los presupuestos –y por tanto el nuevo concurso de informativos- es del Consejo Rector, y sobre la competencia sustantiva del modelo de gestión – el caso peculiar en Canarias de que su tele pública privatice los informativos – debe ser también decidida por el máximo órgano de gobierno del ente público.
“La competencia, por tanto, para decidir sobre la eventual renovación del modelo de gestión que subyace en los pliegos no corresponde al presidente de RTVC – cualquiera que fuera su capacidad y competencia como órgano de contratación – sino que está residenciada legalmente en el Consejo Rector de RTVC debiendo traducirse, de proceder, en un acuerdo o decisión autorizatoria de la renovación del modelo”, indica el mismo redactor de los pliegos del concurso.
El escrito de María Lorenzo alertando a los servicios jurídicos de todas las aristas que debían ser tomadas en cuenta para su resolución sobre competencias en Radio Televisión Canaria abundaba también sobre el mandato general de esta, el “marco” en el que se ejecutaban los concursos y su temporalidad, y siendo en este caso en de los informativos superior a los seis años, debía pasar también por el filtro del Consejo Rector para su debate entre todos sus miembros –actualmente tres, tras la dimisión de dos consejeras hace meses-.
El informe por el cual el Gobierno de Canarias –interviniendo en contra de sus criterios anteriores de que RTVC no es de su competencia, sino del Parlamento- da vía libre al presidente para que siga adelante con el procedimiento no ha recogido ninguno de estos aspectos competenciales del Consejo, ni tampoco ha considerado las advertencias de Lorenzo de que el Consejo “no ha adoptado ningún acuerdo respecto a esta licitación”, ni en cuanto a la externalización de la producción y edición de los programas ni en relación a los presupuestos.
Se da la circunstancia, de que las advertencias de María Lorenzo dejan al partido que la nombró, el PSOE, en la tesitura de darse por satisfecho con el informe que avala de esa manera la capacidad de Negrín para contratar, y por tanto sostener la teoría de Coalición Canaria y su gobierno en minoría, o reclamar más precisión a la hora de avalar jurídicamente la capacidad del presidente de RTVC, para así tomar una postura clara ante el pleno del Parlamento de Canarias que el miércoles debate la destitución de Santiago Negrín, a petición de los grupos de la oposición.
El PSOE ha remitido a este lunes, cuando se reúne su Ejecutiva, la posición final de su grupo parlamentario. Una de las condiciones clave de los socialistas era contar con un aval jurídico de los letrados de la Comunidad Autónoma para apoyar a CC y a su presidente de RTVC, pero su propia consejera en el ente deja en entredicho con sus advertencias y sospechas que sea un informe que despeje todas las dudas.
